En México estamos en el peor momento de violencia, con 11 delitos que han alcanzado su máximo histórico durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, dejando la seguridad “prendida de alfileres”, aseguró este mediodía el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.
Rivas presentó en redes sociales los resultados del estudio “cuatro años perdidos en materia de seguridad”, del que se adelanta que revertir el saldo negativo se percibe improbable en 2023 y 2024.
Durante la presente administración los once delitos que han alcanzado su máximo histórico, por cada 100 mil habitantes, son homicidio doloso (2019), feminicidio (2021); otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal (en 2022); extorsión (en 2022).
Otros delitos que atentan contra la libertad personal (en 2022); robo a negocio (en 2019); narcomenudeo (en 2022); trata de personas (en 2022); otros delitos que atentan contra la sociedad (en 2019); violación (en 2022); violencia familiar (en 2022).
En 2022 los delitos que ocuparon el primer lugar en tasa anual desde que se tiene registro, según lo expuesto, fueron extorsiones, narcomenudeo, trata de personas, violaciones, violencia familiar, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, otros delitos que atentan contra la libertad personal.
Mientras que con Felipe Calderón la tasa de homicidios dolosos era de 53.07 y con Enrique Peña Nieto 58.89, por cada 100 mil habitantes, con López Obrador ha alcanzado 91.47, esto a pesar de que el actual mandatario prometió disminuir los homicidios entre 30 y 50 por ciento.
Baja California ocupó en 2022 el tercer lugar nacional de las entidades con mayor tasa de víctimas, 72 por cada 100 mil habitantes, detrás de Zacatecas (81.72) y Colima (101.13).
Rivas también expuso que en estos cuatro años han desaparecido más de 50 mil personas, lo que hace suponer que un alto porcentaje de las víctimas ya ha sido privado de la vida.
Para el observatorio, la “estrategia de seguridad” del actual gobierno federal ha avanzado sin tener contrapesos políticos reales. Pese a ello, el país vive momentos críticos de violencia e inseguridad.
A pesar del “cambio de estrategia” en materia de combate al crimen organizado, dos grupos delictivos han afianzado sus operaciones y adquirido mayor influencia en el país: Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con lo presentado.
En seguridad pública, insistió Rivas, se han llevado a cabo diversas reformas del marco jurídico teóricamente relevantes. Sin embargo, los resultados han sido mínimos o nulos en algunos rubros. Aunque el gobierno federal prometió acabar con la impunidad, no ha generado herramientas jurídicas adecuadas para cumplirlo.
La publicación tardía de los programas especiales en materia de seguridad pública no solo refleja que en cuatro años no se pudo atender satisfactoriamente lo que establece la Ley de Planeación, sino la pérdida de tiempo para atender e identificar el problema de seguridad. Este gobierno se dedicó a operar sin planear su estrategia, sostuvo.
