No había un solo registro en Baja California de que en el primer año de un sexenio gubernamental se haya asesinado a dos periodistas, hasta que, el 17 enero de 2022, el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue acribillado a sangre fría mientras abordaba su vehículo al salir de su casa. Seis días después, 23 de enero, sicarios acabaron con la vida de la periodista Lourdes Maldonado López. También cuando se encontraba en su auto, al llegar a su hogar.
Con estos casos se tuvo el arranque del año más violento para ejercer el periodismo desde el arribo del Presidente Andrés Manuel López Obrador (15 periodistas asesinados), gobernante que ha enfocado gran parte de sus discursos a demeritar la labor de la prensa de investigación, crítica hacia su administración.
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Hace un año, iniciaba también el gobierno de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California, cuando el Estado se convirtió en referencia en torno a las agresiones de integrantes del gremio periodístico.
Baja California de suyo ha sido una entidad federativa marcada por el asesinato de periodistas; en la historia reciente y en la de ZETA, se inscriben los crímenes contra Héctor Félix Miranda en 1988, J. Jesús Blancornelas -sobreviviente de un atentado en 1997- y Francisco Javier Ortiz Franco, asesinado en 2004.
Crímenes todos, que no fueron resueltos en su totalidad. En el de Félix, el autor intelectual sigue libre; en el atentado contra Blancornelas y el homicidio de Ortiz, ni autores materiales ni intelectuales fueron llevados ante la justicia.
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Infortunadamente, los casos de Margarito y Lourdes están por cumplir un año y las autoridades se empecinan en señalar la responsabilidad de David López Jiménez “Cabo 20” y de su sicariato perteneciente al Cártel Arellano Félix, pero por ninguno de los dos homicidios, han podido vincularlo a proceso.
En el caso de Margarito, la agresión ya ha sido reconocida como un tema directamente relacionado con su actividad profesional, pero en el de Maldonado, la autoridad aún divaga. Y aunque ella misma señaló al hoy senador Jaime Bonilla Valdez como principal sospechoso ante cualquier cosa que pudiera ocurrirle, cuando denunció su caso en una mañanera del Presidente López Obrador en Palacio Nacional, ninguna autoridad atendió el tema.
En aquel momento, Lourdes dijo ser víctima del acoso del ex mandatario -íntimo amigo de AMLO- debido a un litigio que sostenía con él tras su salida de un espacio noticioso de PSN, propiedad de Bonilla, cuyo poder en ese entonces era casi absoluto.
Días después de ganar el litigio, Lourdes presumió su victoria, pero al poco tiempo fue víctima de una agresión armada a las afueras de su vivienda. El fiscal Ricardo Iván Carpio ni siquiera se ha molestado en analizar esta posibilidad para robustecer la investigación.
El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya es -por estadística- el más violento en Baja California para ejercer el periodismo. Y es que la detención de los autores materiales no es una respuesta suficiente ante el escenario que se vive en México, ante las familias de las víctimas, puesto que quienes perpetraron el ataque ni siquiera tenían interés personal en el crimen, sólo fueron enviados, pagados, para cometer el delito a nombre de alguien más.
Baja California fue uno de los puntos rojos para ejercer el periodismo a nivel nacional, en el país donde se reconocen más periodistas asesinados.
Pese a ello, los resultados han sido insuficientes no sólo para las familias, sino para la sociedad, el periodismo y los Derechos Humanos, toda vez que una agresión a un periodista que ejerce la libre expresión, silencia voces, acalla a las minorías y evita que una población se entere de hechos que ocurren en su entorno.
A un año de los crímenes, los casos de Margarito y Lourdes no deberían ser parte de la estadística de impunidad.
