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sábado, diciembre 3, 2022
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Hacienda solicitará autorización para deuda de 3 mil 500 mdp por Bono Verde

Antes de que termine 2022, la Secretaría de Hacienda enviará una propuesta al Congreso de Baja California para que le apruebe la emisión de un Bono Verde, que es, en palabras del secretario de Hacienda Marco Antonio Moreno Mexía, deuda que se usará para financiar proyectos de infraestructura amigables con el medio ambiente, por un monto total de 3 mil 500 millones de pesos.

Entre los proyectos que se llevarían a cabo se encuentra la rehabilitación de las plantas de tratamiento de agua residual; así como 500 millones de pesos que se destinarán a proyectos productivos para mujeres. La fuente de pago del Bono Verde será el repago de los proyectos, ya que éstos estarán enfocados a actividades que generan recursos, como es la venta de agua tratada para reúsarse.


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Para ello, es necesario involucrar a los organismos operadores del agua, quienes deberán cumplir con las métricas a fin de que se garantice el repago del Bono Verde, abundó Moreno Mexía, durante su comparecencia con motivo de la Glosa del Primer Informe de Labores de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El funcionario indicó que el monto del Bono Verde podría potencializarse más con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) a fondo perdido, pues la institución federal está interesada en la rehabilitación de plantas de tratamiento de agua residual de Ensenada, para llevar agua a los productores del Valle de Guadalupe.

“Fonadin también ya tiene autorizada la posibilidad de inversión en la rehabilitación de agua residual de San Antonio de Los Buenos. Queremos rehabilitar la planta de tratamiento las Arenitas en Mexicali”

La suma de los recursos privados y de la banca pública de desarrollo podría llegar a los 8, 9 mil millones de pesos, más el monto de inversión con recursos propios (4 mil mdp), indicó Moreno Mexía, este 18 de noviembre de 2022.

“El tema del agua es de estricta urgencia para el estado”, toda vez que el tratado con EUA por la cuenca del Río Colorado-Tijuana puede generar un recorte del 30% del volúmen del líquido que se entrega a Baja California en 2024, por la sequía de más de 20 años; y se tiene un volumen de proyectos en materia hídrica pendientes de inversión en el estado por el orden de mil millones de dólares.

Por otro lado, Moreno Mexía rechazó que el gobierno estatal esté pensando en refinanciar la deuda con la que ya cuenta el gobierno estatal “No hay ningún interés en refinanciar deuda”.

Con información al tercer trimestre de 2022, la deuda directa del gobierno estatal asciende a 15 mil 174 millones de pesos; la deuda de paraestatales no avalada por el gobierno estatal es de 591 millones de pesos; y la deuda de organismos de agua suma mil 439 millones de pesos (avalada por el gobierno estatal).

Moreno Mexía recordó que del total de la deuda directa del estado, 3 mil millones fueron contratadas por el gobierno pasado. De ese monto, se han ejercido mil 729 millones de pesos.

La mayor parte de la deuda del Estado está blindada contra el alza de las tasa de interés, ya que a principios de 2022 se adquirió un swap con el que tendrá una tasa de 7.7% de interés, que es menor a la tasa de más de 10% que actualmente está en el mercado.

En tanto que la deuda de los municipios es de 4 mil 286 millones de pesos. A Tijuana corresponden 2 mil 527 mdp; Mexicali, 936 mdp; Playas de Rosarito, 165 mdp; Tecate, 138 mdp, agregó.

Ante legisladores locales, Moreno Mexía aseveró que en el primer año de gestión de Ávila Olmeda se lograron ingresos por 10 mil 929 millones de pesos, que representan 20% más que en el primer año de la administración pasada, de Jaime Bonilla Valdez.

Del total de ingresos, por impuestos se recaudaron 7 mil 817 mdp; de derechos, 2 mil 452; de productos, 257 mdp; de aprovechamientos, 384 mdp.

Hasta el 31 de octubre pasado, el gobierno estatal tenía un superávit de 3 mil millones de pesos desde hace una década, derivado de un incremento de ingresos y de contención del gasto.

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Autor(a)

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Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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