Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), anunció, el 7 de diciembre de 2022, que se presentarán 40 nuevas evidencias en contra de Jesús Murillo Karam -ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)-, por el caso de desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Durante la presentación del Cuarto Informe de Actividades de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la SEGOB, el funcionario federal aseguró que dichas pruebas fortalecerían la investigación y permitirían continuar el proceso en contra del también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto
“Se está fortaleciendo todo el proceso contra el exprocurador Murillo Karam, ayer informaba el señor fiscal que se incorporaron 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso independientemente de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF], respecto a lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”, señaló Encinas Nájera.
Aunque no entró en detalle respecto a las nuevas evidencias, el subsecretario informó que se mantuvo una reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos y con Rosendo Gómez Piedra -titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República (FGR)-, de quien aseguró que ha ido tomando el control de la unidad especial del caso y que había sido su decisión atender la parte procesal, para evitar cometer algún error.
Asimismo, el funcionario federal confesó que se encontraron numerosas inconsistencias en las órdenes de detención, aunque aclaró que “el haber cancelado algunas de las órdenes de aprehensión no implica que no se continúe el proceso de judicialización […] y va a haber más órdenes de aprehensión y más detenciones”.
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“Él tomó la decisión de atender toda la parte procesal, para no cometer ningún error en todos los procesos judiciales que se han abierto contra los presuntos responsables […] Va muy bien, se revisó, por supuesto, todo el pliego de consignación de las órdenes de aprehensión que se solicitaron y se encontraron inconsistencias en muchas de estas”, agregó el subsecretario.
“El haber cancelado algunas de las órdenes de aprehensión, no implica que no se continúe el proceso de judicialización de acciones contra estas personas y va a haber más órdenes de aprehensión y más detenciones, que por cierto las ha habido”, expresó el funcionario federal.
Por último, Encinas Nájera comentó que no van a “aflojar” a pesar de las presiones y señaló que ya solicitaron al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), para que permanezcan en México hasta marzo del 2023.
“Ya sumamos 112 acciones de búsqueda, seguimos trabajando en estos momentos en dos puntos, en los municipios de Tepecoacuilco y Cocula, y no vamos a aflojar […] Yo lo digo: no vamos a dar marcha atrás, por más presiones y resistencias que hemos venido superando”, insistió.
JUEZ NIEGA PRISIÓN DOMICILIARIA A MURILLO KARAM POR MOTIVOS DE SALUD
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, negó, alrededor de las 01:00 horas de 2 de diciembre de 2022, a Jesús Murillo Karam -ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)- concederle el beneficio de la prisión domiciliaria por su estado de salud.
El juzgador rechazó modificar la medida cautelar al ex gobernador de Hidalgo, argumentando que la salud del ex funcionario federal no fue una de las razones que él consideró imponerle la prisión preventiva justificada.
Fuerte Tapia también resolvió que el también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto permanecerá en la Torre Médica del Centro Femenil de Reinserción Social “Tepepan”, en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, para recibir tratamientos médicos especializados, hasta que su condición clínica se restablezca por completo.
“Lo objetivo es que el señor justiciable requiere de atención y observación médica y que ésta se le está dando y que para ello no es el mejor sitio su domicilio”, dijo Fuerte Tapia.
El juez agregó que en cuanto Murillo Karam se recupere, tanto los médicos tratantes, como la Fiscalía General de la República (FGR), deberán entregar sus respectivos informes, para establecer si el ex gobernador de Hidalgo debe continuar internado en un nosocomio o regresar a su celda del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Asimismo, Fuerte Tapia amplió por tres meses el plazo de la investigación complementaria del proceso contra el ex titular de la ahora extinta PGR, motivo por el que la defensa y la Fiscalía General de la República tendrán hasta el 24 de febrero de 2022, para recabar sus respectivos datos de prueba.
El juez dijo que cuando le impuso la prisión preventiva justificada a Murillo Karam, el 20 de agosto de 2022, lo hizo con base en la trascendencia de la investigación en la que está implicado y en el perfil del imputado, no en su estado de salud.
Según Fuerte Tapia, los dos aspectos que tomó en cuenta incluyen los múltiples cargos de primer nivel que desempeñó como servidor público, una red de apoyo, sus varios domicilios -uno de ellos había estado oculto-, sus ingresos y tener el pasaporte vigente.
También, la gravedad y las características de violencia de los delitos, el riesgo de que pudiera influir en peritos y agentes que fueron sus subordinados en la PGR, trastocando la investigación e impidiendo el conocimiento de la verdad de los hechos.
Fuerte Tapia refirió, además, que para modificar la medida cautelar, antes debía demostrarse que dichas condiciones enumeradas habían cambiado.
“Como yo no sostuve en momento alguno que la prisión preventiva justificada iba a descansar en la cuestión de la salud, las condiciones no han cambiado. No estoy reiterando la medida cautelar, esas son las condiciones que debieran haber cambiado”, insistió el juez.
“Las enfermedades ya se conocían desde la audiencia inicial. Otro tema objetivo es que le han dado tratamiento al justiciable, que hubo una operación quirúrgica y fue exitosa […] No es procedente que lo interne en un centro hospitalario, porque ya lo está”, agregó Fuerte Tapia.
Asimismo, el juzgador desestimó el argumento del bloqueo de las cuentas, porque no es definitivo y pueden descongelarse mediante demandas judiciales.
Los resolutivos de Fuerte Tapia fueron dictados durante una audiencia que inició a las 19:34 horas del 2 de diciembre de 2022. Murillo Karam compareció por videoconferencia desde la Torre Médica del Centro Femenil de Reinserción Social “Tepepan”, donde se encuentra recluido desde el 29 de noviembre del mismo año, para continuar con sus tratamientos clínicos.
El ex gobernador de Hidalgo apareció con una chamarra color caqui y una sonda de oxígeno en la nariz. Sólo habló una vez, cuando el juez le preguntó si tenía inconveniente en que se le mencionara por su nombre o por sus iniciales “JMK”.
La defensa del ex funcionario federal, encabezada por Elvia Marina Vázquez Mendoza y Javier López García, pidieron la libertad provisional con brazalete electrónico y la entrega del pasaporte, como medidas sustitutivas de la prisión preventiva justificada para su cliente.
Los litigantes puntualizaron que, en caso de no ser aceptada su pretensión, le permitieran al ex titular de la ahora extinta PGR, llevar su proceso en prisión domiciliaria, porque tendría todas las atenciones médicas.
Los abogados detallaron que el estado de salud de Murillo Karam hacía inviable cualquier posibilidad de fuga y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado sus cuentas bancarias, lo que restringía aún más su movilidad.
Los litigantes acompañaron su solicitud con varios oficios, dictámenes periciales y notas médicas de diversos hospitales, así como los servicios médicos penitenciarios.
Los documentos indican que en 11 ocasiones fue atendido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, una de ellas por una crisis hipertensiva. Asimismo, seis veces fue excarcelado para trasladarlo a una clínica y que en una de esas fue operado de las carótidas. También, que su edad biológica es de más de 80 años de edad, aunque tiene 74.
Sin embargo, la FGR presentó 7 documentos, algunos de ellos peritajes y opiniones de una forense de la propia Fiscalía General dela República, que concluyen que la cirugía que le practicaron al ex funcionario federal era innecesaria, aunque reconoció que la operación fue un éxito y que mejoró significativamente su estado de salud, que ahora es “estable sin sintomatologías”.
“El estado de salud es mejor que el que tenía el 24 de agosto, cuando se le impuso la prisión preventiva justificada Alguien que dice: ‘que me evalúe un urólogo’, ¡claro que está consciente y en pleno dominio! Quiere la libertad con peritajes a modo y uno de ellos de oídas”, dijo la fiscal Lidia Bustamante Vargas, en relación a que una de las valoraciones médicas del imputado se hizo sobre sus documentos clínicos y no por una exploración directa.
Mientras que otro fiscal, también reviró a la defensa del ex titular de la ahora extinta PGR y dijo que las acciones de la UIF, lejos de favorecer a la causa de Murillo Karam, afectan a la Fiscalía General de la República.
El fiscal recordó que la tarjeta informativa que difundió la UIF a la prensa, el 15 de noviembre de 2022, se menciona que Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares, por concepto de un retorno de inversión del extranjero e hizo transferencias fuera de México por 26.5 millones de pesos, lo que confirma la suposición de que tiene recursos en el exterior que podrían financiar su fuga.
MURILLO KARAM ES DADO DE ALTA DE HOSPITAL; AHORA ESTÁ EN TEPEPAN
Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) lo,
fue dado de alta del Hospital de Especialidades “Dr. Belisario Domínguez” -ubicado en la alcaldía Iztapalapa, de la capital de la República-, en el cual estuvo desde el 3 de noviembre de 2022, y posteriormente fue trasladado a la Torre Médica del Centro Femenil de Reinserción Social “Tepepan”, en la alcaldía Xochimilco.
Ello fue informado, el 30 de noviembre de 2022, por autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes señalaron que en dicho lugar se continuará dando seguimiento a su tratamiento médico.
MURILLO KARAM SALE DE HOSPITAL, DONDE ESTABA EN TERAPIA INTENSIVA, POR CARÓTIDA OBSTRUIDA
Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), salió, el 3 de noviembre de 2022, del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, donde se encontraba internado por una arteria carótida obstruida, desde, al menos, el 24 de octubre del mismo año.
Así lo difundieron diversos medios nacionales, basados en fuentes con conocimiento del tema. Sin embargo, el abogado del ex funcionario federal, Jose Javier López García, no ha informado si el ex gobernador de Hidalgo será trasladado a otro nosocomio o al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
No obstante, el diario Reforma indicó que Murillo Karam fue llevado al Hospital de Especialidades “Dr. Belisario Domínguez” -ubicado en la alcaldía Iztapalapa, de la capital de la República-, donde continuará con sus tratamientos y recuperación.
MURILLO KARAM SE ENCUENTRA EN TERAPIA INTENSIVA POR UNA CARÓTIDA OBSTRUIDA
Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), se encontraba en terapia intensiva, del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, por una arteria carótida obstruida, según lo confirmó, el 24 de octubre de 2022, el abogado del ex funcionario federal, Jose Javier López García.
Las arterias carótidas son un par de vasos sanguíneos ubicados en ambos lados del cuello, que proporcionan sangre al cerebro y cabeza.
“Los estudios practicados al licenciado Murillo Karam revelaron otra carótida obstruida, por tanto, se espera que los médicos a cargo determinen el tratamiento a seguir y si es necesario una nueva cirugía, ya que el estado de la arteria mencionada eleva el riesgo de un coágulo cerebral”, detalló el litigante, en una nota informativa.
López García señaló que fue la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México y los médicos tratantes del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, quienes informaron de dicha situación a la defensa y a la familia del ex gobernador de Hidalgo.
“El 19 de octubre del año 2022 el licenciado Murillo Karam tuvo que ser trasladado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde cumple la medida cautelar de prisión preventiva que le fuere impuesta, al Hospital General de Xoco para atender su estado de salud”, reveló el abogado.
“Derivado del complicado cuadro clínico que presentó durante su estancia en el Hospital General de Xoco, los médicos de dicho hospital determinaron que resultaba necesario remitir al licenciado Murillo Karam al Instituto Nacional de Cardiología “’Ignacio Chávez’, para su debido diagnóstico y tratamiento”, agregó el litigante.
Según dijo López García, después de realizar varios estudios, el 20 de octubre los médicos de dicho nosocomio determinaron intervenirlo quirúrgicamente, practicando de emergencia una cirugía Edarterecotomia Carotidea de Alto Riesgo, lo que permitió un mayor flujo sanguíneo del ex titular de la PGR, quien, desde entonces, se encuentra en terapia intensiva.
“La familia y la defensa del licenciado Murillo Karam agradecen la preocupación y apoyo que han recibido en estos difíciles momentos”, finalizó la nota informativa.
El ex titular de la ahora extinta PGR, permaneció menos de un día internado en el Hospital General de Xoco -ubicado en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México-, entre el mediodía del 19 de octubre del 2022 y la mañana del día 20 del mismo mes y año, para una revisión médica por problemas derivados de sus elevados niveles de colesterol y triglicéridos.
Así lo informaron autoridades penitenciarias a diversos medios nacionales, las cuales detallaron que el político hidalguense fue hospitalizado por presentar signos de dislipidemia; es decir, una elevada concentración de colesterol y triglicéridos. Además, el titular de la ahora extinta PGR padece problemas pulmonares, hipertensión y obstrucción vascular cerebral.
Desde que fue detenido, el 19 de agosto del 2022, el ex gobernador de Hidalgo ha sido internado en cinco ocasiones, en distintos hospitales, para recibir atención especial por sus diversos problemas de salud. La primera vez fue excarcelado el 1 de septiembre del presente año, para que le hicieran una tomografía en el Hospital General Balbuena -ubicado en la delegación Venustiano Carranza, de la capital de la República-, con motivo de su padecimiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Luego, el 3 de octubre de 2022, Murillo Karam ingresó al Hospital General Dr. Rubén Leñero -ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México-, cuando se le realizó una valoración por un médico especialista y se le tomaron rayos X.
Tras ello, el 5 de octubre de 2022, el ex titular de la PGR ingresó al Hospital de Especialidades “Dr. Belisario Domínguez” -ubicado en la alcaldía Iztapalapa, de la capital de la República- donde se le realizó un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo, además de que se le hizo una valoración.
El 14 de octubre de 2022, el ex gobernador de Hidalgo reingresó al Hospital de Especialidades “Dr. Belisario Domínguez”, para ser valorado y pasar a una revisión en cardiología. También ha sido llevado al área de enfermería del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en al menos dos ocasiones, por problemas de presión arterial elevada.
UIF DENUNCIA A MURILLO KARAM, ANTE FGR, POR LAVADO DE DINERO, REVELADO EN “PANDORA PAPERS”
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó, el 15 de noviembre de 2022, que investiga por lavado de dinero a Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), así como a los familiares y ex colaboradores del también ex gobernador de Hidalgo, a raíz de su implicación en la filtración llamada “Pandora Papers”.
La UIF -que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y cuyo titular es Pablo Gómez Álvarez- detalló que durante la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada el 21 de octubre de 2021 -en París, Francia-, la Unidad realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP), mencionadas en los “Pandora Papers”, entre ellas Murillo Karam.
“En esas condiciones, la UIF con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”, dijo la UIF.
Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Murillo Karam, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y defraudación fiscal, por contratos que recibió una empresa familiar por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Federal, cuando él era funcionario público, y por movimientos en el extranjero por 26 millones pesos y casi tres millones de dólares.
En una tarjeta informativa, la UIF informó que detectó que el ex titular de la ahora extinta PGR “posiblemente” esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, tras un análisis de riesgos que realizaron respecto a Personas Expuestas Políticamente relacionadas con la investigación Pandora Papers, entre las que se encuentra Murillo Karam.
La Unidad de Inteligencia Financiera precisó que tras dicho análisis se identificó al ex gobernador de Hidalgo como una persona que “posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”.
Asimismo, la UIF identificó que dica empresa, específicamente de 2013 a 2015, “obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”.
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que, además, dicha empresa cuenta con características irregulares desde su constitución, como que los domicilios registrados no son acordes con las actividades que dijo que realizaba, y que declaró deducciones siempre similares a sus ingresos acumulables.
“Lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente; también se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal”, insistió la UIF.
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que, también, pudieron identificar que el ex procurador recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión en el extranjero, y entre 2020 y 2021 colocó 26.5 millones de pesos en cuentas propias en el extranjero, montos que nunca declaró ante las autoridades fiscales.
La UIF agregó que dica indagatoria se dio como parte de los compromisos internacionales que tiene con el Grupo de Acción Financiera en materia de prevención de lavado de dinero, el uso de empresas ‘off shore’, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras, denominadas paraísos fiscales.
Por lo que “la UIF no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers y derivado de la declaración pública emitida por el GAFI, al ser consideradas operaciones atípicas e inusuales que tienen como denominador común garantizar la opacidad a sus clientes, escondiendo, en muchas ocasiones, el posible origen ilícito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos, así como por vincularse a temas de corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal, entre otros”.
¿QUÉ SON LOS ‘PANDORA PAPERS’?
El 3 de octubre del 2020, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló una filtración con alrededor de 11.9 millones de documentos, denominados “Pandora Papers”, en la que se encontró que miles de políticos, funcionarios y millonarios recurrieron a “empresas de papel”, fideicomisos opacos y maniobras financieras, para trasladar sus fortunas a jurisdicciones en paraísos fiscales, evadiendo así a las autoridades.
Los “Pandora Papers” incluían 11.9 millones de archivos en 2.94 terabytes -lo que hacía a esta filtración la más grande, después de la conocida como “Panamá Papers”-, mismos que contenían datos de 14 despachos financieros en diversos lugares del mundo, entre los que están Vietnam, Belice, las Bahamas y Seychelles, según lo detallaron los diarios español El País y el británico The Guardian.
Dentro de los documentos filtrados se encontraban los nombres de 3 mil mexicanos, entre los que destacaban Julio Scherer Ibarra, ex titular Consejería Jurídica de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y, Jorge Arganis Díaz Leal, entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal.
La investigación denominada “Pandora Papers” señalaba que ciudadanos mexicanos habían creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.
El 3 de octubre del 2020, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que investigaría a los mexicanos implicados en los “Pandora Papers”. En su cuenta de la red social Twitter, expresó que revisaron la investigación internacional y se había iniciado la indagatoria, “cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir la corrupción”.
El entonces funcionario federal insistió en que era necesario avanzar en identificar a los beneficiarios finales de todos los movimientos financieros y fideicomisos opacos que se denunciaron en los denominados “Pandora Papers”.
HUBO REBELIÓN EN FGR PARA PROTEGER A MURILLO KARAM, AFIRMA AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el 4 de noviembre de 2022, que hubo una rebelión en el interior de la Fiscalía General de la República (FGR), para intentar evitar la detención de Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa.
Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño aseguró que Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, fue cuidadoso de que se judicializaran los casos que se incluían en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) -presidida por Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)-, y que no se alertara a los implicados.
“Y todo el aparato que estaba y muchos infiltrados no se dieron cuenta o cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde que se habían solicitado las órdenes de aprehensión de las personas que aparecían en el informe. Cuando se enteran, aún cuando ellos llevaban los casos, se negaron a firmar, hubo una rebelión, eso fue lo que sucedió y sin embargo se fue hacia adelante”, señaló el mandatario nacional.
“Ninguno [de los presuntos implicados se fugó], porque faltan órdenes de aprehensión, acaban de detener a dos más, ellos tenían órdenes de tiempo atrás y sigue la solicitud a Israel para la extradición de [Tomás] Zerón [de Lucio]”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Asimismo, el presidente respaldó el trabajo de Encinas Nájera, luego de que los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señalaron que algunas de las pruebas del informe no se podían sustentar. Además, comentó que ese tipo de acusaciones no son nuevas y que siempre se han enfrentado a ese tipo de mafias, pero reiteró que no se detendrá la investigación.
ABOGADOS DE MURILLO KARAM CANCELAN AUDIENCIA EN LA CUAL PEDIRÍAN PRISIÓN DOMICILIARIA
El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte canceló una audiencia en la que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, iba a resolver si concedía a Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), llevar fuera de la cárcel su proceso por los presuntos delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia, registrados con la causa penal 307/2022, ello debido a sus diversos problemas de salud.
La diligencia estaba programada a las 19:00 horas del miércoles 26 de octubre, pero antes, los abogados defensores Elba Marina Vázquez Mendoza, Antonio López Ramírez y José Javier López García, pidieron reprogramar la audiencia, porque no habían reunido todos los documentos médicos con los que el ex gobernador de Hidalgo justificaría su solicitud de cambio de medida cautelar, e imponer otra, como la prisión domiciliaria.
“No obstante, en aras de que la defensora particular pueda allegarse de los datos de prueba que refiere, así como para optimizar los recursos humanos y materiales destinados para el desahogo de las audiencias programadas en esta sede judicial, velando así por la operatividad del Centro de Justicia, se determina dejar sin efectos la diligencia de referencia”, se lee en el acuerdo suscrito por Pedro Serret Hernández, administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
“En la inteligencia que, se deja a salvo el derecho de solicitarla nuevamente en el momento que estime oportuno, aprovechando así la programación de audiencias en otros asuntos, lo cual permite desahogar la carga de trabajo del recinto judicial”, agregó Serret Hernández.
Debido a que Murillo Karam está se encuentra en terapia intensiva, por una arteria carótida obstruida, en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, dicha diligencia originalmente fue programada por videoconferencia y sin la comparecencia remota del ex titular de la ahora extinta PGR.
“Por ende, se deja a salvo el derecho de la defensa para alegar lo que a su representación convenga ante el juez de control en la propia audiencia, sin que sea el caso ordenar el traslado del imputado ni ordenar su comparecencia vía remota, pues se desconoce si ello podría poner en riesgo su salud”, estableció Serret Hernández.
GIEI ADVIERTE QUE MURILLO KARAM PODRÍA QUEDAR LIBRE POR FALTA DE EVIDENCIAS
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó, el 29 de septiembre del 2022, como algo grave que la Fiscalía General de la República (FGR) no haya incluido más evidencias y antecedentes probatorios que hubieran fortalecido las acusaciones contra Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), vinculado a proceso por los presuntos delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia, registrados con la causa penal 307/2022.
Solicitado por el propio Gobierno de México desde el 2014, el GIEI fue un grupo de asesoría técnica conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que participaron Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa. Sin embargo, dejó el caso en abril del 2016.
Francisco Cox Vial, uno de los integrantes del GIEI, advirtió que ante la judicialización débil contra el ex gobernador de Hidalgo, se corre el riesgo de que no se logre una condena, pese a que existe evidencia y pruebas de su participación en la construcción de la “mal llamada verdad histórica”.
Cox Vial aseguró que, desde un principio, el GIEI llamó la atención sobre el sistema de justicia mexicano, en el que, según dijo, se tiene mayor atención a la detención que a la condena. “Lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención, de un inicio de una vinculación a proceso, sin importar el resultado de esa formalización”, indicó.
El integrante del GIEI dijo que desde agosto del 2022, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes comenzó a observar que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República, se había quedado sin elementos que asistieran en las indagatorias y que pudieran llevar adelante las diligencias, además de que se han ordenado auditorías en su contra. “Parece ser que esto fue ordenado con un criterio ajeno a la investigación”, criticó.
Durante una conferencia de prensa sobre el caso Ayotzinapa, Cox Vial detalló que la mayor intromisión se dio el 16 de agosto del presente año, cuando se comisionó a un elemento de Asuntos Internos de la FGR, para que se desempeñara como agente del Ministerio Público de la UEILCA. “No se explica por qué esta persona debía ser comisionada, no se da explicación, no se justificó […] Esta persona no tenía conocimiento del caso”, señaló.
Al otro día de que se comisionó a la nueva agente del MP, se obtuvo la orden de aprehensión contra Murillo Karam, quien fue detenido el 19 de agosto del 2022, por los delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa. Durante la audiencia de vinculación a proceso, la recién asignada al caso mostró su falta de conocimiento de la carpeta de investigación.
“Lo que es más grave, en opinión del GIEI, es que se dejaron de incluir evidencias y antecedentes probatorios que hubiesen fortalecido aún más la responsabilidad del ex procurador Murillo Karam […] Producto de esta judicialización débil del ex procurador Murillo Karam, se corre el riesgo de que posteriormente no se logre una condena, aunque hay evidencias y pruebas de la participación del señor en la construcción de la mal llamada ‘verdad histórica’”, agregó Cox Vial.
Los especialistas lamentaron la renuncia del fiscal del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien, según consideraron, “actuó con voluntad, con profesionalismo y tenía la confianza de los papás”, además de que alertaron también una posible represalia, luego de que ha sido anunciada una auditoría a la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa.
El integrante del GIEI señaló que un problema estructural del sistema penal mexicano, es que se tiene una atención mayor a la detención que a la condena. “Lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención, de una vinculación a proceso, sin importar el resultado de esa formalización”, insistió.
Además, Cox Vial aseguró que la FGR intervino en el trabajo de la UEILCA al cancelar 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían obtenido contra posibles implicados en el caso Ayotzinapa, entre ellos, contra elementos del Ejército y personal del C4. “Estas órdenes de aprehensión fueron concedidas por el juez, es decir, en su momento se consideró que se tenía evidencia suficiente para girarlas”, dijo.
Carlos Martín Beristain, otro integrante del GIEI, reveló durante la conferencia de prensa, que se encontraron conversaciones que evidencian la relación entre autoridades y el grupo delictivo Guerreros Unidos, en las que hacen referencia a los estudiantes el 4 de octubre de 2014.
“Esos archivos que encontramos en [la Secretaría de la Defensa Nacional] SEDENA, muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar los jóvenes, y algunas de ellas son del día 4 de octubre, es decir, varios días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en esos días”, explicó Beristain.
El integrante del GIEI sostuvo que este tipo de datos ayudan a entender el escenario de los hechos ocurridos durante el 26 y 27 de septiembre del 2014, ya que, según enfatizó, la complicidad de las autoridades va más allá del ámbito local. Asimismo, señaló que los reportes indican que desde el 12 de octubre de ese mismo año, el Ejército tuvo conocimiento de la ubicación del basurero de Cocula, donde presuntamente los estudiantes habían sido asesinados y quemados.
Sin embargo, Beristain aclaró que la llamada anónima en que se basa la ‘Verdad Histórica’, mediante la que se informó sobre el paradero del basurero, nunca existió. Por su parte, Ángela María Buitrago Ruíz, también integrante del GIEI, mencionó que reportes de inteligencia indican que, por lo menos, un grupo de 11 alumnos y otro de seis fueron trasladados a distintos lugares entre el 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
“Hay lugares que se han resguardados de manera especial, y solamente contando con el colaboración total de la persona que está enfrente de cualquiera de esas secretarías podemos conseguir esos documentos”, acusó la abogada colombiana durante la conferencia de prensa, quien también recordó que desde el Centro Regional de Inteligencia Militar ubicado en Iguala, el Ejército mexicano dio seguimiento en tiempo real al secuestro y desaparición de los 43 estudiantes, sin embargo todavía se niega proporcionar toda la información.
“Hemos insistido, seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia porque es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar denominado Zona Norte, en Iguala […] Este punto es fundamental porque inclusive por escrito nos han negado la existencia de ese centro regional en el año 2014. Nos dicen que nace en el año 2015 lo cual ya sabemos que no es cierto”, abundó Buitrago.
¿QUIEREN A EPN?, QUE HABLE MURILLO KARAM, DICE AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, el 29 de septiembre del 2022, que si quieren implicar al ex presidente Enrique Peña Nieto en el caso Iguala, tienen que hablar con Murillo Karam. Asimismo, afirmó que el ex titular de la PGR tiene derecho a defenderse, pero es responsable de la fabricación de la llamada “verdad histórica”.
“Los que están detenidos tienen derecho a la defensa y pueden hablar todos, porque también están diciendo: bueno y por qué no, hasta mi amigo Epigmenio [Ibarra Almada], y por qué no Peña, que acompañe a Murillo Karam, pues que Murillo hable. Que diga que le dieron instrucciones, porque en el documento no aparece como responsable Peña, aparece Murillo”, agregó el político tabasqueño.
“La Fiscalía está presentando todas las pruebas para demostrar que el licenciado Murillo Karam, ex procurador, fue el responsable de la fabricación de lo que se llamó la ‘verdad histórica’, cómo distorsionaron o cambiaron, ocultaron los hechos de lo que realmente había sucedido, cómo culparon a otras personas, para sacar declaraciones torturaron a personas, cómo dijeron que habían quemado a los jóvenes en el basurero, algo que está demostrado fue falso, además él se asume como responsable”, dijo el mandatario nacional.
“El señor [Tomás Zerón de Lucio] está en Israel y otros más. Tiene derecho a defenderse, pero la Fiscalía va fortalecer su denuncia con elementos, con pruebas y aclarar que este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel el señor Murillo Karam y que no es un asunto del presidente […] Emití un decreto para crear una comisión que investigara los hechos de Ayotzinapa y se detuviera a los responsables y en eso estamos. Cuando me presentaron el informe di la instrucción de que procediera”, enfatizó.
“No se está excluyendo a nadie, como también se menciona, todos los que aparecen en el documento y en los anexos, pero sobre todo en el informe, se da a conocer que tuvieron responsabilidad, todos van a ser requeridos por la Fiscalía, si hay otros, pues también, siempre y cuando se tengan las pruebas porque se va actuar a partir del informe que presentó la Comisión y en ese informe vienen los nombres de los presuntos responsables”, finalizó López Obrador.
JUEZA OTORGA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A MURILLO KARAM CONTRA INICIO DE JUICIO ORAL
Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó, el 28 de septiembre del 2022, una suspensión definitiva a Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), medida cautelar que ordena a Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, que, una vez que se cierre la etapa intermedia, se suspenda el procedimiento.
Fuerte Tapia -quien vinculó a proceso a Murillo Karam por los presuntos delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia, registrados con la causa penal 307/2022, derivados del caso Ayotzinapa-, no podrá convocar a la apertura de juicio oral contra el ex funcionario federal, mientras Ruiz Ruiz resuelve el amparo.
Sin embargo, la titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal se declaró incompetente para seguir conociendo de este asunto, por lo que el asunto se turnó al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, ya que dicho órgano jurisdiccional conoció, en primera instancia, el amparo que interpuso el ex gobernador de Hidalgo contra su detención, que calificó de ilegal.
Ruiz Ruiz apuntó que el hecho de que Murillo Karam no haya ratificado, no es impedimento para que el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal no conozca sobre el proceso, refiriéndose a que no fue presentada la demanda de garantías. La Fiscalía General de la República (FGR) podría impugnar el fallo ante un tribunal colegiado, el cual determinará si se revoca o se modifica la resolución.
MURILLO KARAM INVENTÓ LA ‘VERDAD HISTÓRICA’ DEL CASO AYOTZINAPA, ACUSA AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 25 de agosto del 2022. que Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), inventó la llamada “verdad histórica” en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
“Lo de Murillo Karam pues es totalmente otra cosa, es opuesto, era el procurador, suceden estos hechos lamentables y él inventa pues lo sucedido. Y algo muy grave porque estamos hablando de la desaparición, el asesinato de 43 jóvenes”, señaló el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.
“Eso también es una lección, eso ayuda mucho a la no repetición, a terminar con la impunidad. Y ayer lo vimos, el comportamiento de los medios de información, todos de vergüenza”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
MURILLO KARAM PERMANECERÁ 90 DÍAS MÁS EN EL RECLUSORIO NORTE, ANTE SUPUESTO RIESGO DE FUGA
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, determinó, el 24 de agosto del 2022, que Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), deberá permanecer, otros 90 días en prisión, ante el riesgo de fuga.
Durante la audiencia de vinculación a proceso -que duró 12 horas-, el juez de control estimó que no habían variado las condiciones de su determinación del 20 de agosto del 2022, cuando impuso dicha medida cautelar durante la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica del ex gobernador de Hidalgo.
La defensa de Murillo Karam presentó a un testigo experto en medidas cautelares, quien mencionó varios elementos de “estabilidad” que no implicarían un riesgo de fuga, incluida la “buena fama pública” del ex titular de la ahora extinta PGR y el ser una “persona hogareña”.
El experto propuso al juez de control otras medidas cautelares para Murillo Karam, como la firma periódica, entrega de pasaporte y visa, así como prohibición de salir del país y portar un localizador electrónico durante el arraigo domiciliario. Sin embargo, estos argumentos fueron desestimados por Fuerte Tapia, al poner en duda la “imparcialidad” del testigo, quien conoce al ex titular de la PGR desde 2010 e incluso trabajó para él en “algunos proyectos”.
El juzgador reiteró que, debido a la trascendencia de la investigación por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, así como el perfil de “alta importancia” del ex funcionario federal, Murillo Karam debía permanecer en prisión.
Fuerte Tapia reiteró que el inculpado ha ocupado “los más altos cargos” en el país, incluido, gobernador, senador, diputado, titular de la PGR y secretario de Estado. Por otra parte, el juez también decretó tres meses para el cierre del plazo de la investigación complementaria, aunque los agentes del Ministerio Público de la Federación (MPF) habían solicitado seis.
Alrededor de las 21:13 horas del 24 de agosto del 2022, casi al cierre de la audiencia, la madre de uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos solicitó la palabra -en una sala contigua para testigos protegidos y con la voz distorsionada-, para preguntarle a Murilllo Karam “que nos diga en dónde están nuestros hijos, en donde los dejó”. Sin embargo, el ex titular de la PGR prefirió guardar silencio y se retiró molesto.
MURILLO KARAM ES VINCULADO A PROCESO POR TRES DELITOS RELACIONADOS AL CASO AYOTZINAPA
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, vinculó a proceso, el 24 de agosto del 2022, a Jesús Murillo Karam, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
En el caso de la desaparición forzada, el delito fue reclasificado con base en el Código Penal Federal, por lo que Murillo Karam podría alcanzar penas que irían desde los 15 hasta los 60 de prisión, en caso de ser encontrado culpable de todos los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa. Además, amerita prisión preventiva oficiosa, por lo cual, el también ex gobernador de Hidalgo continuará privado de la libertad durante su proceso penal.
El político hidalguense, de 74 años de edad, está interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, por lo que a la audiencia del 24 de agosto del 2022 -que duró 12 horas-, llegó vestido con chamarra y pantalón color beige, el uniforme de los presos. Asimismo, Murillo Karam portaba un cubrebocas color negro, pero con la nariz descubierta.
La FGR sostuvo que Murillo Karam “sí tenía conocimiento” de los actos de tortura que se cometieron durante la investigación por el caso de Ayotzinapa. Durante la audiencia de vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, los agentes del Ministerio Público de la Federación (MPF) remitieron a su alto cargo y, por ende, al tipo de información que tenía acceso.
Los representantes de la FGR también se refirieron a la diligencia, que calificaron de ilegal, en la que Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, fue sacado de los separos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para llevarlo al río San Juan, en el municipio de Cocula, en Guerrero, donde hallaron dos bolsas con restos humanos que después se confirmó que uno pertenecía al normalista Alexander Venancio Mora.
“Me cuesta trabajo creer que el justiciable [Murillo Karam] no sabía que lo sacarían de los separos”, cuestionó un agente del Ministerio Público de la Federación durante la audiencia. Por su parte, la asesora jurídica de los torturados, Daniela Aguirre Luna, incluso cuestionó que, el político hidalguense, abogado de profesión, no se cuestionara la “legalidad” de los videos en los que los presuntos involucrados aparecen confesando su participación en los hechos.
NADIE HA PODIDO “TIRAR” LA “VERDAD HISTÓRICA” DE AYOTZINAPA, DICE MURILLO KARAM AL JUEZ
Al culminar el debate, entre su defensa y la Fiscalía General de la República (FGR), Jesús Murillo Karam tomó el micrófono, el 24 de agosto del 2022, para expresar que, a pesar de las distintas investigaciones e intervenciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ninguno ha podido “tirar” la llamada “verdad histórica”.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, lleva a cabo, el 24 de agosto del 2022, la audiencia para determinar si vincula o no a proceso a Jesús Murillo Karam, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
El político hidalguense, de 74 años de edad, está interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, por lo que a la audiencia del 24 de agosto del 2022, llegó vestido con chamarra y pantalón color beige, el uniforme de los presos. Asimismo, Murillo Karam portaba un cubrebocas color negro, pero con la nariz descubierta.
“Me puedo sentir orgulloso, que yo pedí la intervención […] Estos grupos participaron en todo momento en la investigación [del caso Ayotzinapa], fueron ellos quienes escogieron el análisis de los restos, fueron ellos quienes llevaron los restos a [los laboratorios de la Universidad de] Innsbruck [en Austria], y trajo los resultados, desde hace siete u ocho años han buscado muchas alternativas. Y han inventado muchas cosas y todas se caen”, expresó el también ex gobernador de Hidalgo.
Por otra parte, Murillo Karam aseveró que fueron los expertos internacionales quienes escogieron los lugares donde se hicieron las diligencias, como el río San Juan y el basurero del municipio de Cocula, en Guerrero. “Puedo aceptar algunos errores, pudieron cometerse fallas, problemas, y aceptar que muchas cosas se hicieron mal e, incluso, lo pude haber hecho mejor, pero ninguno la ha podido tirar [la ‘verdad histórica’]”, admitió el ex titular de la ahora extinta PGR.
Durante la audiencia, la defensa del ex titular de la ahora extinta PGR, pidió al juez de la causa declarar prescrito el delito de tortura desde el 27 de octubre de 2017 y aplicar la norma con la penalidad más baja en el ilícito de desaparición forzada, los cuales le imputan a Murillo Karam, junto con delitos contra la administración de la justicia.
Los abogados José Xavier López García, Antonio López Ramírez y Elba Marina Vázquez Mendoza también solicitaron invalidar como pruebas las ruedas de prensa que rindió el ex titular de la Procuraduría General de la República, relacionadas con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas. Los litigantes expusieron que aceptar como pruebas las conferencias del 6 y 27 de octubre, así como 7 de noviembre de 2014 y 27 de enero del 2015, violan su derecho a la no autoincriminación.
Durante la diligencia, el juez Fuerte Tapia se molestó que el abogado defensor Antonio López Ramírez leyó una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que refiere que un juzgador incurre en “notoria ineptitud”, cuando no aplica la norma adecuada en un delito.
“Usted debe moderar su actitud porque ha estado faltando al respeto al aducir argumentos contrarios a mis resoluciones, invocando esa tesis de manera tergiversada, levantando la voz. Lo apercibo de que si sigue con esa actitud lo voy a expulsar de la sala. Debe moderar su intervención, este no es un debate ni una charla, yo soy el moderador y está usted ante un juez”, reprendió Fuerte Tapia al litigante.
MURILLO KARAM DEBE SEÑALAR QUIÉN LE DIO LA ORDEN DE OCULTAR DATOS DE AYOTZINAPA, PIDE AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, el 24 de agosto del 2022, a Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), señalar quién le dio la orden de ocultar datos de la investigación de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño urgió a los jueces que analizarán la situación jurídica de Murillo Karam, escuchar la “opinión de todos”. Asimismo, afirmó que el ex titular de la ahora extinta PGR podría acogerse al criterio de oportunidad, en el ánimo de que se conozca la verdad.
“Y, por tu pregunta, los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen […] Si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-
“Todos los acusados tienen derecho a la defensa y quienes están sosteniendo la acusación, que son Ministerios Públicos tienen que probar y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en un auténtico Estado de Derecho y no de chueco, como se vivía antes […] Todos, todos, sí, todos [podrían acogerse al criterio de oportunidad]”, enfatizó el mandatario nacional.
JUEZ ORDENA GARANTIZAR LA VIDA Y SALUD DE JESÚS MURILLO KARAM, EX TITULAR DE LA PGR
Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite, el 22 de agosto del 2022, la demanda de garantías promovida por Rosa Azucena Vargas Hernández a nombre de Jesús Murillo Karam -ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)- para que no permanezca incomunicado, reciba la atención médica necesaria, además de que se garantice su integridad física y su vida mientras permanezca en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
El juzgador puntualizó que Luís Ángel Hernández Salas, director del penal capitalino, está obligado a evitar “cualquier acto que pongan en peligro la integridad física y emocional, así como su vida”, garantizando las condiciones de dignidad, sanidad, higiene y conceder todos los tratos humanitarios al también ex gobernador de Hidalgo.
Asimismo, según lo determinó González García, la autoridad penitenciaria tiene que garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica de Murillo Karam, por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio de coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).
El juez también le hizo saber a la autoridad que deberán ser respetuosas de la dignidad y de los derechos humanos de Murillo Karam, además prevenir cualquier acto tendente a menoscabar su esfera personal, por lo que deberá, bajo su más estricta responsabilidad, permitir el acceso de familiares, abogados y/o autorizados de aquellos, en las condiciones y bajo las medidas de seguridad que el responsable estime conveniente, atendiendo a la emergencia sanitaria.
JUEZ IMPONE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA A MURILLO KARAM
A solicitud de la FGR, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, impuso, el 20 de agosto del 2022, a Jesús Murillo Karam, prisión preventiva justificada durante las 144 horas de la duplicidad del término constitucional solicitada para que se resolviera la situación jurídica del ex titular de la PGR, quien permanecería en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, hasta el día 24 del mismo mes y del presente año, cuando se llevara a cabo la audiencia de vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal Federal.
“Ya se derrotó la presunción de inocencia”, dijo Murillo Karam tras el veredicto del juez, quien a su vez le pidió al ex titular de la PGR dirigirse a él con respeto. Fuerte Tapia concluyó que la prisión preventiva justificada es la medida cautelar idónea para el también ex gobernador de Hidalgo, porque existe el riesgo de que pueda darse a la fuga.
El juzgador consideró que, conforme lo expuso la FGR, Murillo carece de arraigo, cuenta con los recursos económicos suficientes, las redes de apoyo y amistades necesarias, que le pueden facilitar la huida. Pero, además, Fuerte Tapia tomó en cuenta los altos cargos que ha desempeñado en el servicio público y el tipo de investigación en la cual se le implica, donde hay delitos violentos.
“No se puede dejar de observar la trascendencia de la investigación, el caso de los 43 estudiantes es una investigación de gran importancia por lo menos a nivel nacional, es una investigación de primer nivel […] Un segundo tema es el perfil del justiciable, ha ocupado uno de los más altos cargos en la República Mexicana como lo es el de Procurador General de la República […] Si una persona tiene esos cargos de primer nivel a lo largo de su vida laboral […] es posible que pueda contar con una red de apoyo y amistades”, afirmó el juez.
Fuerte Tapia insistió que sí existe duda del arraigo de Murillo Karam, porque tiene al menos cinco domicilios en la Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, además tiene registros de vuelos privados al extranjero durante el 2017. Por las mismas razones también rechazó conceder al ex titular de la PGR, la prisión domiciliaria, ya que en términos de la investigación en curso, dicha medida tampoco garantizaba la continuación del procedimiento penal.
Asimismo, el juez descartó en principio que los padecimientos de salud y la edad del ex funcionario federal fueran suficientes para imponerle una medida cautelar distinta. Además, recordó que conforme a la información proporcionada por la FGR, entre 2013 y 2015, Murillo Karam registró un patrimonio de 85 millones de pesos.
“Hay la presunción de que pueda tener algún tipo de acceso a este patrimonio y tener la facilidad de evadirse de la justicia. Y si a eso se agrega que son delitos de violencia, que no es una apreciación subjetiva, podría incidir en el riesgo de fuga”, expuso el juzgador, quien agregó que la alta penalidad que pudieran imponerle a Murillo Karam por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, sólo era un dato más que no podía tomar como definitorio.
Aunado a lo anterior, Fuerte Tapia señaló que lo inclinaba a dejar a Murillo Karam interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, es que su defensa sólo le ofreció planteamientos argumentativos y algunos de ellos eran subjetivos, sin datos de prueba concretos. Finalmente, el juez de Control aceptó lo dicho por el Ministerio Público de la Federación, de que este proceso sí “afecta el derecho a la verdad” para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Si [Murillo Karam] sale por propio pie equivaldría a que no lo volviéramos a ver […] y se les estaría negando el llegar a la verdad y saber qué pasó con sus hijos”, subrayó durante la audiencia, la agente del Ministerio Público de la Federación, Lidia Bustamante Vargas.
FGR ACUSA A MURILLO KARAM DE ORGANIZAR CÓNCLAVE PARA FRAGUAR “VERDAD HISTÓRICA”
El 20 de agosto del 2022, la FGR afirmó que Jesús Murillo Karam -entonces titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)- organizó un cónclave con siete funcionarios de alto nivel para fraguar la llamada “verdad histórica” respecto a Ayotzinapa y que en dicha reunión participó Omar Hamid García Harfuch, entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero.
Durante la audiencia que presidió Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, en la que la FGR imputó al ex titular de la PGR por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano —quien se desempeñaba como secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)— se apegó a un criterio de oportunidad. Es decir, se convirtió en testigo colaborador de la FGR.
La funcionaria dio lectura a parte de la declaración ministerial de Cano Muñozcano, en la que menciona el encuentro al que asistieron Murillo Karam; Zerón de Lucio; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); José Luis Martínez Pérez, ex delegado de la PGR en Guerrero; Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial; y, García Harfuch.
Según la misma declaración del testigo colaborador de la FGR, el cónclave de alto nivel se realizó de manera normal, sin embargo, cuando llegó Ángel Heladio Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, la mayoría de funcionarios se retiró del lugar y solo se quedaron los mandos. Asimismo, pese a que Cano Muñozcano refirió que no se planearon ilícitos en dicha reunión, Bustamante Vargas afirmó que en ese encuentro se empezó a inventar la llamada “Verdad histórica”.
“Dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre”, aseguró la fiscal.
Según la imputación de la fiscal, en dichas fechas las autoridades detuvieron a cuatros presuntos integrantes de la organización criminal Guerrero Unidos, quienes fueron torturados por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y agentes de la AIC. De sus testimonios se obtuvo información que luego Murillo Karam hizo pública.
Al citar como dato de prueba la declaración de Bernardo Muñoz Cano, entonces delegado Policía Federal en Guerrero, la agente del Ministerio Público de la Federación detalló que al “inventar” la llamada ‘verdad histórica’, Murillo Karam quería “dar solución a la exigencia social” y “dar respuesta al clamor social” por el crimen ocurrido el 26 de septiembre del 2014.
El Ministerio Público de la Federación aseguró que, para poder sostener la narrativa de la “verdad histórica”, Murillo Karam, premeditadamente y con dolo, además de que planeó y elaboró “montajes”, por lo que permitió que se cometieran actos de tortura para obtener supuestas confesiones, y avaló que incluso se tuvieran que falsificar documentos oficiales.
La FGR también enfatizó que, al “concebir” y “urdir” esta “verdad inexistente”, el entonces titular de la PGR contribuyó a ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que “frustró” y “desvió” otras líneas de investigación que se pudieron haber seguido para encontrar a los jóvenes, motivo por lo cual se le imputa el delito de desaparición forzada.
Durante la audiencia, los fiscales revelaron, al menos, tres hechos en los que descubrieron que la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, fue “creada” por el entonces titular de la PGR. El primero y más importante, según los agentes del MPF, ocurrió el 27 de octubre del 2014, ya que ese día comenzó la “fabricación de los hechos”.
Esa tarde, Murillo Karam encabezó una conferencia de prensa en las antiguas instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, en la que dio a conocer la detención de cuatro personas, de las cuales, según sostuvo, eran integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. El entonces titular de la Procuraduría General de la República destacó que esas eran las primeras capturas de quienes participaron físicamente en la desaparición de los normalistas, según habían confesado en sus declaraciones.
Aunque en ese momento no mencionó sus nombres, se trataba de Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”; Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Darío Morales Sánchez, “El Comisario”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”. Asimismo, los fiscales de la FGR recordaron al juez Fuerte Tampia, que el entonces titular de la PGR señaló que dos de los detenidos indicaron que recibieron a un grupo “grande” de personas, mientras que los otros dos eran “halcones informantes”, quienes vigilaron los hechos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Murillo Karam agregó que los cuatro todavía estaban rindiendo su declaración en la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pero adelantó que sus declaraciones habían “sido coincidentes”. Respecto a ello, el Ministerio Público de la Federación aseguró que, para esa hora y ese día, estos cuatro detenidos todavía no habían sido capturados y, por tanto, mucho menos podían haber declarado y confesado su participación en estos hechos.
Para esta acusación en contra de Murillo Karam, los fiscales se basaron en actuaciones ministeriales que detallan que Reyes Landa, Morales Sánchez, García Reyes, y, Osorio Cortés fueron presentados ante el Ministerio Público a las 10:30 horas de la noche de ese 27 de octubre del 2014 y hasta un día después declararon.
Asimismo, los representantes de la FGR destacaron que, tan sólo en el caso de Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, fue “sacado” de su casa ubicada en Cocula, Guerrero, la tarde del 27 de octubre del 2014 y después trasladado a una zona militar, donde fue “torturado”, al mismo tiempo en que se llevaba a cabo la conferencia de prensa de Murillo Karam.
El segundo hecho por el que la FGR justificó que el ex titular de la Procuraduría General de la República “fabricó” la denominada “verdad histórica”, ocurrió la mañana del 27 de octubre del 2014, cuando el entonces titular de la PGR dio un sobrevuelo por el río San Juan, en el municipio guerrerense de Cocula, en el que estuvo presente Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, que participó en la investigación de forma paralela.
Según la declaración ministerial de Doretti, realizada en diciembre del 2021, Murillo Karam le informó que ya habían sido detenidas cuatro personas que revelaron posibles indicios de los normalistas en el río San Juan. Sin embargo, las fiscales de la FGR insistieron en que todavía ni siquiera habían sido capturados y el entonces titular de la PGR ya “sabía lo que iban a declarar”.
El último hecho citado por los agentes del MPF, fue una declaración de una trabajadora administrativa de la entonces PGR, de nombre Erika Ramírez Ortiz -sujeta a un criterio de oportunidad por esta nueva investigación del caso Ayotzinapa-, quien confesó que el 27 de octubre del 2014 realizó un oficio con información falsa, para justificar la detención de las cuatro personas que Murillo Karam había revelado en la conferencia de prensa.
Según el relato de Ramírez Ortíez, redactó dicho documento por órdenes de Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces titular de la Unidad Antisecuestros de la PGR y a la fecha prófugo por este caso, quien le dijo: “ya vienen los detenidos, cómo vamos a cuadrar esto”. El objetivo, explicó la ex trabajadora de la PGR, era contar con un oficio fechado el día 25 de ese mismo mes y año, en el que se explicara que se había recibido una denuncia anónima respecto a las cuatro personas, que justificaran su detención, hasta dos días después.
ÉL MISMO SE INCULPÓ, DICE AMLO DE MURILLO KARAM; NO SE PERSIGUE A EPN, NI A CIENFUEGOS POR AYOTZINAPA, AFIRMA
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el 22 de agosto del 2022, que Jesús Murillo Karam -ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)- se auto inculpó de las irregularidades en la indagatoria del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
Además -durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el jefe del Poder Ejecutivo Federal aseguró que no se persigue a su antecesor Enrique Peña Nieto, ni a Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El político tabasqueño pidió se reprodujera un video de lo que dijo Alejandro Gertz Manero, actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el que cita a Murillo Karam diciendo que son los “responsables directos de esta investigación”.
“En el caso del procurador, Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía, él sostiene […] a ver si pones, esto es lo que dice el fiscal, cuando estamos informando a los padres”, dijo López Obrador.
“Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas”, afirmó Gertz Manero en el video.
“Para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación, cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir”, agregó el actual titular de la FGR.
“Para después inventar la supuesta ‘verdad histórica’, que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente […] El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara”, abundó Gertz Manero, en el video mostrado por López Obrador.
“Yo quería que este fragmento se conociera, porque existe la prueba, es pública, hubo una conferencia de prensa, lo que está haciendo el fiscal es citando lo que dijo el procurador ‘nosotros somos responsables’, dice […] Y creo que se refiere a Tomás Zerón [de Lucio], son los dos que asumen la responsabilidad, de acuerdo al fiscal, toda la información sobre esto correspondió investigarla a una Comisión que se creó y se tienen todas las pruebas”, agregó el político tabasqueño.
“Si la FGR o los jueces determinan que hay otros implicados, ellos lo van a decidir, en absoluta libertad. Lo mismo, si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones, más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“En el informe la Comisión da a conocer quiénes considera son responsables, porque se dice por ejemplo Peña, sí, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros, sí a Murillo Karam, sí a otros personajes y también militares”, respondió López Obrador a pregunta expresa de un reportero. “¿A Cienfuegos?”, cuestionó un periodista. “Tampoco, por eso hay que leer el informe”, contestó el presidente.
DETENCIÓN DE MURILLO KARAM RESPONDE MÁS A TEMA POLÍTICO QUE DE JUSTICIA, DICE EL PRI
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó, el 19 de agosto del 2022, que la captura de Jesús Murilo Karam, de 74 años de edad, -detenido por agentes de la Fiscalía General (FGR) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes ejecutaron una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia-, obedece más a un tema político que de justicia y que esto no es una acción de respuesta para las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
“La detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos”, señaló el PRI, en una serie de publicaciones realizadas en su cuenta de la red social Twitter.
El partido político -cuyo dirigente nacional es Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”- mencionó que si el actual Gobierno de la República hoy se va en contra de Murillo Karam, mañana lo hará contra cualquier opositor que incomode al presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hoy al Gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador, mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode. Nuestro respaldo absoluto con él. No nos quedaremos callados ante un Gobierno que utiliza el aparato de Estado en contra de los opositores”, tuiteó el PRI.
¿QUIÉN ES JESÚS MURILLO KARAM Y CUÁL ES LA LLAMADA “VERDAD HISTÓRICA” DEL CASO AYOTZINAPA?
Jesús Murillo Karam, de 74 años de edad, fue detenido, el 19 de agosto del 2022, por agentes de la Fiscalía General (FGR) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes ejecutaron una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
“La diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona [en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México], sin ningún problema; ya que la misma colaboró con las autoridades policíacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo”, según informó la FGR.
Murillo Karam fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para las certificaciones correspondientes; y enseguida fue puesto a disposición de la autoridad judicial. La orden de aprehensión contra el ex gobernador fue solicitada por la FGR y concedida por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
¿QUIÉN ES JESÚS MURILLO KARAM?
El político hidalguense, de 74 años de edad, fue gobernador del 1 de abril de 1993 al 28 de octubre de 1998, además de que fungió como senador, del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2012, así como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del 4 de abril de 2007 al 4 de abril de 2011.
En septiembre del 2012 tomó protesta como diputado federal, del grupo legislativo del PRI y se desempeñó como presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, cargo al que renunció para integrarse al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, en diciembre del 2012.
Asimismo, el político hidalguense fue titular de la Procurador General de la República del 4 de diciembre del 2012 al 27 de febrero del 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien le ordenó investigar el caso los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
Fue el encargado de dar a conocer la llamada “verdad histórica” el 27 de enero del 2015, cuando, durante una conferencia de prensa, concluyó que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero del municipio guerrerense Cocula por el grupo criminal de los Guerreros Unidos, porque los señalaron como supuestos miembros de su banda rival, Los Rojos.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, indicó el entonces titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República.
Murillo Karam citó como evidencia de la “verdad histórica”, el contenido de 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones y 39 confesiones de los implicados directamente en el crimen masivo ocurrido el 26 de septiembre entre Iguala y Cocula. Además, la PGR exhibió las declaraciones ministeriales y confesiones videograbadas de Patricio Reyes Landa, “El Pato”, y Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco”, dos personajes claves en la presunta ejecución e incineración de los normalistas.
Tras su renuncia a la PGR, el 27 de febrero de 2015, fue sustituido en dicho cargo por Arely Gómez González y fue nombrado por Peña Nieto como titular de la Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal, donde permaneció hasta el 27 de agosto del mismo año.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA LLAMADA “VERDAD HISTÓRICA”
La renuncia de Tomás Zerón de Lucio a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se dio el 15 de septiembre del 2016, pero casi de inmediato fue designado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). No obstante, dejó el cargo en medio de reclamos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Uno de los casos de la tortura es el de Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, quien fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC de la PGR, encabezados por Zerón De Lucio, realizaron el 28 de octubre del 2014 en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde supuestamente se habrían encontrado bolsas de cenizas y fragmentos de huesos de los 43 normalistas.
Dicha diligencia es una de las principales bases para que las autoridades federales hubieran dado a conocer la llamada “verdad histórica”, el 27 de enero del 2015, en la que se argumentó que los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido asesinados y carbonizados en el basurero de Cocula, y sus cenizas tiradas en bolsas de plástico a dicho río.
García Reyes fue detenido arbitrariamente y torturado antes de dicha diligencia. También se acreditó que fue llevado al río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces director de la AIC, Zerón De Lucio, a pesar de que ese funcionario federal no tenía mandato legal para hacerlo.
En su momento, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) criticó la ausencia de documentación en el expediente que sostuviera legalmente las diligencias practicadas aquel día, así como el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río San Juan.
Además, condenó la “falsa” declaración del entonces director de la AIC de la PGR, en la que afirmó que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan.
La “verdad histórica” señala, también, que los días 26 y 27 septiembre del 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco. Después, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos los habrían incinerado en el basurero municipal de Cocula.
EL NUEVO INFORME DEL CASO AYOTZINAPA
El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó “que autoridades federales y estatales fueron omisas y negligentes” en la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre del 2014. Asimismo, indicó que existen “elementos de presunción” de que dichas autoridades alteraron hechos y circunstancias, para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
El documento de 97 páginas acusó que la construcción de la llamada “verdad histórica” del Gobierno encabezado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los normalistas habían sido quemados en el basurero del municipio guerrerense de Cocula, fue resultado de una acción concertada desde el aparato de poder.
El informe señaló que en ello participaron Jesus Murillo Karam, titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR); Rodrigo Archundia Barrientos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); y, el encargado de despacho de la misma institución, Jorge Hugo Ruiz Reynaud.
Así como el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez; y el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno Federal”.
Entre otros, también mencionó a quien fuera el delegado del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez; al entonces comisario de la Policía Federal (PF) en el estado, Omar Hamid García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México; y, a quien fue el Comandante IX Región Militar, en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El informe también señaló al gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero; al titular de la ahora extinta Procuraduría General de Justicia (PGJE) del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera; al secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez; y, a Ernesto Aguirre Gutiérrez, coordinador de Proyectos Estratégicos.
“Como se puede constatar, a lo largo de este informe, tanto autoridades federales, estatales y municipales (SEDENA, CISEN, Policía Federal Preventiva, Gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras) estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unificados de México (FECSUM), de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México”, subrayó el documento.
Por último el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa sentenció: “Las autoridades fueron negligentes y omisas. Los hechos de violencia y desaparición de los normalistas debieron evitarse. Sus omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes y el homicidio de al menos seis personas esa noche”.
Aunado a lo anterior, el documento acusó falta de unificación en los procesos, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, ya que desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en 7 juzgados de mismo número de estados, y en 2 sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio.
“Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley […] Y propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”, sostuvo el informe.
“La falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, es un obstáculo para el acceso a la justicia. Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, dijo el documento.
El Informe apunta a la actuación de algunos jueces, entre ellos, Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, quien liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades”, sin dar vista al Ministerio Público, ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”.
En el caso de José Álvaro Ornelas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Guerrero, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa advirtió que se niega a conocer los asuntos que se le presentan, aludiendo falta de competencia territorial. Por otra parte, señaló que César Chávez Souverbille, del Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero, no asume que el delito de tortura actualiza la competencia federal.
