Morenistas incumplen servicios públicos deficientes que se interrumpen y afectan la salud, la economía familiar, el medio ambiente, obstruyen el desarrollo y violentan los derechos humanos
Aunque Federación, Estado y municipios presumen más del 95 por ciento en la cobertura de servicios públicos en Baja California, en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, sólo el 49.3% de los ciudadanos manifestó estar satisfecho con la prestación de los mismos.
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Servicios que hace cuatro, diez o más años, fueron satisfactorios, y actualmente, por falta de mantenimiento y crecimiento, inversión o corrupción, están en crisis.
No se trata de zonas invadidas, las deficiencias se viven también en fraccionamientos bien establecidos, de todos los precios, construidos bajo la supuesta supervisión del Estado y ayuntamientos, ofertados y vendidos con la promesa de todos los servicios. Pero no les cumplieron.
Tratándose específicamente de agua potable o las vialidades, los entrevistados satisfechos en la ENCIG apenas llegaron al 20%, y los de seguridad, a 28.5%.
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Ante los reclamos sociales, en campaña, todos los actuales alcaldes de los municipios bajacalifornianos y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, sin excepción, prometieron mejorarlos. Lo dijeron como si hacerlo no fuera una obligación ineludible de la función de los gobernantes.
Transcurrido más de un año de gobierno, poco o casi nada han cumplido, lo que sí han hecho es aumentarle a los ciudadanos impuestos y los costos de estos deficientes servicios, con más promesas verbales de que en algún futuro la situación mejorará.
Mientras no lo hagan, forman parte de esa cadena de desinterés, desgobierno, deficiencias y corrupciones que afectan a la colectividad.
Salvo por el tema del acceso a agua potable que Mexicali disfruta de manera más o menos satisfactoria por su acceso al río, en general las carencias y reclamos en todos los municipios bajacalifornianos son similares. La falta de agua, los constantes cortes y la llegada de recibos onerosos sin siquiera tener acceso digno al servicio.
Qué tal las fétidas e insalubres consecuencias de la deficiente recolección de basura, o lo que es peor, la ausencia total de este servicio en algunas zonas. También la falta de campañas de retiro de basura pesada en las colonias, desechos que terminan en los pluviales o cauces del río, provocando inundaciones y derrumbes. La carencia de alumbrado público en zonas de múltiples colonias donde reina la inseguridad a pesar de los impuestos cobrados. Los cada vez más comunes cortes del costoso servicio de energía eléctrica debido a la falta de mantenimiento; llegan los vientos de Santa Ana o el invierno, y el resultado son muchas colonias a oscuras, por periodos cortos y extensos de tiempo.
Las denuncias en materia de seguridad no son atendidas porque ni policías, guardias o soldados llegan.
También las quejas por el alto porcentaje de vialidades llenas de baches, intransitables, en mal estado y caos vial; la falta de sincronización en los sistemas de semaforización; falta de señales; vialidades que llevan meses o hasta un año cerradas por obras retrasadas como la del Parque Revolución o Calle Ruiz y Primera en Ensenada.
Las leyes estales entregan a los poderes ejecutivos la obligación y responsabilidad de otorgar los servicios públicos y establecen también algunos mecanismos de control respecto a la calidad. Pero no considera los procedimientos de defensa de los ciudadanos por la interrupción de estos servicios.
Sin ir al tema de si se da o no la correcta aplicación, en Ecuador, el Artículo 20 de la Constitución Política de la República contempla: “Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios o empleados, en el desempeño de sus cargos”.
Esas responsabilidades son, por acción y por omisión, algo que no contienen de manera específica las leyes de responsabilidades mexicanas, tema que valdría la pena que legisladores elegidos como representantes de los ciudadanos, no de los partidos, analizaran y consultaran con los afectados: sus electores.
La deficiente administración del agua y la basura, abre la puerta a la transmisión de enfermedades y afecta la salud. En general, la mala calidad o la interrupción de todos los servicios públicos, impactan negativamente en la economía familiar, el medio ambiente; obstruye el desarrollo, violenta los derechos humanos a la sanidad, a la seguridad, al crecimiento económico y social, pero actualmente en Baja California, eso parece no importar.
La pregunta es por cuánto tiempo más los titulares de los poderes ejecutivos podrán seguir confiando en que la entrega de becas y apoyos económicos a grupos y sectores específicos, contengan la inconformidad social, ante la evidente pérdida de calidad de vida en Baja California.
