Derivado de las resoluciones de juicios de amparo ganados contra las auditorías de Fisamex, las comisiones estatales del agua de Baja California fueron condenadas a restituir 162 millones 139 mil 876 pesos por cobros indebidos, informó Rosina del Villar Casas, secretaria de Honestidad y Función Pública.
El dato proporcionado por la funcionaria es mucho mayor al que refirió el 26 de octubre pasado el secretario del Agua, Armando Fernández Samaniego, quien -a pregunta expresa de ZETA– declaró que la Cespt tenía 50 millones de pesos en solicitud de devolución, pero que no se había devuelto ningún recurso, al no concluir los procedimientos judiciales. Mientras que en Mexicali ya se habían regresado 20 millones de pesos.
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En el gobierno pasado de Jaime Bonilla Valdez, la empresa conocida como Fisamex, dirigida por Manuel García Soto, determinó cobros millonarios a usuarios industriales y comerciales sobre “agua no contabilizada”, derechos de agua y tomas clandestinas.
En octubre de 2021, el gobierno de Bonilla Valdez ya había pagado más de 360 millones de pesos a Fisamex, correspondientes al 20 por ciento del monto “recuperado” por las auditorías, de mil 800 millones de pesos aproximados.
Luego de que el gobierno actual inició una investigación, y que las empresas afectadas comenzaron a ganar los amparos, Fisamex se encuentra “ilocalizable”, según lo manifestado por Rosina del Villar en agosto pasado.
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Un análisis financiero de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), elaborado por ObserBC, indica que entre 2020 y 2021 la paraestatal gastó 700 millones de pesos en servicios profesionales, científicos y técnicos
De enero a septiembre de 2022, la Cespt tuvo ingresos por tres mil 532.97 pesos; el nivel más bajo desde 2018. Esto pese a que en su presupuesto para el presente año se habían proyectado cuatro mil 624 millones.
En tanto, la paraestatal había erogado tres mil 163 millones al cierre de 2022, de los cuales, mil 891 millones corresponden a servicios generales; 799 millones a servicios personales (nómina); y 172 millones a deuda pública.
De los mil 891 millones de pesos ejercidos en servicios generales, no se identifica en qué se gastaron mil 477 mdp. Mientras que 172.5 millones fueron a servicios científicos y técnicos; 119 mdp a servicios básicos; y 64.8 millones a arrendamientos.
En total, el organismo operador del agua en Tijuana y Playas de Rosarito acumula un pasivo por tres mil 667 millones, reveló el estudio publicado el 22 de noviembre pasado.
