El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), presentó los resultados del estudio “Informalidad Laboral y Precarización Social en Tijuana 2018-2020”, realizado por el doctor Gerardo Ordoñez Barba y la doctora María del Socorro Velázquez Vargas.
Según los resultados del estudio presentado el 28 de octubre, Tijuana ha enfrentado un desfase en apoyo gubernamental en la provisión de bienes como la vivienda, así como en los servicios, la construcción de infraestructura urbana, social, y productiva que se requiere. Esto ha generado condiciones de marginalidad urbana, inseguridad pública e inaccesibilidad a servicios sociales, sobre todo en el sector salud; y un debilitamiento productivo.
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Lo que significa que a pesar de su buen desarrollo económico, esta ciudad se encuentra rezagada en infraestructura hospitalaria, pública y privada, si se compara con Monterrey, que cuenta con cuatro veces más el número de consultorios médicos.
El panorama ha sido agravado por la crisis económica y sanitaria que provocó la pandemia de Covid-19 y que evidenció deficiencias en el sistema de salud público, carencias en la habitabilidad de viviendas por las condiciones del confinamiento, y “patentizó las fragilidades de la ocupación y sus implicaciones en términos de precarización y pobreza laborales”.
“La informalidad laboral y precarización social ha erosionado las protecciones que garantizan la reproducción social y ejercicio de los derechos más elementales”, comentó durante su exposición la doctora María del Socorro.
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Según ambos doctores, para resolver dichas problemáticas es necesario plantear una estrategia de política pública que atienda las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la consolidación del entorno urbano; provea servicios sociales, genere condiciones para la creación de empleos “decentes”, y elimine prácticas que propicien la informalidad y precarización laboral.
Asimismo, es imperativo crear un paquete de apoyos que contrarresten los efectos de las crisis económicas y sanitarias, como el aumento de contagios y mortalidad; el desempleo y subempleo; y la pérdida de ingresos en las familias.
Otras recomendaciones son recuperar los salarios, impulsar la formalización de la ocupación, y crear nueva reglamentación para mejorar la estabilidad e igualdad de las condiciones de empleo.
Fue debido a que Tijuana es una frontera con dinámica transnacional, presencia de migrantes e industria maquiladora -características que contribuyen al estado actual de informalidad laboral y precarización social- que el estudio se basó en ella; además del área metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana del Valle de México y Ciudad Juárez, pues son las que más contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB) del país, esto según Ana Claudia Coutigno, secretaria general académica de El Colef. Ana K. Ortiz
Etiquetas: ZETA, Semario ZETA, Informalidad laboral, Precarización Social, Colef, Tijuana, Estudio
El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), presentó los resultados del estudio “Informalidad Laboral y Precarización Social en Tijuana 2018-2020”, realizado por el doctor Gerardo Ordoñez Barba y la doctora María del Socorro Velázquez Vargas.
Según los resultados del estudio presentado el 28 de octubre, Tijuana ha enfrentado un desfase en apoyo gubernamental en la provisión de bienes como la vivienda, así como en los servicios, la construcción de infraestructura urbana, social, y productiva que se requiere. Esto ha generado condiciones de marginalidad urbana, inseguridad pública e inaccesibilidad a servicios sociales, sobre todo en el sector salud; y un debilitamiento productivo.
Lo que significa que a pesar de su buen desarrollo económico, esta ciudad se encuentra rezagada en infraestructura hospitalaria, pública y privada, si se compara con Monterrey, que cuenta con cuatro veces más el número de consultorios médicos.
El panorama ha sido agravado por la crisis económica y sanitaria que provocó la pandemia de Covid-19 y que evidenció deficiencias en el sistema de salud público, carencias en la habitabilidad de viviendas por las condiciones del confinamiento, y “patentizó las fragilidades de la ocupación y sus implicaciones en términos de precarización y pobreza laborales”.
“La informalidad laboral y precarización social ha erosionado las protecciones que garantizan la reproducción social y ejercicio de los derechos más elementales”, comentó durante su exposición la doctora María del Socorro.
Según ambos doctores, para resolver dichas problemáticas es necesario plantear una estrategia de política pública que atienda las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la consolidación del entorno urbano; provea servicios sociales, genere condiciones para la creación de empleos “decentes”, y elimine prácticas que propicien la informalidad y precarización laboral.
Asimismo, es imperativo crear un paquete de apoyos que contrarresten los efectos de las crisis económicas y sanitarias, como el aumento de contagios y mortalidad; el desempleo y subempleo; y la pérdida de ingresos en las familias.
Otras recomendaciones son recuperar los salarios, impulsar la formalización de la ocupación, y crear nueva reglamentación para mejorar la estabilidad e igualdad de las condiciones de empleo.
Fue debido a que Tijuana es una frontera con dinámica transnacional, presencia de migrantes e industria maquiladora -características que contribuyen al estado actual de informalidad laboral y precarización social- que el estudio se basó en ella; además del área metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana del Valle de México y Ciudad Juárez, pues son las que más contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB) del país, esto según Ana Claudia Coutigno, secretaria general académica de El Colef.
