Compra de un software millonario que no ha sido utilizado, adquisición de vehículos a sobreprecio o que incumplen con los requisitos, y hasta una empresa de computadoras que tiene la posibilidad de vender remolques, son algunas de las irregularidades que pueden constatarse en las facturas que “justifican” la adquisición de equipo diverso para abastecer a la Comisión Local de Búsqueda (CLB), dirigida desde finales de 2022 por Rafael Hernández, pero cuyo flujo financiero es por cuenta de la morenista y subsecretaria Rebeca Vega y por Brenda Karina Carrasco, representante de la Secretaría General de Gobierno ante Oficialía Mayor.
No conforme con el mal manejo de recursos, el Gobierno del Estado también ha perdido recursos que ya había recibido por no iniciar los procesos de licitación correspondientes, lo que ha atrasado proyectos como la construcción del panteón forense en Tijuana.
Desde 2021, último año de la administración de Jaime Bonilla Valdez, familiares de personas desaparecidas comenzaron a detectar irregularidades en el manejo del recurso proveniente del Gobierno de México para el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda.
Anualmente, la Secretaría de Gobernación ha entregado al Gobierno de Baja California hasta 18 millones de pesos, con la posibilidad de competir por una segunda bolsa que alcanzaría 33 millones más, con la única condición de comprobar los gastos mediante facturas y comprobantes. Es decir, más de 50 millones de pesos.
“Nosotros no empezamos a investigar a la (Secretaría) General de Gobierno de la nada”, refirió Soraya Ana Villarreal, integrante del colectivo Madres Unidas y Fuertes, quien comentó que tenían conocimiento del recurso que llegaba a las arcas estatales, pero seguían realizando búsquedas con sus propios medios, comprando equipo, usando sus vehículos y caminando en zonas agrestes.
Contrario a esto, según el análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), parte del equipo adquirido con el recurso federal ni siquiera ha sido utilizado por la Comisión, pese a que se trata de equipo costoso y solicitado por la Secretaría General de Gobierno.
La madre de Kevin Moreno Ana, desaparecido a inicios de 2022 y visto por última vez en su lugar de trabajo, un bar de Grupo Shots ubicado en la Zona Hotelera de Mexicali, ha tenido que ampliar sus horarios para trabajar, atender a su familia, buscar a su hijo y ahora exigir y pelear por las cuentas del uso del recurso destinado para la búsqueda de desaparecidos.
ZETA llevó a cabo una serie de peticiones de Transparencia, las cuales fueron negadas u obstaculizadas por la Secretaria General de Gobierno. Sin embargo, mediante solicitudes a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se logró acceder a facturas, contratos y una serie de negociaciones realizadas por el Poder Ejecutivo para comprobar los gastos realizados.
Asimismo, se solicitó entrevista con Rebeca Vega sobre el manejo de recursos de la Comisión Local de Búsqueda, pero hasta el cierre de edición, jueves 26 de enero, no había proporcionado datos al respecto.
LAS EMPRESAS DE LA CLB
La Secretaría General de Gobierno, actualmente dirigida por Catalino Zavala Márquez, se ha negado a proporcionar información relacionada con facturas y comprobantes de más de 50 millones de pesos proporcionados por el Gobierno de México para el fortalecimiento de la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP) en la entidad.
Sin duda, la empresa favorita por la Secretaría General de Gobierno, tanto para Rebeca Vega como para Amador Rodríguez Lozano, fue La Casa del Criminalista, pequeño negocio ubicado en Circuito Alondras MZ, Colonia Los Sauces de Toluca, Estado de México, a la cual le compraron equipamiento por 16 millones 209 mil 643 pesos, según facturas obtenidas gracias a una petición de Transparencia a la Secretaría de Gobernación, la cual se encargó de recibir los comprobantes de la Secretaría General de Gobierno.
La empresa constituida en 2014, tiene como propietarios a Miguel Ángel Juárez Castillo y a José Muñoz Martínez, con Antonio Aveitua Tapia y Noé Guillén Hernández como administradores.
Es nula la información específica de estos individuos, y no fue hasta el arribo de Morena al Gobierno de México, cuando comenzaron a cobrar notoriedad en los contratos públicos.
Del único que hay registro es de Noé Guillén Hernández, quien participó como perito independiente en un multihomicidio ocurrido en Jalisco, de tres jóvenes estudiantes de cine, de los cuales uno era mexicalense.
La Casa del Criminalista surtió a la CLBP de tres vehículos Ford Ranger, cuyo valor fue de un millón 138 mil 499.99 pesos, el cual contaba -según la factura- con una caja trasera con aditamento especial para llevar palas y demás cuestiones, además de contar con aire acondicionado.
ZETA cotizó un vehículo con las mismas características en la agencia Ford sin la caja y el monto fue de 826 mil pesos, lo que quiere decir que la caja costaría poco más de 300 mil pesos, cifra que para Gonzalo Moreno, padre de Kevin Moreno, resulta inverosímil, puesto que en lo que logró ver de los equipos, no se contaba con verdaderos aditamentos. De hecho, aseguró que eran cajas vacías.
Lo mismo ocurrió con un Polaris Ranger modelo Crew XP1000, adquirido por un millón 138 mil pesos, y en una cotización directa a la empresa, se ofrece a 569 mil 900 pesos, por lo que se puede interpretar que la caja instalada en la parte trasera de la unidad elevó el costo prácticamente el doble.
A dicha empresa también se le compró, por un monto de 2 millones 199 mil 360 pesos, un vehículo 4×2 con gran capacidad para llevar hasta seis cadáveres con frigoríficos y una serie de aditamentos para realizar búsquedas de campo. Sin embargo, según Gonzalo Moreno, dicha unidad fue adquirida, pero no equipada como lo establece la factura.
A dicha empresa también se le adquirieron dos escáneres láser 3D con valor de 7 millones 079 mil pesos, que según la ASF, en su revisión física se dieron cuenta que no habían sido utilizados por la CLBP, al grado que se encontraban en su empaque original. Es decir, fueron adquiridos para guardarlos y no usarlos.
De igual manera, compraron cuatro computadoras por 119 mil 712 pesos, de las cuales la misma ASF identificó que dos de ellas, por un monto de 59 mil pesos, ni siquiera habían sido removidas de su empaque original, es decir, no habían sido utilizadas cinco meses después de su llegada.
A la misma empresa se le compró un domo para resguardo de hasta 48 cadáveres, con un valor de 5 millones 382 mil pesos, el cual Moreno afirma no haber observado nunca. Dicho equipo se encuentra -según refiere la CLBP- en los almacenes del Estado.
La ASF detectó la compra de cinco radios portátiles por 174 mil pesos y dos videoproyectores de 39 mil pesos; los primeros no pudieron ser utilizados, debido a que la empresa que brinda el servicio no cuenta con cobertura en Baja California, mientras que los segundos se “extraviaron” de las instalaciones de la CLBP. Ambos equipos llegaron el 17 de diciembre de 2021.
“Los bienes no han sido utilizados debido a que la compañía que presta la red de comunicación compatible con los equipos no cuenta con servicio en el Estado, lo cual evidencia una deficiente investigación de mercado”, refiere el análisis de la ASF.
Otra de las empresas beneficiadas se llama COEDRA, SA de CV, creada en Ciudad de México el 18 de junio de 2019 y embargada un año después. Curiosamente, dicha compañía regresó para obtener contratos en la CLBP en varias entidades del país.
Sus propietarios son Rafael Moctezuma Santana, quien ha hecho público su apoyo y cercanía con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, con quien ha emprendido campañas mediante su asociación civil Guerreros por México. El otro propietario es Edmundo Nuncio Jiménez, del que no se pudo identificar mayor información.
Lo interesante de COEDRA es que, pese a su corta carrera, se dedica desde brindar asesoría financiera, hasta capacitación en materia tecnológica y procesamiento de carnes, según consta en el Registro Público de Comercio (RPC).
La empresa recibió tres jugosos contratos para la adquisición de un sistema de software de análisis de geolocalizaciones y plataforma forense de análisis de datos móviles; servicios profesionales para la realización de campaña publicitaria en redes sociales para la difusión de fichas de alerta de personas desaparecidas y no localizadas; y el suministro de software, equipo de cómputo y tecnología.
En los tres contratos -todos de manera directa- recibió 17 millones 749 mil 500 pesos. La propia ASF les cuestionó que ni la empresa ni el Estado contaban con las licencias de operación, manuales de uso de dicho software, el cual no era utilizado debido a que no contaban con las bases de datos para explotar al máximo su potencial.
“Para su correcto aprovechamiento se requiere de la carga de información generada por las distintas instancias del estado, ya que únicamente se trabaja con la información que genera la comisión local, lo cual limita su aprovechamiento para el fin que fue adquirido. Asimismo, no proporcionó evidencia de los avances que a la fecha se tengan con las dependencias del estado para la adecuada implementación del sistema”, refiere la autoridad.
Gonzalo Moreno y Soraya Ana comentaron que tenían conocimiento de que dichos softwares no eran funcionales para el equipo tecnológico y operativo que se tiene, por lo cual consideraron necesario utilizar ese recurso para otras necesidades básicas en las labores de búsqueda. Mientras tanto, el software continúa sin ser utilizado.
Otra de las irregularidades que se identificaron en algunas de las facturas, es la adquisición de dos remolques ALESCYMA de 7X18 pies, cuya factura se encuentra “bloqueada” para desconocer el monto pagado, pero según una cotización realizada vía internet por este Semanario, puede valer entre 100 mil y 200 mil pesos, dependiendo de la marca.
Lo interesante es que el proveedor es una empresa llamada Compupartes y Accesorios, con domicilio en Mar Báltico número 217, Colonia Constituyente, y que según su página de internet se dedica -como su nombre lo dice- a proveer equipo de cómputo.
Compupartes y Accesorios ha sido contratada en otras ocasiones por el Poder Ejecutivo para ciertos servicios, pero es la primera vez que le compra un remolque, el cual, dicho sea de paso, no cabe en sus instalaciones.
Otro contrato que llama la atención es el que recibió la empresa SOLTEC CC, ubicada en Calle Manuel Payno Flores, Colonia Constitución, la cual recibió un contrato de 23 mil 220 pesos por la compra de “diez cintos de ajuste con matraca”, cuya cotización va de los 390 a los 900 pesos cada uno, según comentaron colectivos de búsqueda, lo cual puede constatarse en una simple revisión de mercado en internet.
Lo interesante de esto es que los propietarios de dicha empresa son Carlos Néstor Soqui Aragón y César Torres Félix, el primero de ellos, actual coordinador de Modernización y Digitalización de la Dirección de Administración de la Secretaría General de Gobierno, ente encargado de llevar a cabo los procesos de licitación.
Respecto a César Torres Félix, se pudo identificar que fue funcionario de la misma área en el Poder Ejecutivo, sólo que durante la administración panista de Francisco Vega de Lamadrid.
La Secretaría General de Gobierno también ofertó cursos por parte del Centro de Adiestramiento Policial SC por un monto de un millón 200 mil pesos, compró muebles y diverso equipo.
SE “PERDIERON” 18 MILLONES PARA EL PANTEÓN FORENSE
El 6 diciembre de 2022, la subsecretaria Rebeca Vega emitió un oficio a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) para que emitiera una convocatoria para la construcción del Panteón Forense de Tijuana por un monto de 18 millones de pesos que tenían en sus arcas.
El documento refiere que se trata de la construcción del “Centro de Identificación genética y Resguardo Temporal de Cuerpos”, que se construirá en un terreno ubicado en el lote 4CD-2 de la colonia El Florido, Delegación La Presa de Tijuana, propiedad del Poder Ejecutivo.
Como justificación refiere la situación de violencia y la pugna entre integrantes de la delincuencia organizada, lo cual ha dejado una estela de asesinatos y desapariciones realizadas por grupos delictivos.
Sin embargo, el texto indica que “el plazo para realizar la entrega del suministro solicitado se realizará en un tiempo no mayor al 31 de diciembre del 2022, para todas las obras, contactos a partir de la formalización de la contratación respectiva”.
En el oficio, la funcionaria refiere que desde octubre se tenía el recurso federal de 18 millones de pesos, y el 11 de noviembre se recibió el recurso estatal, pero no fue hasta el 6 de diciembre cuando se solicitó a SIDURT realizar la licitación, es decir, menos de un mes. De lo contrario, el dinero recibido sería devuelto a la Federación.
ZETA intentó encontrar la licitación mediante las convocatorias públicas, pero dicha obra, de trascendencia para los activistas en materia de búsqueda de personas, no fue localizada ni ha sido anunciada.
RECLAMAN COLECTIVOS POR FALTA DE TRANSPARENCIA
Entre la administración de Amador Rodríguez Lozano y Catalino Zavala Márquez, hay una coincidencia. Además de ser ligados al bonillismo, ambos colocaron a Brenda Karina Carrasco Ortega como representante ante la Oficialía Mayor para analizar las licitaciones.
Dicha funcionaria y Rebeca Vega, han sido severamente cuestionadas por representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas como Irma Leyva, Gonzalo Moreno, Soraya Ana Villarreal y Aleida Limón.
Los tres últimos fueron entrevistados por ZETA para conocer su opinión de dichas facturas y pagos, a lo que refirieron que la mayoría de los artículos comprados no han sido observados en los operativos que realizan.
Aleida Limón aseveró que existe un gran abuso por parte de las autoridades, a la vez de reclamar que no sólo se tiene que enfocar en la búsqueda de su hijo, sino también de vigilar el recurso público proveniente de los impuestos que le cobran.
Gonzalo Moreno y Soraya Ana refirieron haber detectado otro tipo de irregularidades, como la compra de camionetas a sobreprecio a empresas que no se dedican a la venta de automóviles. También reclamaron la compra de una lancha y de dos sabuesos entrenados que no han podido ver en los operativos.
Por último, Gonzalo Moreno refirió que para cierto tipo de operativos han requerido equipo como chalecos antibalas y vehículos todo terreno, pero a través de otras instituciones que han apoyado, debido a que -según la CLBP- no se cuenta con recursos para apoyarlos.
