La primera orden de aprehensión contra David López Jiménez “Cabo 20” después de su captura el 24 de agosto de 2022 en Monterrey, Nuevo León, no fue por la autoría intelectual del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, como se pensaba durante los 80 días que permaneció en arraigo en Ciudad de México.
“Cabo 20” se encuentra en prisión en Baja California porque un juez local concedió la orden de detención por otro homicidio, el de uno de sus secuaces. En este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene evidencia que incrimina a López Jiménez en el caso del asesinato de Margarito Martínez, y de hecho, en el de la también periodista Lourdes Maldonado, aún se están integrando las carpetas.
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De lo que sí tienen certeza los investigadores, es que “Cabo 20” ordenó el crimen contra Martínez directamente, mientras que el asesinato de Maldonado lo llevó a cabo “por encargo” de una tercera persona, aún no identificada.
En el caso del asesinato por el cual permanece en el centro penitenciario de El Hongo, se trata de la investigación con Número Único de Caso 4183/2022, donde se determina que por órdenes “insistentes” de López Jiménez, José Alvízar “El Tamal” envió a cinco matones el 23 de junio de 2022 a asesinar a Carlos Adrián Estrada Hernández “El Pupet” en Tijuana.
Entre las pruebas, refieren que incluso estando los sicarios en la escena del crimen, por teléfono reiteraron la orden “mátenlo”.
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Por esta carpeta, la FGE acusa a López de homicidio calificado con ventaja, en la modalidad de “instigador”, “insistente”, de homicida intelectual.
De acuerdo a los investigadores, David López Jiménez “Cabo 20” y/o “Lobo”, y José Luis Alvízar Anguiano “El Tamal”, son cómplices criminales. Al primero, el jefe, lo detuvieron el 24 de agosto; al segundo, el subalterno, el día 5 del mismo mes. Desde sus respectivos centros de detención, uno bajo arraigo y el otro en una prisión, continuaron planeando asesinatos y la comisión de diversos crímenes.
En la investigación cuentan con elementos que demuestran que desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en La Paz, Baja California, Alvízar se comunicaba por telefonía celular con López Jiménez, quien se encontraba en el Centro Federal de Arraigos, ubicado en el número 43 de la calle Ignacio Morones en la colonia Doctores de Ciudad de México, para organizar muertes y la comisión de otros delitos.
Sin problema, platicaron en agosto, septiembre y octubre, justo en este mes, en un acto de total burla a la justicia, “El Tamal” le habló a “Cabo 20” para preguntarle si “El Chucky” tenía “gente” porque quería sentar a “El Sebas”, o si podían buscar matones en la zona de “El Pozo” para que lo hicieran. Por esas fechas también hablaron de asesinar a un hombre al que sólo identificaron como “El Chuy”.
Tras las rejas, procurando controlar la actividad criminal afuera y en sus comunicaciones, no mostraron preocupación alguna por el encierro, menos por su futuro judicial.
Antes de ser transferido a Tijuana, a López Jiménez le quitaron el teléfono que le habían facilitado en el Centro de Arraigo, por eso, al final de la audiencia de imputación el 14 de noviembre, pidió al juez y a sus abogados acelerar los trámites, porque hasta ese momento no le habían permitido hacer una llamada a su familia, como era su derecho.
REAPREHENSIÓN Y TRASLADO
El arraigo 1122/2022, otorgado por el Juez Segundo de Control en la materia, documento que permitió retener 80 días a David López Jiménez “Cabo 20” y/o “Lobo” en el Centro Federal localizado en la colonia Doctores de CDMX, concluía a las 17:00 horas del domingo 13 de noviembre de 2022.
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Fue internado en ese lugar tras ser capturado la mañana del miércoles 24 de agosto de 2022 en Nuevo León por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina, la fiscalía neolonesa y Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), después de un arduo trabajo de seguimiento de diez investigadores de la FGE bajacaliforniana, la cual llevaba siete meses persiguiéndolo como sospechoso del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, ocurrido el 17 de enero.
En agosto, la FEMDO se lo llevó por “delitos de flagrancia” y le otorgaron el arraigo de 40 días – término que se duplicó- “… para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”, pero la Federación no investigó nada y hasta teléfono le permitieron usar.
En ese contexto, un día antes de vencer el arraigo, el sábado 12 de noviembre, un agente del Ministerio Público de la Federación hizo llegar una solicitud al comisario de Francisco Galván, de la Guardia Nacional, para solicitar su colaboración y ejecutarle a “Lobo” una orden de aprehensión de Baja California y trasladarlo al Estado antes mencionado para presentarlo en una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso por el cargo por “homicidio calificado con ventaja” en la causa penal 04183/2022 con NUC 04-2022-27937.
La orden de aprehensión se solicitó en audiencia privada el 12 de noviembre, y se otorgó el domingo 13 de noviembre después del mediodía.
López Jiménez fue trasladado a Baja California en un vuelo comercial, llegó al Aeropuerto de Tijuana después de las 03:00 horas del lunes 14 de noviembre y fue trasladado al Cereso El Hongo en Tecate por cinco unidades de la FGE y otras cinco de la Sedena, las cuales lo ingresaron alrededor de las 06:00 horas al penal, donde lo radicaron en una celda para su uso exclusivo en la que se solicitó vigilancia extra “para evitar ser atacado” y le sea facilitado otro teléfono celular.
PARA FORTALECER CARPETA
López ha sido señalado por el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio, como “… operador visible del Cártel Arellano Félix (CAF), no es el único, pero sí el principal generador de violencia…” en el Estado.
También lo ha identificado como jefe criminal de José Heriberto Ochoa “El Huesos”, Adrián Nicolás Ramos “El Uber” y Cristian Adán Velázquez “Cabo 16”. Tres hombres que, en un operativo efectivo, fueron detenidos la primera semana de marzo, menos de dos meses después del crimen. Están siendo juzgados por el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, cometido el 17 de enero (NUC-04/2022-02151).
— ¿Ya existen elementos para vincular a “Cabo 20”?, se le preguntó al fiscal Carpio en entrevista el 25 de octubre.
“Estamos haciendo unos ajustes y puliendo algunas informaciones que se están incorporando en las carpetas de investigación, señalamientos y datos técnicos obtenidos de manera legal que precisan que él propuso y ordenó la ejecución de Margarito Martínez, para que en lo próximo podamos aspirar a obtener orden de aprehensión y coordinar las acciones necesarias con Fiscalía General de la República para que, una vez que concluya su arraigo- 13 de noviembre-, sea puesto a disposición del Poder Judicial de Baja California, para que esta Fiscalía General del Estado le haga la imputación correspondiente por este delito”.
Pero no alcanzaron a completar esta carpeta antes de que venciera el arraigo, están en posesión de dos declaraciones y varios elementos técnicos, pero optaron por ampliar esta indagatoria.
Desde que las autoridades confirmaron de manera extraoficial el traslado de “Cabo 20” a Baja California, refirieron que era por “homicidio”, pero no el de Margarito Martínez.
En atención de prensa de Carpio Sánchez la tarde del 15 de noviembre, reiteró que López Jiménez es el autor intelectual del homicidio de “Mago” y que la célula criminal que encabeza también asesinó a la periodista Lourdes Maldonado -23 de enero- por encargo y con un pago económico, que lo estaban procesando por el homicidio de uno de sus secuaces que se le había revelado, y destacó:
“Importante mencionar que se sigue la investigación en los temas de los homicidios cometidos contra los periodistas mencionados anteriormente, y estamos fortaleciendo la carpeta de investigación para que en el inter del tiempo que aún se mantenga detenido a esta persona, podamos accionar la Ley, podamos ejecutar acción penal en contra de este individuo, por estos otros hechos, y algunos otros más que se están investigando. Estamos para ello desplegando una estrategia procesal para hacernos de datos de prueba y testimonios de personas clave para demostrar lo que argumentamos”.
La audiencia inicial de “Cabo 20”, y la audiencia intermedia de los presuntos homicidas materiales de Martínez, coincidieron en día y hora. En el caso del proceso de Ochoa, Ramos y Velázquez, la sesión primero se retrasó dos horas y después se pospuso hasta el 12 de diciembre.
La postergación de la audiencia con causa penal 1538-2022, se debió a que el abogado defensor José Ávila Pérez argumentó no haber tenido en su mano el expediente en el tiempo necesario para su análisis, al serle entregado sólo once días antes, el 3 de noviembre.
El Ministerio Público manifestó que el abogado fue enterado, le informaron y tuvo a su disposición la carpeta mucho tiempo antes, pero fue él quien decidió pasar a recogerlo hasta el día 3. Al final, los imputados, la parte ofendida y FGE aceptaron, y la juez de Control, Leticia Larrañaga, otorgó el aplazo.
TRANQUILO Y DE BUEN SEMBLANTE
De regreso en Baja California, la prensa pudo ver a David López Jiménez en dos momentos, al llegar al aeropuerto -donde fue videograbado- y en la audiencia televisada.
El hombre de 32 años, 1.70 metros de estatura y tez morena clara, mantiene su complexión robusta, tal vez unos pocos kilos menos que en las fotografías de su captura en agosto, el cabello oscuro lacio seguía corto, y la barba incluso mejor perfilada que en Nuevo León, evidenciando que en el Centro de Arraigo le proporcionaron servicio estético.
Esposadas las manos al frente, pantalón deportivo gris, camisa blanca que le salía por debajo de la sudadera naranja y tenis blancos, del aeropuerto, López salió rodeado de una decena de elementos de la Guardia Nacional y agentes de la FGE, quienes en la banqueta fueron resguardados por soldados.
En la breve antesala que hicieron esperando en la salida de pasajeros, y en los poco más de 30 segundos que tardaron en subirlo a la patrulla gris de la FGE, el detenido se veía tranquilo y caminó erguido; portaba cubre bocas negro recargado en el mentón y no intentó esconder el rostro ante las cámaras que lo grababan y fotografiaban.
Lo mismo en su audiencia, la cual atendió desde el Cereso El Hongo, aproximadamente después de seis horas de haber ingresado y un viaje de madrugada. Frente a la cámara, se le pudo ver en algunas ocasiones apretar la boca, voltear los ojos hacia arriba y negar levemente, moviendo el rostro con un gesto de incredulidad y desaprobación, mientras la representante de la fiscalía leía algunos de los señalamientos en su contra. Al final incluso se le vio bostezando.
Por consejo de sus abogados, “Cabo 20” se negó a declarar y solicitó al juez el plazo de 144 horas para la audiencia de vinculación, la cual, por cuestiones de agenda del juez, se programó para el sábado 19 de noviembre a las 09:30 horas.
ABOGADOS INTIMIDAN AL JUEZ
Durante la audiencia de formulación de imputación de López Jiménez, su abogado particular -antes de ser nombrado- Víctor Hugo López Ramírez, puso palabras en boca del juez de Control, Francisco Molina Hernández, con la evidente intención de intimidarlo… y logró su objetivo.
De inicio, el juzgador informó a “Cabo 20” que estaba asistido por un defensor de oficio y que en la audiencia podría solicitar el cambio a sus abogados particulares, quienes también estaban presentes en la transmisión vía remota: Víctor Hugo López Ramírez desde su auto, fuera de la región, y el bajacaliforniano egresado de la UABC, Irving Arturo Ávila Torres, en una oficina fuera del Poder Judicial en Tijuana.
Como aparentemente intentaban retrasar la audiencia hasta ser designados, el juzgador les dijo que no postergarían- se vencían los tiempos-, que López estaba debidamente representado y no en indefensión, por lo que ellos podrían cumplir con el trámite de registrase ante el Poder Judicial de Baja California y continuar el proceso. Como juez, él ya había sido requerido cuando permitió que abogados no registrados llevaran proceso.
El abogado López argumentó que él había ganado alegatos porque no le permitieron litigar por no estar registrado, debido a que la Ley le permitía participar como defensa sólo con exhibir su cédula profesional. Hablaron en privado con “Cabo 20”, y al regresar López Ramírez, informó al juez que ya le habían dicho a su cliente que no les permitía hacer su trabajo a pesar de que la Ley los asistía, que le estaba negando su derecho y que mejor se retiraría. Después de eso, Molina accedió a postergar unas horas la audiencia, dando tiempo para que el licenciado Irving Ávila fuera con el defensor público a recoger el expediente, y a participar como defensa con cédula, sin estar registrados.
De acuerdo al perfil colocado en internet por el licenciado López Ramírez, tiene “veinte años de experiencia en el litigio en materia penal y amparo con alto grado de especialización en delitos federales y delitos especiales como Delincuencia Organizada, así como, amplio desarrollo en procedimientos de Extradición Internacional” y está radicado en la Alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México. La primera asesoría tiene un costo de 2 mil a 4 mil pesos.
El tercer abogado designado fue Julián Dorantes Álvarez, licenciado en Derecho registrado en Tijuana.
DOS TESTIGOS IMPUTAN A LÓPEZ JIMÉNEZ
De acuerdo con la versión de la FGE, la carpeta en que acusan a López Jiménez “a título de instigador”, “insistente”, en el homicidio calificado con ventaja, cometido en contra de Carlos Adrián Estrada Hernández el 23 de junio de 2022 en el interior del Edificio H de Infonavit Cachanilla en Tijuana por Alexis López Torres “El Bodoque”, Jarold Pérez Hernández, Hernando Oceguera -los tres detenidos minutos después del ataque-, Abraham Martínez Santana y Brayan Ortega, quienes recibieron la orden directa de José Luis Alvízar Anguiano “El Tamal”, reúne los “elementos mínimo suficientes para vincular” a “Cabo 20” y obtener un plazo de seis meses para continuar la indagatoria, con el sospechoso en prisión preventiva.
Con mensajes telefónicos de amenaza y una captura de pantalla, la mujer de la víctima evidenció que su pareja había sido amenazada de muerte por “El Tamal” antes de ser atacado, por negarse a participar en la “conecta”, venta y distribución de droga en la zona de “Torres, La Esperanza y El Pozo”.
“Dile que se esconda porque lo voy a picar en pedacitos”, “Para que vea que conmigo no se juega al que vea en el departamento lo voy a remangar” y “Se les dio la oportunidad”, fueron parte de las advertencias.
Dos testigos vinculan a López Jiménez con la muerte de Estrada. Los testimonios indican que, tras la muerte de la víctima, su hermana se quedó con el celular en el que días después recibieron un llamado de “Cabo 20”, la mujer se asustó y pasó el teléfono a su pareja, ante quien el acusado admitió haber mandado matar a Estrada, justificando: “Pero fue porque el güey se volteó, y jale es jale”.
El segundo es un “vecino”, quien declaró que era sabido que López era jefe del grupo criminal y estaba detrás de todos los delitos en Sánchez Taboada y sus inmediaciones. Lo conocían porque desde chico vivió en la zona, y antes vendía pan y tamales.
El hombre aseguró haber escuchado cuando “El Tamal” recibió una llamada telefónica de “Cabo 20” en altavoz, en la cual éste insistía en el asesinato de Estrada y le advirtió que no necesitaba tanta preparación, que fueran al departamento y le quitaran la vida.
LOS PENDIENTES EN BCS
Adicionalmente, quedan por resolver tres temas a cargo del procurador general de Justicia de Baja California Sur y ex secretario de Seguridad de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya.
El coacusado de “Cabo 20”, José Luis Alvízar Anguiano, detenido el 5 de agosto en Baja California Sur por el cargo de homicidio, violó la Ley al mantener comunicación telefónica y ordenar homicidios desde el penal sudcaliforniano.
La licencia que “El Lobo” portaba al ser detenido en Nuevo León fue otorgada ilegalmente por el Gobierno de Baja California sur, con la foto de David y a nombre de su hermano Julio, con los mismos apellidos; el fiscal lo sabe desde hace casi tres meses.
Además, en la carpeta por el asesinato de Ricardo Antonio Álvarez Olivares “Cabo 39”, cometido hace más de un año, el 2 de agosto de 2019 y por el cual ya acusaron a su jefe de sicarios, José Cristian Gómez Rosales “El Pitey”, la procuraduría sudcaliforniana contempla a “El Lobo” como uno de los autores, incluso tienen una huella vinculante, pero aún no lo han acusado.
