Aunque se trata de un pleito que lleva más de 30 años, iniciado tras la llegada de diputados de oposición -PAN- al Congreso de Baja California, la Constitución y leyes de rendición de cuentas son claras: quien recibe dinero de gobierno, de los impuestos que pagan los paupérrimos bolsillos de los ciudadanos afectados por la inflación, está obligado a dar cuenta de cómo lo gasta, y eso incluye a los organismos públicos descentralizados o paraestatales, como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Las comparecencias antes los órganos fiscalizadores, en este caso el Congreso del Estado, son para los sujetos que utilizan recursos públicos (asignados por la cámara legislativa), parte del proceso.
Por décadas los rectores de la Máxima Casa de Estudios de Baja California se han negado permanentemente a comparecer, alegando intromisión. Como si durante los 65 años de fundación de la Universidad, no haya sido evidenciada y criticada, incluso desde dentro, la infortunada y abusiva intervención de los gobiernos del Estado en turno, manoseando con política devaluada la designación de rectores.
Tratándose del dinero, el tema como tal fue llevado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el año 2002, al solicitar un amparo a su autonomía para evitar ser requeridos por la Federación; la sala novena emitió una tesis aislada, publicada el 6 de diciembre del mismo año, dictaminando que, si el tema es el recurso subsidiado, no existía violación:
“…dicho principio no impide la fiscalización, por parte de dicha entidad, de los subsidios federales que se otorguen a las universidades públicas para su funcionamiento y el cumplimiento de sus fines, porque tal revisión no significa intromisión a su libertad de autogobierno y autoadministración, sino que la verificación de que efectivamente las aportaciones económicas que reciben del pueblo se destinaron para los fines a que fueron otorgadas y sin que se hubiera hecho un uso inadecuado o incurrido en desvío de los fondos relativos”.
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Ahora, en medio de un proceso de sucesión rectoral que concluirá el 16 de diciembre de 2022, la Junta de Coordinación Política de la XXIV Legislatura, y algunos diputados de Morena, entre los que destacan los Manueles, Guerrero y Molina, se han enfrascado en un enfrentamiento público y desgarbado con el rector saliente, Daniel Octavio Valdez Delgadillo.
Los legisladores lo citaron a comparecer el 13 de diciembre y el rector usó al Consejo Universitario. En sesión les sugirió que le prohibieran aceptar el requerimiento. Los integrantes estuvieron de acuerdo y emitieron un comunicado prohibiendo a todos los funcionarios de la universidad responder al citatorio, al que calificaron de ser “una vulneración a la autonomía” y que “pretenden incidir en la vida interna” de la Universidad.
En el caso específico de la rectoría de Valdez, resulta que ha tenido señalamientos públicos de irregularidades, mismas que hasta ahora, el Congreso a pesar de sus facultades, aún no había investigado, evidenciado y mucho menos probado.
Como ejemplos, una fallida venta de terrenos, la asignación de un contrato de paneles, y el opaco manejo de la supuesta solventación del convenio y deuda que el estado tenía por mil 766 millones 141 mil pesos con la UABC, misma que el rector aseguró que el ex gobernador Jaime Bonilla saldó en el 2021.
Sin embargo, de acuerdo al informe 2022 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), recibieron el pago incompleto, en razón de mil 594 millones 157.6 mil pesos, y a destiempo, incumpliendo plazos.
En ese marco de impago e incumplimientos con la entrega de subsidios que se agudizó en tiempos de los exgobernadores Francisco Vega y Jaime Bonilla, resultó otro de los mecanismos de presión encontrados por el congreso local, que el 2 de diciembre negó la aprobación de la Cuenta Pública 2019 de la UABC. Que en ese año “recibió Subsidios y Subvenciones por la cantidad total de dos mil 457 millones 411 mil 452 pesos, observándose diversas situaciones, incumplimientos y recomendaciones pendientes de solventar”, año en el que, evidentemente, sus metas y manejo de recursos fueron afectadas por la no entrega y mal uso de dichos recursos por los ex gobernadores Vega y Bonilla.
En el dictamen destaca que, “…se observa una diferencia de 959 millones 821 mil 865 pesos de menos en registros contables”.
“…resulta una diferencia de 740 millones 517 mil 427 pesos de menos en registros contables.
“…el Balance Presupuestario presenta un saldo negativo por la cantidad de 513 millones 474 mil 203 pesos”.
“…el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles también resultó con un saldo negativo por la cantidad de 209 millones 753 mil 941 pesos”.
“…no reconoció el pasivo, ni ha enterado el 1.8% de Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, así como el 0.63% de sobretasa, establecidos en la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, los cuales se estiman en la cantidad de 52 millones 419 mil 13 pesos”.
Y “…la Entidad no revela en registros contables al cierre del ejercicio 2019 los adeudos por facturación de servicios de agua potable, principalmente, con las Comisiones Estatales de Servicios Públicos… las cuales presentan en su información financiera un saldo por 403 millones 319 mil 247 pesos”.
También hacen énfasis en los importes modificados hasta por más de 20.6 millones de pesos para la construcción de una granja solar fotovoltaica, justo el proyecto en el que se ha argumentado participación de jóvenes cercanos a la familia del rector.
Y mencionan falta de información, claridad y cumplimiento en algunos contratos de obra, que bien pudieron verse afectados precisamente por el incumplimiento del gobierno en la entrega del subsidio.
Ciertamente la UABC está obligada a evitar la injerencia grosera del Estado en la designación de rector, en la libertad de cátedra, la promoción del pensamiento crítico, en la formulación de planes educativos y de obra, en la contratación del personal y administración de su patrimonio propio, entre otras cosas; pero tratándose de saber si el dinero del pueblo que se les entregó fue destinado para los fines a que fueron otorgados, urge que la UABC y el Congreso dejen de lado la lucha de poder, los pleitos inútiles, y por el bien de la maltratada educación, encontrar la mejor forma de aclarar las cuentas, para que el recurso fluya y la matrícula, y la calidad de educación superior en Baja California crezca.
