Desde 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado al menos mil 177 carpetas de investigación por el delito de despojo en perjuicio de propietarios ejidales, viviendas urbanas y de interés social.
La Unidad de Patrimoniales de la FGE en Ensenada tiene un equipo de cinco agentes a cargo de las investigaciones sobre despojos, y en promedio manejan de 25 a 30 carpetas cada uno.
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“Nos piden resultados, si pasa un año y no hay actividad le damos carpetazo, sólo le damos seguimiento a los casos donde los interesados le invierten dinero a través de abogados”, declaró un agente de la Unidad en Tijuana.
“Por ejemplo, acaban de resolver un asunto de 2020 en la delegación Maneadero, y hay miles de expedientes de otros años que se quedan ahí sin tocar, porque necesitamos arrojar números a los jefes”, agregó.
El fenómeno de invasiones en Ensenada y San Quintín ha generado un problema social que se ve reflejado en la incidencia delictiva de las colonias. Popular 89, Ángel de la Guarda, Nuevo Reforma, Lomas del Aguajito, Lomas de El Sauzal, Arroyo Ensenada y La Presa, son las zonas de alta marginación con mayor riesgo en materia de seguridad.
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El caso más reciente ocurrió dentro del fraccionamiento de interés social Puerto Azul, en la Zona Noroeste de Ensenada, donde desalojaron a 16 de 101 familias que serán desahuciadas en unas semanas tras invadir las propiedades en 2019.
Puerto Azul es considerado uno de los polos de mayor delincuencia, se localiza en la periferia de la ciudad y forma parte de las más de 20 mil mini casas que en 2008 se desarrollaron con apoyo del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y empresarios de la industria de la construcción.
El desarrollo fue construido por Homex, empresa que se declaró en quiebra y dejó el proyecto en el abandono, motivando a un grupo de personas a invadir las propiedades.
Scotiabank recuperó las viviendas y fueron rematadas a la empresa Proyectos Inmobiliarios Culiacán, SA de CV, la cual promovió un juicio civil que se resolvió a favor de los compradores.
Aunque los desalojados han manifestado derecho a permanecer dentro de esas casas, por humanidad, los vecinos más cercanos celebran el actuar de las autoridades, pues afirman, al ser personas sin trabajo ni posibilidades para adquirir una casa, habría más delincuencia.
“Estamos mucho mejor, porque a pesar de que los desalojados viven a unos metros de mi casa, nosotros no entramos para esa zona porque es sumamente peligroso, tengo años viviendo aquí y sólo he caminado hacía esa zona en un par de ocasiones”, describió un residente de Puerto Azul.
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Datos de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado Zona Ensenada, refieren que durante 2018 se abrieron 332 carpetas de investigación por tal delito; en tanto, de enero a octubre de 2019 hubo 190 carpetas más.
La cifra de denuncias presentadas se mantuvo en los siguientes tres años: en 2020 se contabilizaron 245, 2021 recibió 233 y, en el transcurso de 2022, son 177 carpetas iniciadas.
La estadística señala que alrededor del 72 por ciento de las denuncias presentadas ante Ministerio Público corresponden a invasiones en la zona urbana. Sin embargo, los predios de mayor calado se encuentran en la rural.
Los ministerios públicos de la zona sur como Delegación Maneadero y San Quintín, concentran el 20% de las denuncias, y el Valle de Guadalupe (Ruta del Vino), aproximadamente el 12%.
INVADEN PREDIO Y ESTABLECEN NEGOCIOS IRREGULARES
El domingo 27 de abril, al empresario constructor y ex diputado federal Wenceslao Martínez Santos le invadieron cuatro hectáreas de un terreno. En su opinión, la FGE no resolvió el conflicto, por lo cual dicha zona se ha convertido en área de riesgo.
La superficie de terreno de la compañía MÁS, se encuentra en el fraccionamiento Nuevo Reforma, donde esa mañana una veintena de personas ingresó al predio de 4.1 hectáreas, cerca del Eje Oriente.
Los invasores han edificado un asentamiento humano con materiales de reúso como llantas, cobijas, plásticos y tablones, no sólo han construido casas, sino negocios irregulares.
Los abogados de la empresa han interpuesto tres denuncias en el Ministerio Público, ya que en cuatro ocasiones han intentado invadir el predio, que antes era público, según consta en el Registro Público de la Propiedad y Comercio.
En 2012, el terreno fue adquirido al Gobierno del Estado, a través del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda.
“Desde que la gente entró a invadir ahí, pasa de todo, hay consumo de drogas, prostitución y homicidios”, compartió un trabajador del Deportivo Francisco Villa, ubicado frente a la superficie invadida.
