El 19 de diciembre de 2022, el pleno del Congreso de Baja California aprobó con 19 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, el Dictamen 158 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda emita bonos bursátiles o bancarios y contrate uno o más créditos por un monto total de 3 mil 500 millones de pesos, a pagarse en 30 años, teniendo como garantía el Impuesto sobre Remuneraciones al Personal.
Así, en los últimos dos años diputados de las XXIII y XXIV legislaturas de Morena, PT, PVEM y afines han avalado contratar deuda por 6 mil 500 millones de pesos, bajo el argumento de que el recurso se destinará a proyectos de infraestructura.
En total, las obligaciones financieras a largo plazo en los dos primeros gobiernos morenistas generarían obligaciones por más de 14 mil 610 millones de pesos (6 mil 500 millones de pesos de monto a capital y 8 mil 110 millones de pesos de intereses ordinarios), según las propias estimaciones oficiales.
Los diputados que aprobaron el Dictamen 158 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto son Miguel Peña Chávez (sin partido), Román Cota Muñoz (PRI), César Adrián González García (PVEM), Rosa Margarita García Zamarripa (PES), así como Manuel Guerrero Luna, Araceli Geraldo Núñez, Liliana Michel Sánchez Allende, Alejandra María Ang Hernández, Evelyn Sánchez, Dunnia Montserrat Murillo López, Gloria Arcelia Miramontes Plantillas y María Del Rocío Adame Muñoz (Morena).
De igual forma los morenistas Juan Manuel Molina García, Julia Andrea González Quiroz, Araceli Geraldo Núñez, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez y Ramón Vázquez Valadez, además de los petistas Julio César Vázquez y Claudia Agatón Muñiz. Los últimos siete legisladores también aprobaron en la Legislatura anterior la deuda de 3 mil millones de pesos contratada por Jaime Bonilla Valdez en abril de 2021, meses antes de que dejara la gubernatura de Baja California. Del total de esa deuda ya se ejercieron mil 729 millones de pesos (equivalentes al 57.3%) y se comprometieron 2 mil 389 millones de pesos (79.6%) al cierre de noviembre de 2022.
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En la sesión del lunes 19 de diciembre, Daylín García Ruvalcaba (Movimiento Ciudadano), Diego Echavarría, Santa Alejandrina Corral Quintero y Amintha Guadalupe Briceño Cinco (PAN), así como los morenistas Marco Antonio Blásquez Salinas y Sergio Moctezuma Martínez López votaron en contra del Dictamen 158.
De los 3 mil 500 millones de pesos que contratará el gobierno de Ávila Olmeda, la mayor parte (3 mil millones de pesos) se destinaría a proyectos de infraestructura hidráulica y equipamiento, de un banco de 48 proyectos que ejecutarían las Comisiones del Agua.
*Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)
Entre esos proyectos destaca la rehabilitación del Acueducto Río Colorado-Tijuana (140.5 mdp), reposición de sistemas de agua potable en Tijuana y Rosarito (453 mdp) y la rehabilitación de las plantas potabilizadoras Abelardo L. Rodríguez, El Florido y Los Olivos (218 mdp).
Mientras 500 millones de pesos se destinarán a proyectos productivos con perspectiva de género, como la infraestructura al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), con 150 millones de pesos; Ruta Violeta, 100 millones; Escuadrón Violeta, 55 millones; además de proyectos para mejorar la calidad de vida de las mujeres, 195 millones de pesos.
El panista Diego Echevarría aseguró que “no había necesidad” del nuevo financiamiento porque en 2023 el gobierno recaudará 5 mil 150 millones de pesos más que este año, con el alza de las tarifas de agua y la nueva sobretasa al Impuesto sobre Remuneraciones al Personal.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, también expresó su rechazo al Dictamen 158, al considerar que se estaba comprometiendo a futuras generaciones y gobiernos. En su opinión, esta nueva deuda total de 9 mil 635 millones de pesos por 30 años “no es redituable”, además de criticar que la actual administración comenzará a pagar el capital en cuatro años, cuando tenga que erogar 486 millones de pesos y esté por salir.
Desde el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid se sabía que el Estado no tenía la capacidad de seguir endeudándose. “La administración debería estar en una cuestión de sanar las finanzas, más que tratar de ejercer un recurso que no se tiene, por eso se buscan estas deudas”, afirmó la diputada.
El Dictamen 158 fue avalado el 15 de diciembre por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, luego que la Auditoría Superior del Estado (ASE) emitiera la Opinión Técnica TIT/1930/2022, la cual determinó que para autorizar la nueva deuda es “estrictamente indispensable” obtener los incrementos en la recaudación y la contención del gasto estimados por la Secretaría de Hacienda.
“De cumplirse dichos escenarios, se contará con la capacidad de pago suficiente para cubrir el servicio de deuda pública solicitada”, apuntó el organismo fiscalizador.
AUMENTA 22.7% DEUDA PER CÁPITA
La deuda per cápita del Estado aumentó 22.7%, al pasar de 4 mil 741.7 a 5 mil 822.3 pesos del tercer trimestre de 2019 al mismo periodo de 2022, destacó el presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, Roberto Valero.
En ese lapso, la deuda del Estado pasó de 17 mil 430.9 millones a 22 mil 190.5 millones de pesos, según el Instituto Belisario Domínguez del Senado. En su comparación anual, el monto de la deuda creció 2.3%, pese a que en términos trimestrales tuvo una reducción de 5.8%
“Cuando se iba Bonilla Valdez pagar la deuda iba a tomar 14 años, pero ahorita (sin el nuevo endeudamiento) le tomaría a Baja California 16 años pagarla”, expresó el analista económico. Es decir, se está pagando “mucho” por el servicio de deuda, pese a que en 2020 se refinanciaron empréstitos.
En 2023 se destinarán 2 mil 200 millones de pesos para pagar el servicio de deuda que el Estado ya tiene contratada, y se sumarán 200 millones por la nueva deuda de 3 mil 500 millones de pesos aprobada el lunes.
“Tenemos muchas promesas en papel, Bonilla Valdez también nos prometió que iba a hacer muchas cosas y entregó peor el Estado”, prueba de ello es que la infraestructura hidráulica “está tan mal”, que nuevamente más de 300 colonias de Tijuana y Rosarito quedaron sin servicio.
PODER LEGISLATIVO, COMPARSA
Valero aseveró que desde “hace un buen rato” el Congreso se ha convertido en apéndice del Gobierno del Estado, que acata instrucciones. “Ellos están pensando dónde van a estar en el próximo periodo de gobierno, entonces se pliegan. Tenemos una oposición que no existe, no son legisladores, son comparsas, extensiones del gobierno, y mientras no tengamos ese equilibrio de poderes, vamos a seguir pasando por estas cosas”, aseveró el especialista.
Además, cuestionó que ningún legislador haya interrogado por qué el Ejecutivo no ha ejercido completamente la deuda contratada por Bonilla, ni los ahorros que se han generado. “Es preocupante que todo lo quieran arreglar con deuda”, manifestó.
En entrevista con ZETA, el diputado morenista Juan Manuel Molina García justificó el aval de la nueva deuda, ya que pretende atender rubros que en décadas no se han cubierto.
“Es necesario y urgente, porque hay lugares donde se necesita hacer llegar más obra hidráulica, las tarifas del agua no estaban autorizadas, se hizo un ajuste, pero ni siquiera se llega a lo deseable para introducir infraestructura hidráulica en el Estado; el asunto es que hay colonias que ni tomas comunes tienen, como en San Felipe, que se distribuye el líquido en pipas”, subrayó, además de expresar que urge atender la Alerta de Género en el Estado.
El lunes 19, el Congreso avaló el Acuerdo 4, con el que se establece que la Secretaría de Hacienda debe enviar un informe cada seis meses para dar seguimiento a la aplicación de los recursos de la nueva deuda.
“El Estado sigue teniendo una buena aceptación crediticia, no se están llegando a límites que establece la Ley de Disciplina Financiera, Baja California sigue estando por debajo de muchos estados de la República”, aseguró Molina García en referencia a que el Estado tiene nivel de endeudamiento sostenible en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Pese a ello, al tercer trimestre de 2022, el monto de la deuda de BC (22 mil 190.5 mdp) ubicaba a la entidad en el noveno lugar a nivel nacional de las entidades con más deuda; la lista fue liderada por Nuevo León (89 mil 209 mdp), según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
A propósito de los 6 mil 500 millones de pesos que se pagarán por intereses –según estimaciones del propio gobierno estatal- y lo oportuno de contratar deuda ante los altos niveles de las tasas de interés. “Son proyecciones, y apenas es un punto de arranque, no está el contrato ahí establecido, se establecen los límites menores, y vuelvo a decir, no se puede hablar de algún documento o contrato”.
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OBRAS DE BONILLA
En julio, ZETA publicó información relativa a que la mayor parte de la deuda contratada por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez se destinó a múltiples contratos de obras pequeñas que pudieron hacerse con presupuesto de las mismas.
El propio secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, dijo que la administración pasada originalmente había contemplado 413 obras con los 3 mil millones de pesos y “no tenía sentido haber tomado un crédito tan grande si se estaba pensando en obras de montos pequeños”.
Por ello, el actual gobierno tuvo que hacer cambios ante la falta de una planeación adecuada, generando la inmovilización de una parte del recurso por “una buena cantidad de meses” mientras se pagaban intereses.
DEUDA DE CORTO PLAZO
El 24 de octubre, el gobierno estatal contrató dos créditos con Banorte por un monto total de mil millones de pesos. Uno por 500 millones de pesos con una tasa efectiva de 10.77%, y el otro por 500 millones, por 10.74%. Empréstitos para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal” que se liquidarán en un año, según el Registro Único de Obligaciones de la SHCP.
