Tras una semana preliminar de ajustes, con el proceso de selección del Jurado y los alegatos de apertura de las partes, inició el juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, significándose por sus imputaciones el testigo colaborador Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, ex agente policiaco federal y narcotraficante que militó en diversas organizaciones criminales, entre estas los cárteles de Juárez, Sinaloa y Beltrán Leyva.
De los pocos testigos anunciados a cargo de la fiscalía estadounidense como Jesús Reynaldo Zambada García, Édgar Veytia Cambero, Alex Cifuentes Villa y Tirso Martínez Sánchez, de varias decenas que habrán de comparecer, el que ya tuvo su oportunidad de declarar en dos ocasiones fue Villarreal Barragán, quien el 23 de enero aseguró que García Luna ayudó a crecer territorialmente al Cártel de Sinaloa, a tal grado que en 2001 apenas controlaba seis estados y, cuando él fue detenido -2010- los del Pacifico ya estaban en 18 entidades, lo que potenció la importación de cocaína a México.
Los nexos del ex funcionario comenzaron desde que dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el gobierno de Vicente Fox -destacó el testigo- y la relación con el clan sinaloense continuó cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que controlaba a la Policía Federal -en el sexenio de Felipe Calderón-. En sus tiempos en la AFI, presuntamente Genaro les entregaba uniformes, camionetas clonadas y credenciales de identificación de esa corporación.
Hombre cercano a Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, con quien trabajó hasta la muerte de este el 16 de diciembre de 2009, relató ante el juez Brian Cogan que su patrón y amigo personal era el encargado de pagar los sobornos a García Luna entre 2001 y 2008, cuando los Beltrán formaban parte del Cártel de Sinaloa y antes de su rompimiento por la traición de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada gozaban de una mayor protección. Sin embargo, como grupo independiente, los Beltrán Leyva también tuvieron en su nómina al ex secretario de Seguridad y “El Grande” acudía a las reuniones.
En una segunda comparecencia, el 24 de enero, Sergio Enrique destacó que los sobornos entregados a Genaro García oscilaban entre el millón y el millón y medio de dólares, aunque no hizo referencia a la periodicidad de los pagos; sin embargo, los operativos contra los Beltrán Leyva eran continuos, mientras que eran mínimos contra los liderados por “El Chapo” y “El Mayo”, situación que molestaba a Arturo y por ello intentaba comunicarse con el jefe policiaco, sin éxito.
“El Grande” testimonió que, como García Luna no contestaba las llamadas y apoyaba más al bando de Guzmán Loera, “El Barbas” ordenó secuestrar al ex funcionario junto con sus escoltas en una carretera de Morelos, rumbo a Cocoyoc, para que lo llevaran ante su presencia. Sin citar fecha, presumiblemente en octubre de 2008, Beltrán Leyva le habría dicho a Genaro: “Esto lo hago para que veas que para mí no hay imposibles” y le reclamó su proceder. Luego regresaron al mando y sus policías al sitio donde les habían privado de la libertad, acordando continuar con los pagos por información y protección.
Para ese entonces ya había sido detenido Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” (enero de 2008), hermano de Arturo, quien se dio cuenta que después de que hablaba con “El Chapo” o “El Mayo”, “nos caía el Ejercito, es cuando nos dimos cuenta de la traición”, dijo Sergio Villarreal al recordar la guerra desatada que fragmentó al cártel que también dividió a las instituciones mexicanas, pues aseguró que la Policía Federal y parte del Ejército apoyaban a Guzmán y Zambada; mientras que la AFI, de la entonces Procuraduría General de la República y otra parte de las Fuerzas Armadas, estaban con “El Barbas”.
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“El Grande” agregó que el Cártel de Sinaloa intercambió cocaína falsa por la droga real incautada en la mayor confiscación del mundo, realizada en Manzanillo, Colima en 2007, en la que autoridades aseguraron 23 toneladas del alcaloide. La cocaína falsa consistía en una mezcla de harina y azúcar, humedecida con acetona y éter, a la que aplicaban barniz para que brillara. El trueque consentido por la corrupción puso muy contento a Arturo, “pues había recuperado su cargamento casi sin pérdida”, recordó el testigo.
El testimonio de Tirso Martínez Sánchez “El Futbolista”, narcotraficante de poca monta, programado para la audiencia del 25 de enero, fue excluido por el juez Brian Cogan, al calificarlo como “rumor” y “pérdida de tiempo”, debido a que no pudo identificar con sus apellidos a sus supuestos socios de nombres Jorge y Anselmo, quienes le ofrecieron hablar con García Luna para pagarle sobornos con el objetivo de garantizar la seguridad de los cargamentos de droga durante su paso por territorio mexicano.
FISCALÍA, DEFENSA Y REACCIONES
Por su parte, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó sus alegatos contra de Genaro García Luna, acusando al mexicano de tener un “trabajo sucio”, pues era parte “de la nómina del Cártel de Sinaloa y convirtió a la Policía en una fuerza armada mercenaria, que actuó a favor del cártel”. La institución estadounidense agregó que el voto que el ex jefe policial hizo de perseguir y hacer la guerra contra los cárteles “fue una mentira y delinquió por al menos una década”.
De acuerdo con la fiscalía neoyorquina, que tardó aproximadamente unos 15 minutos en presentar sus argumentos al Jurado y al juez, Genaro García Luna ayudó a la organización criminal sinaloense a enviar hasta 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, convirtiéndose en “la herramienta más valiosa del Cártel de Sinaloa”, al permitir que sicarios usaran uniformes de la Policía Federal, descargaran cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y eliminaran a sus enemigos como “mercenarios armados”.
En su turno, el equipo legal de Genaro García, encabezado por el abogado César de Castro, expuso en un lapso de media hora que el gobierno norteamericano no contaba con una sola prueba, foto o evidencia plausible de las acusaciones contra su cliente y que la acusación de la fiscalía estaba fincada “en rumores, especulaciones y en las palabras de los más grandes criminales del mundo, muchos de los cuales fueron arrestados y extraditados por García Luna”.
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“No hay dinero. No hay fotos. No hay videos. No hay textos. No hay correos electrónicos. No hay grabaciones (…) Ninguna evidencia creíble, plausible, de que García Luna ayudó a los cárteles”, dijo el jurista, quien pidió al Jurado no dejar “que los cárteles los usen a ustedes para condenar a un servidor público que hizo su trabajo; ellos quieren reír al último y que ustedes los ayuden a hacerlo”, agregó de Castro, al tiempo de considerar que los narcotraficantes quieren reducir sus condenas por colaborar con los estadounidenses, y a su vez, que la persona que les puso en prisión sea “enterrado” en la cárcel.
El 24 de enero, el mandatario advirtió que en sus conferencias matutinas habrá un informe del proceso al ex jefe policial, al ser un tema importante que la gente debe seguir.
López Obrador señalo que tiene tres presunciones sobre el juicio: “Yo sigo sosteniendo mis tres hipótesis. Una, que no es culpable García Luna, que no se le va a probar nada y que lo tienen que liberar, aunque sería un fiasco, sobre todo, quedarían muy mal las agencias y el Gobierno de Estados Unidos, pero si es inocente, aunque queden mal, las agencias y el Gobierno de Estados Unidos, porque, por encima de todo está la justicia, esa es una hipótesis”. La segunda, que sea culpable y haya engañado a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón; y la tercera, que el ex funcionario haya actuado con la licencia de los ex mandatarios.
Tanto el Presidente como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, expresaron que el Gobierno de México busca obtener 700 millones de dólares de García Luna que están en litigio en Florida. El canciller indicó que la demanda civil interpuesta en contra del enjuiciado en EU pretende restituir a México todos los bienes que este mexicano tenga en ese país. El recurso fue presentado en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La audiencia prevista para el 26 de enero, fecha de cierre de edición de ZETA, se difirió debido al compromiso de uno de los miembros del Jurado, reanudándose el juicio al día posterior.