Una familia en contexto de movilidad ha sido víctima del aparato del Estado que, lejos de protegerlos, los ha expuesto a una serie de injusticias. Un padre, una madre embarazada y un menor de cinco años, huyeron de su natal Honduras, para salvar la vida y ofrecer un mejor futuro a sus hijos.
En su recorrido hasta BC, los secuestraron, los amenazaron y les intentaron robar al menor; sin embargo, lograron llegar a Mexicali y establecerse en lo que el gobierno de Estados Unidos les daba cita para ingresar a ese país con una visa humanitaria.
Yamilet, César y David tenían permiso de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para estar en el país y esperar la resolución de su solicitud de asilo en EU. César, de 25 años de edad, comenzó a trabajar con un hojalatero y rentaban un humilde departamento.
En mayo de este año, salieron en familia a comprar comida. Pasaron por La Plaza del Mariachi y ahí había un retén de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM); los detuvieron y solicitaron identificación. César tenía una copia del documento de la Comar, pero no bastó para los agentes.
Fueron detenidos y entregados al Instituto Nacional de Migración, donde los trasladaron a Tijuana al albergue estatal “Santuario Migrante”, a pesar que de acuerdo a la suspensión 1597/2018 instruida por un juez federal, no se puede detener a personas por razón de su estatus migratorio (y por el simple hecho de su estatus migratorio irregular, ser entregadas al INM); sin embargo, la familia sí contaba con su estancia temporal, por lo que no había razón de retenerlos y enviarlos a Tijuana.
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Una vez en el albergue, la primera semana de junio, la familia fue trasladada al DIF para atenderles ante el embarazo de Yamilet. Pero a su hijo David lo separaron con las trabajadoras sociales, y de ahí con un psicólogo. Pasaron las horas y nadie les daba información del menor, hasta que les informaron que permanecería en DIF porque el niño, en entrevista con el psicólogo, declaró supuestamente haber sido violentado por su padre.
Ante la insistencia de los padres, las trabajadoras sociales les dijeron que tenían que hacer una serie de procedimientos para recuperar a su hijo: asistir a la escuela para padres, recibir atención psicológica y conseguir un domicilio donde el menor se pudiera desarrollar libremente.
Tanto Yamilet como César cumplieron con lo que les solicitaba el DIF. El padre del menor se empleó para costear un apartamento en Tijuana, mientras la madre enfrentaba las últimas semanas del embarazo.
A finales de julio, Yamilet fue trasladada de emergencia al Hospital Materno Infantil; su embarazo se había pasado una semana y sería sometida a una cesárea. Dio a luz a una bebé, y al siguiente día debía ir a la escuela para padres; de no hacerlo, podría no volver a ver a su hijo; pero durante el parto, a César y a ella los separaron. Él asegura que empleados del DIF le dijeron que si no se alejaba de Yamilet, no les devolverían a David.
Él fue trasladado al albergue Don Bosco y su esposa al Santuario Migrante, con la bebé. Ella, aún convaleciente, fue al resto de las sesiones, pero tenía mucho dolor en el vientre; aseguró a ZETA que sentía que se moría. Por ello volvió al hospital luego de que rogara que la atendieran: tenía una hemorragia interna por una negligencia médica que se suscitó cuando le realizaron la cesárea; como resultado le retiraron la matriz. Supuestamente le explicaron el procedimiento que le realizaron, pero ella argumenta que no entendió qué es lo que le harían y sus implicaciones.
Los médicos la dieron de alta y concluyó la escuela para padres; en el proceso, gracias a un pastor cristiano, se pudo reencontrar con su esposo, pero en el Santuario Migrante, al enterarse que la familia sesta reunida, la corrieron del albergue junto a la bebé recién nacida.
Con ayuda del pastor la familia encontró un pequeño cuarto para habitar y apelar que les regresaran al menor. La última semana de julio concluyeron el proceso que les había indicado el DIF, pero no se los devolvieron.
El argumento fue que había una denuncia penal contra ellos, como padres agresores, ante la FGE, interpuesta por el DIF luego de que supuestamente David declarara que en alguna ocasión su padre lo reprendiera a golpes con un cable, al igual que a su mamá.
Ellos lo niegan, aseguran que no le han pegado. Yamilet refiere que César nunca le ha puesto una mano encima, “por eso estoy con él, porque me trata bien y con respeto”. César reflexionó: “No se imaginan todo por lo que tuvimos que pasar para llegar hasta acá y lo último que quería es que David sufriera más, nunca le he pegado”.
La familia y el pasto acudieron a la FGE para solicitar información sobre la denuncia en su contra, pero en la Fiscalía se negaron a proveérselas y los corrieron de las instalaciones, narró el religioso Raúl Ignacio a ZETA. Lo único que consiguieron a través de un contacto, fue el número de caso: 0204-2022-36026, y que la denuncia se interpuso la primera semana de agosto.
Yamilet y César lograron tener contacto con su hijo David, quien se encontraba -sin haberse notificado a la familia- en una casa hogar en Ensenada.
La comunicación fue vía telefónica, el menor reclamó a sus padres que lo habían abandonado y les pedía volver a estar juntos y conocer a su recién nacida hermana. No fue hasta el 25 de octubre que se pudieron reunir en las instalaciones de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en Tijuana.
Solo tuvieron 45 minutos con David, y después los encargados lo llevaron de vuelta a Ensenada. Los padres relataron que el menor estaba muy contento de verlos y conocer a su hermana.
Hasta el cierre de edición no se ha notificado a la familia de la presunta denuncia, ni llamado a declarar. No tienen certeza de cuándo devolverán a su hijo, ni de cuándo podrán verlo de nuevo. De acuerdo con la FGE, personal especializado está trabajando con el menor para determinar si realmente fue violentado por sus padres.
DIF puede solicitar a la FGE separar niños de familias migrantes si detectan violencia
La procuradora de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, Berenice López Meza, detalló el proceso que lleva a cabo DIF cuando llegan familias migrantes a algún albergue del Gobierno del Estado, cómo detectan si un menor sufre o sufrió violencia y ordenan a la FGE cómo medida de protección, la separación del menor:
“Ingresan al Santuario, se les realiza una entrevista para conocer la nacionalidad, verificar el estado de salud, hay un equipo de psicólogos también, de abogados, los cuales de manera multidisciplinaria atienden a estos núcleos familiares. Se verifica que sean los familiares o padres de los menores de edad; o bien, alguna persona de confianza autorizada por los papás, y que el niño, niña o adolescente, constate que existe un vínculo con ese adulto que lo acompaña”.
— ¿En qué casos el DIF podría quitarle un niño o un hijo a una familia migrante?
“Si se detectara que un menor de edad está siendo vulnerado en sus derechos por su propia familia o el adulto que lo acompañe, se le da vista a la autoridad competente para que nos pongan a disposición a ese menor de edad”.
— ¿Podría poner un ejemplo de en qué caso le podrían retener a un hijo?
“En nuestro caso, nosotros damos vista a la autoridad competente, de situaciones que pueden ser muy palpables, como un maltrato fisco, un maltrato psicológico”.
— ¿Cómo determinan que un menor tiene maltrato físico o tiene maltrato psicológico?
“Esto se puede observar en entrevista atendiendo el perfil del niño: que si él habla; o si no habla, si no tiene una forma de expresarse, por medio del dibujo el área psicología puede advertir que estas situaciones de vulneración a sus derechos. Y de encontrarse algún maltrato físico o psicológico, se le da vista a la autoridad”.
— ¿Quién es la autoridad competente?
“En este caso sería la Fiscalía para que dicten de alguna forma, alguna medida de protección y nos pongan a disposición estos niños”.
— ¿No es como que el DIF en automático retenga al niño?
“No, nosotros no somos autoridad competente. Si detectamos violencia en el tránsito de esta ruta migratoria, si el niño fue objeto de algún delito, si lo refiere, nosotros procedemos presentando la denuncia correspondiente a la Fiscalía para que nos ponga a disposición al niño”.
— ¿Cuándo se les notifica?
“Es el mismo día”.
— ¿Si al niño lo retienen en Tijuana, se queda en la ciudad o se envía a otro municipio?
“No, no retenemos a los niños. Si el niño y la familia están en Tijuana, el deber ser es que el niño permanezca en Tijuana, salvo algunos casos en particular que se pudiera presentar. Sin embargo, esto no va a impedir que la familia se acerque a la subprocuraduría a trabajar con un plan que le impongan para lograr la reintegración familiar”.
