Mientras el registro de septiembre de 2021 a octubre de 2022 suma nueve feminicidios oficialmente, en el Informe del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío llevado a cabo el 6 de diciembre, reconoció siete hasta agosto.
“Tenemos una postura clara de cero impunidad, de septiembre de 2021 a agosto de este año, ocurrieron siete feminicidios, todos los casos han sido resueltos, los responsables están ya en prisión. La seguridad ha sido una prioridad para este gobierno de la Cuarta Transformación”, señaló Homero Davis Castro, secretario general de Gobierno.
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Ante tal declaración, colectivas feministas en Baja California Sur expresaron su desacuerdo, empezando por la Colectiva Ellas Nos Faltan BCS, que evidenció al “gobierno de los otros datos” con el siguiente posicionamiento:
“Observamos con enorme indignación, preocupación e impotencia las declaraciones emitidas por el C. Homero Davis, Secretario General de Gobierno de Baja California Sur. Quienes acompañamos a las y los familiares de mujeres víctimas de feminicidio en la entidad damos constancia plena de que es falso”.
Y denunciaron que las mujeres en Sudcalifornia sufren una “cruel realidad”, donde son abusadas, violentadas, suprimidas y asesinadas, en lugar de recibir justicia.
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“Nos pronunciamos en contra de la falsedad de declaraciones de la insensibilidad e inacción de las autoridades estatales, queremos hacer saber que esto está pasando en Baja California Sur y que no nos cansaremos de visibilizar la cruel realidad que vivimos las mujeres”, remataron.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó las cifras obtenidas a través del Gobierno de Baja California Sur; de enero a octubre, ellos refieren cinco feminicidios, sin embargo, no consideraron el crimen de la turista estadounidense Shanquella Robinson, asesinada a golpes el 29 de octubre en Fraccionamiento Puerto Los Cabos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lanzó la búsqueda de los amigos de la joven por el feminicidio y otros cómplices por grabarla desnuda mientras era lastimada y no hicieron nada.
“Hasta el momento, no hay sentencia condenatoria en los casos de Daniela Lino, Aolanis Sánchez Lucero, Nayeli Alfaro, Itzayana Aguilar, entre muchas otras; en el caso de Ana Luisa Gutiérrez, ni siquiera se ha podido lograr que lo clasifiquen como feminicidio ni existe un solo sospechoso en la cárcel, en datos (no oficiales) la Colectiva Ellas Nos Faltan BCS tiene un total de siete feminicidios en lo que va de este año, ninguno con una persona sentenciada, de los 10 feminicidios que se tienen registrados en el año pasado (no oficiales) tampoco se conoce sentencia condenatoria a los presuntos culpables”.
Claro ejemplo de impunidad, es el de la activista y defensora de los derechos de los animales, Nayeli Guerrero Herrera, asesinada brutalmente a golpes el 14 de octubre de 2021. Su madre compartió que a más de un año, las autoridades por apresurar el caso y brindar “justicia exprés”, pretende otorgar beneficios a su agresor, como reducción de condena de 50 a 30 años, “nosotros queremos irnos a juicio y buscar los 50, ya que es un tipo verdaderamente violento”, afirmó María Josefina Herrera.
Hugo Pérez Barrocal, imputado por el feminicidio de Nayeli, habría intentado extorsionar a la joven meses atrás, pero ésta se negó. Ese jueves 14 de octubre, Hugo golpeó brutalmente a la activista y comerciante, fracturándole el cráneo, seguido a ello la ató de pies y manos, le puso cinta en boca y ojos, una vez amarrada la siguió golpeando hasta fracturarle las costillas, médula espinal y por consiguiente murió.
“Lamentable que en la primera audiencia del juicio, que debió llevarse en junio, no se dio, llevamos cuatro intentos y no pasa nada; primero, por la agenda de la juez; segundo, porque traspapelaron el oficio de traslado del imputado; tercero, porque la defensora de oficio tenía otra cita y nos avisan un día antes; y cuatro, porque la fiscal de La Paz no tenía pleno conocimiento del expediente, venía hasta acá sin conocer el caso”, expuso María Josefina, madre de la joven.
POLICÍAS AGRESORES
El 27 de julio, según el informe brindado por la PGJE, los agentes de la Policía Municipal de La Paz, Felipe de Jesús “N”, de 47 años, y Alejandro Cuauhtémoc “N”, de 34, presuntamente habrían violentado sexualmente a una mujer; por tal motivo, a principios de diciembre fueron aprehendidos en la colonia Francisco Villa y Los Olivos en La Paz, de manera respectiva.
Al atender un accidente de tránsito en el que la conductora, en aparente estado de ebriedad se estrelló contra varios vehículos en Navarro y Abasolo, fue trasladada a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, en ese trayecto, supuestamente fue abusada sexualmente.
La víctima, una empleada de la PGJE, presentó la denuncia de hechos una semana después del incidente. Cuatro meses después, se detuvo a los imputados, quienes el 8 de diciembre fueron vinculados a proceso.
“Mi familiar es una persona intachable, cualquiera que se lo haya topado en las calles, ciudadano u otros policías te pueden hablar mejor de él, su cargo específico es conducir la patrulla, él mismo se sorprendió de la denuncia, ‘ni siquiera la toqué, yo manejé’, fue lo que dijo siempre, también dijo que si hubiera pasado algo en la patrulla, ‘ella me lo hubiera hecho saber y detengo inmediatamente a mi compañero’, pero dijo que no fue así”, externó un familiar de Felipe de Jesús.
Los agentes se encuentran vinculados a proceso y un juez determinará su calidad jurídica en un lapso de dos meses.
El agente inculpado tiene más de 13 años de servicio a la corporación municipal, sin una sola falta, queja o señalamiento; una carrera intachable.
“Está muy raro todo, al abogado de la familia le dieron sólo días para que se amparara del asunto, cuando el Agente del Ministerio Público lleva más de cuatro meses trabajando en ello y buscando una imputación. Hemos revisado el expediente con ministerios públicos y ellos mismos nos dicen que mi familiar no debería estar ahí, no hay imputación directa, el testigo que tiene sólo confirma que la vio subirse a la patrulla, es su palabra contra él y su compañero”, refirió el consanguíneo.
De momento, los dos agentes de la Policía Municipal deberán pasar el proceso judicial al interior del Centro de Reinserción Social de La Paz, según causa penal J1241/2022, ambos acusados de violación equiparada agravada.
TRATA DE PERSONAS
En lo que va del periodo de gobierno de Víctor Castro Cosío, se han iniciado al menos siete carpetas de investigación por el delito de trata de personas, delito que prácticamente está ligado a la esclavitud, obligando a mujeres a sostener relaciones o actividades sexuales como empleo.
El último caso fue evidenciado por la Fiscalía General de la República (FGR), tras realizarse el aseguramiento del inmueble conocido como Silk Hands en Melchor Ocampo casi esquina con Bulevar Lázaro Cárdenas, en el corazón del destino turístico de Cabo San Lucas.
“El 14 de junio se recibió la denuncia de estudiantes, mencionan que para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, acudieron a un centro de masajes ubicado cerca de la Marina de Cabo San Lucas, pero que no les gustó el trato, ya que fueron obligados a comprar y consumir drogas. Adicional, mencionan que les ofrecieron el servicio de sexo, todo esto está incluido en el informe que se les hizo llegar”, informó la Policía Federal Ministerial en el sitio del aseguramiento, debidamente respaldado a través de la carpeta BCS/CSL/0000300/2022 por delito de trata de personas en la hipótesis de explotación sexual y contra la salud.
El 8 de diciembre, agentes federales acudieron al inmueble ubicado en la Zona Centro de Cabo San Lucas, donde se entrevistaron con personas del sexo femenino que se encontraban en el lugar, quienes se ostentaron como encargadas de la negociación.
Al presentar la orden de cateo del local comercial sospechoso, se aseguraron:
* Tres preservativos de diferentes colores.
* 40 dólares en efectivo.
* 3 mil 650 pesos en efectivo.
* Una terminal bancaria.
* 10 tabletas de color blanco.
* Un frasco de pastillas con la leyenda Fenazopiridina.
* Una libreta.
* Una caja de cartón con envoltorio cerrado.
* Un objeto sexual de silicona.
* Un lubricante vaginal.
El Agente del Ministerio Público Federal puso a disposición lo asegurado para deslindar responsabilidades, y en caso de configurarse el delito, ejercer acción penal contra los responsables.
