El albergue que da alojamiento a la comunidad migrante LGBTI+ en Tijuana, llamado “Casa de Luz” acusó que Eduardo Rodríguez, titular de la Subdirección de Diversidad e Inclusión del XXIV Ayuntamiento ha cometido presuntos actos de hostigamiento en contra del lugar para obligarlo a cerrar sus puertas.
Según Irving Mondragón, director de Casa de Luz el acoso se produjo a raíz de que el pasado 2 de febrero Eduardo Rodríguez canalizó a seis personas al albergue, pero omitió manifestar que dichas personas ya habían sido expulsadas de del refugio “Casa Arcoíris” tras haber llegado en estado de ebriedad.
“El 18 de febrero, personal de Casa de Luz se dio cuenta que dos de esas seis personas, se encontraban en estado de ebriedad, alterando con su comportamiento la convivencia y la tranquilidad de nuestra Casa. Por esto, se les pidió abandonar el lugar; ante ello, dichas personas agredieron física y verbalmente a otros residentes de la Casa”, comentó Irving Mondragón.
Mondragón también señaló que aunque llamó varias veces a la Policía Municipal, no se recibió auxilio por parte de la corporación, por lo que decidió, junto con otro huésped, interponer una denuncia en contra de las dos personas que agredieron y amenazaron al resto de huéspedes del lugar, tal y como consta en la denuncia 0204-2023-07639.
El director expuso que el mismo 18 de febrero, mientras él se encontraba en el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Baja California para hacer un Certificado de Integridad Física, llegaron al albergue Eduardo Rodríguez y Ricardo Slim, funcionarios de la Subdirección de Diversidad e Inclusión acompañados por la Policía Municipal y los supuestos agresores reclamando el celular de una de las personas expulsadas, mismo que no les podía ser entregado porque estaba bajo el resguardo del director, quién no se encontraba en esos momentos.
A decir Irving Mondragón la respuesta de Eduardo Rodríguez fue tener “una actitud prepotente, violenta y agresiva hacia las personas que se encontraban en la Casa: insultó a mujeres cis-género y trans. Lo cual, muestra la incapacidad del personal de esta Subdirección para dirigirse con respeto, calidad humana, profesionalismo y adecuadamente, no sólo hacia el personal de la Casa, sino hacia las personas que aquí se hospedan”.
Además, calificó de “vergonzoso que una persona con este tipo de comportamiento ejerza como funcionario público y es alarmante que la Policía Municipal no acuda a ayudar a la ciudadanía, como en nuestro caso, pero sí escolte a un funcionario para recuperar un celular”.
El director de Casa de Luz aseguró que fue apartir de esos incidentes que el acoso hacia el albergue se presentó, no solo de aparte del titular de la Subdirección de Diversidad e Inclusión, sino incluso de otros funcionarios como el del director de Atención al Migrante, Enrique Lucero, quien supuestamente solicitó autorización para acceder al albergue el día 21 de febrero y dialogar con los habitantes, esto en compañía de la Visitadora Adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Adriana Minerva Espinoza Nolasco, a lo que Irving Mondragón aceptó.
No obstante, el encargado de Casa de Luz comentó que su visita no fue para establecer un diálogo, sino para realizar una visita de verificación sin notificarles, pues “los funcionarios llegaron acompañados por las autoridades de COFEPRIS y Protección Civil del Municipio y del Estado a inspeccionar de manera intimidante las habitaciones de nuestros huéspedes. De manera amenazante argumentaban alardeando que nuestra Casa podría ser clausurada por una botella de Lysol en un baño, un garrafón de agua sin tapadera, y porque la comida que los huéspedes les invitaron a los funcionarios había sido servida por una compañera solicitante de asilo en Estados Unidos que no traía cofia y guantes”.
Por lo anterior el director de Casa de Luz acusó que las observaciones hechas por las autoridades son “parte de una estrategia de intimidación”.
Por último, solicitaron un diálogo con la sociedad civil, albergues locales y la representación de los tres niveles de gobierno con la finalidad de que la autoridad asuma sus responsabilidades con las personas extranjeras y connacionales.
