El 6 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 77VG/2022 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, por violaciones graves contra un hombre en 2019.
De acuerdo con la denuncia, la víctima fue sometida a una detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura, atribuibles a elementos militares en Ensenada.
En 2018, la CNDH recibió un escrito de queja refiriendo que, el 5 de junio de 2009, elementos militares detuvieron a una persona mientras caminaba sobre el Bulevar Costero de Ensenada, lo subieron a un vehículo oficial y le cubrieron el rostro con su propia camiseta.
Durante su traslado fue golpeado en varias ocasiones mientras le preguntaban sobre su identidad. Posteriormente, lo ingresaron a un cuarto en el que fue despojado de sus pertenencias, le tomaron fotografías, lo obligaron a firmar hojas en blanco y recibió descargas eléctricas en los testículos.
El análisis de varias pruebas permitió al organismo nacional acreditar violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal, al trato digno por actos de tortura y por retención ilegal de la víctima, ya que diferentes dictámenes concluyeron que presentaba secuelas psicológicas como pesadillas relacionadas al evento de tortura denunciado, tristeza, frustración y resentimiento hacia los elementos aprehensores, así como estrés postraumático, entre otras afectaciones.
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La Sedena argumentó que, tras recibir una denuncia anónima, elementos de esa instancia se trasladaron a la colonia Centro de Ensenada, donde se encontraba una persona del sexo masculino a bordo de una camioneta, al parecer armado, por lo que lo detuvieron, le informaron que sería trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente.
Sin embargo, se comprobó que la víctima fue objeto de maltrato físico y psicológico durante su detención arbitraria, privación de la libertad y puesta a disposición con dilación ante el Ministerio Público federal, ya que ésta se llevó a cabo casi 24 horas después de su aseguramiento.
Solicitaron al titular de la Sedena reparar integralmente el daño causado a la víctima, incluyendo para ello una compensación “justa, atención psicológica por parte de personal especializado, medicamentos y materiales gratuitos convenientes a sus padecimientos”. Además, se pide colaborar en la investigación realizada por la Fiscalía General de la República para determinar la responsabilidad de las personas servidoras públicas involucradas en el caso, e impartir un curso de capacitación en materia de Derechos Humanos, enfocado en la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dirigido en específico a personal de la II Zona Militar en Tijuana.
