Aunque se han realizado traslados masivos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana al complejo penitenciario El Hongo en Tecate y a diversos penales federales de máxima seguridad, el riesgo latente de eventos desfavorables de inseguridad persiste al interior de “La Peni”, debido a que las instalaciones no reúnen las condiciones de internamiento eficientes para la permanencia de reclusos de alta capacidad criminal y peligrosidad, ni se cuenta con personal suficiente en las áreas operativa, técnica, administrativa y jurídica.
Así lo han reconocido autoridades carcelarias en diversos informes rendidos a Juzgados y tribunales unitarios a lo largo del año para justificar el traslado de algunos de los internos a otros centros, dado su perfil criminológico o su participación en disturbios entre individuos que pertenecen a pandillas o grupos de la delincuencia organizada, de los denominados cárteles. Los traslados masivos se han realizado de forma reactiva a incidencias negativas ocurridas durante los meses de abril de 2021 y octubre de 2022.
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De acuerdo con lo informado a los magistrados unitarios, el llamado “penal de La Mesa” cuenta con un bajo nivel de seguridad operacional, con capacidad para albergar o internar personas privadas de su libertad criminológicamente de baja peligrosidad; sin embargo, registra “un 30% de población penitenciaria con sentencias altas por delitos de alto impacto, así como un número importante de personas privadas de la libertad consideradas resistentes a la dinámica de disciplina interna que constante y sistemáticamente están realizando conductas negativas traducidas en faltas disciplinarias graves (…)”.
Destaca que de esas personas privadas de la libertad, una mayoría se identifica con el liderazgo y sentido de pertenencia a pandillas como “Los Paisas”, “Sureños”, “Norteños”, “Los 28”, entre otras, así como los relacionados con grupos de la delincuencia organizada como Cártel de Sinaloa (CDS), Cártel Arellano Félix (CAF) y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “que han sido ingresados a este centro penitenciario, procedentes de otros centros locales de dicha Entidad federativa por haber sido participes de disturbios colectivos”.
Los informes rendidos en diversas fechas advierten que en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana no hay espacios para albergar a presos que requieren medidas especiales de seguridad, pues el estado de fuerza en personal operativo es insuficiente, “al grado de que se han deshabilitado puntos de servicio de seguridad y revisión, así como reducción y cancelación de las actividades inherentes a los Ejes de la Reinserción Social, existiendo una marcada desproporcionalidad entre el personal de seguridad y custodia penitenciaria respecto al número de personas privadas de la libertad que alberga”, corroborándose el dato con tres recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
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Otro dato revelador de lo que ocurre con los perfiles de los reos, es la reestructuración en la planimetría y clasificación que se ha tenido que hacer de las instalaciones, ya que el penal tiene seis módulos, de los cuales sólo uno estaba destinado para albergar internos pertenecientes a diversos grupos delincuenciales de alto impacto, como los antes referidos, pero dadas las circunstancias y sobrepoblación, actualmente cinco de esos seis edificios cuentan con ese tipo de población, poniendo en riesgo la gobernabilidad y estabilidad del centro penitenciario.
En las fechas de rendición de informes, en los primeros meses de 2022, la población penitenciaria en “La Peni” era de 4 mil 875 personas privadas de la libertad, siendo que la capacidad instalada es para 2 mil 562, por lo que había una sobrepoblación del 90 por ciento, al estar sin espacios adecuados 2 mil 313 presos de más.
Al 17 de octubre, cuando ocurrió el último de los disturbios en ese establecimiento, había 4 mil 485 internos, por lo que las condiciones de internamiento siguen siendo adversas.
En el Cereso “Lic. Jorge Alberto Duarte Castillo”, sólo el 30% de los recluidos están sentenciados, mientras que el 70% restante son procesados y están a la espera que se les dicte resolución definitiva. También se tiene el dato de que aproximadamente el 79% de la población se encuentra presa por su presunta relación con delitos del fuero común y el 21% con causas penales del ámbito federal, con la salvedad de que su población es mixta, siendo apenas el 7.5% femenina.
ANTECEDENTES
Los problemas que durante años han sido el cáncer de la penitenciaría -ubicada en un lugar céntrico y urbanizado de Tijuana, donde también se encuentran expuestas las personas de la comunidad que viven a los alrededores- se agudizaron el año pasado, cuando se registró un motín la noche del martes 13 de abril. Aproximadamente a las 21:00 horas, algunos internos protestaron violentamente exigiendo comida y atención médica en el Módulo 1, pero después los reclamos se extendieron a varios de los edificios.
A ese motín le sucedieron otros incidentes el miércoles 14 de abril a las 01:00 horas, y en esa misma fecha, a las 14:00 horas. El saldo final de los eventos negativos fue de un custodio que estuvo como rehén al menos durante tres horas, y dos lesionados, uno de ellos de gravedad.
Al exterior, familiares se alteraron en busca de conocer lo estaba ocurriendo en los dormitorios y cuál era el estatus de sus reclusos. En estos casos, las autoridades argumentan no poder atender los conflictos como lo establece el plan de contingencias por la obstrucción de las personas que viven en los alrededores de la prisión.
La madrugada del martes 20 de abril, a bordo de cinco autobuses, entre 200 y 250 internos del penal de Tijuana fueron trasladados al complejo penitenciario El Hongo en Tecate, como consecuencia de las manifestaciones de inconformidad que tuvieron lugar en esa prisión por la falta de comida. La mañana anterior, los custodios se expresaron inconformes por sus condiciones laborales y lo hicieron saber a las autoridades, exigiendo alimentación adecuada, seguridad social, salarios dignos, seguro de vida, equipo de trabajo, medicamentos y la eliminación de descuentos fantasma en sus nóminas.
A finales de marzo de 2022 fueron trasladados a otros penales 24 privados de la libertad, argumentando las autoridades “condiciones de internamiento adversas por la sobrepoblación de dicho centro penitenciario; desproporcionalidad entre el personal de seguridad y los internos; falta de personal administrativo, lo que merma tanto la seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario como las actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California; así como algunos lineamientos publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
El mayor traslado de los registrados este año sucedió el miércoles 3 de agosto, cuando 305 reclusos del Cereso Tijuana fueron remitidos al Hongo I de Tecate por una presunta estrategia integral implementada en el rescate y dignificación de los centros penitenciarios, con la intención de lograr el equilibrio poblacional que recomiendan organismos que evalúan las condiciones óptimas de las instituciones que albergan a personas en contexto de encierro. Aunado al esfuerzo de controlar la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (causante de COVID-19).
Sin embargo, los referidos operativos para despresurizar la penitenciaría fueron sólo una aspirina para el grave cáncer, ya que la tarde-noche del sábado 8 de octubre, poco antes de las 19:00 horas, ocurrió lo que las autoridades minimizaron como un “conato de riña” al interior del nivel 2 del Módulo 1 del Cereso tijuanense, donde internos nuevamente tomaron como rehén a un custodio del penal. El conflicto fue controlado aproximadamente a las 19:30 horas, con la intervención de elementos de diversas corporaciones policiales.
Trascendió que el control por la venta de droga en “La Peni” es una de las líneas de investigación que desarrolla la Fiscalía General del Estado (FGE) como causa de los hechos violentos.
Para el lunes 17 de octubre, personal penitenciario, con apoyo de militares, ejecutaron el traslado de 41 presos de La Mesa a diversas cárceles del país, algunas de ellas de máxima seguridad. Entre los trasladados figuraba Luis Edgar Herrera y/o Héctor Eduardo Infante “El Tolín”, según se conoció un día después por parte de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe).
Cabe mencionar que los problemas penitenciarios no sólo se han registrado en Tijuana, el Cereso de Mexicali también ha dado de que hablar en los dos últimos años. El 24 de enero de 2021, aproximadamente a las 15:00 horas, un grupo de internos se amotinó en el área de la explanada, exigiendo mejores condiciones dentro del penal, el cual desde semanas antes se convirtió en foco de atención por las constantes quejas de familiares por abusos de autoridad, maltrato y condiciones insalubres. Hubo gran movilización de cuerpos policiales.
La noche del 3 de enero de 2022, en un aparatoso operativo fueron trasladados aproximadamente 150 internos del penal de Mexicali, ubicado en la colonia Bella Vista, al complejo penitenciario El Hongo. Participaron más de 200 elementos de corporaciones policiales a bordo de más de 50 unidades, cinco camiones y dos unidades tipo panel de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación. Entre los reclusos más peligrosos iba Felipe Eduardo Barajas Lozano “El Omega”, presunto narcotraficante al servicio de Sinaloa.
También durante la noche, el 27 de junio tuvo lugar el traslado más numeroso del centro penitenciario mexicalense: 397 reos fueron remitidos al complejo El Hongo.
En el operativo participaron 110 elementos de diferentes corporaciones, además de veinte vehículos policiales y militares. Con ello se espera prevenir cualquier tipo de contingencia, dado que, en esas instalaciones, hasta el último día de agosto había 2 mil 204 internos, siendo su capacidad para sólo mil 780, por lo que existe una sobrepoblación del 23.8%. El 87% son reos del fuero común y 13% del ámbito federal.
Por su parte, en el Cereso de Ensenada, la mañana del 29 de agosto se reportó la defunción de un recluso, al parecer por sobredosis, siendo localizado inconsciente al interior de su celda. Se trataba de Mario Altamirano Thing, de 47 años, sin que se conocieran mayores detalles por parte de personal de seguridad y custodia, directivo, o del Sistema Penitenciario del Estado de Baja California.
