Daniel Esquenazi es, o fue, el representante de Seguritech por lo menos en Baja California. ZETA lo conoció cuando se presentó en defensa de la compañía de seguridad y no quiso refutar la investigación, en ese entonces en proceso, de un reportaje sobre el fraude en el C5i, producto de un contrato que la empresa firmó con el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid por arriba de los 700 millones de pesos, y en el cual se entregó equipo obsoleto, por decir lo menos. Luego, ya en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, Esquenazi lo volvió hacer. La gobernadora quedó convencida de la propuesta para adquisición de equipo de seguridad y vigilancia que le hizo por más de mil 170 millones de pesos. A pesar de la mala fama de Seguritech, el contrato se firmó y se ocultó, reservándolo por cinco años. De estas irregularidades ha dado cuenta este Semanario, y hace unos días, un despacho de abogados con base en Orlando, Florida, Estados Unidos, envió una carta a esta redacción para deslindar a Daniel Esquenazi de Seguritech. De hecho, solicitan que el nombre del representante sea removido de las notas que en línea dan cuenta de las irregularidades, particularmente de un editorial. Textualmente explican: “El señor Daniel Esquenazi ha sido acusado de un cierto escándalo, pero él ya ha sido castigado por lo que hizo, la noticia resulta ya vieja y solo tiene un impacto negativo en su vida privada. El problema es cuando la gente pone el nombre de nuestro cliente en el buscador de Google, y la primera cosa que encuentran es la noticia publicada por ustedes. La permanencia de esta noticia en los buscadores de Google no solo afecta su vida laboral, también su entorno familiar”. Posteriormente solicitan a ZETA “borrar” el nombre de su cliente. No se sabe -al menos no públicamente- del “castigo” a Esquenazi por los contratos firmados con el gobierno de “Kiko” -como lo hacen notar a los abogados-, pero se entiende que fue “castigado” y está buscando deslindarse de tales acciones y de la compañía que representa o representaba, cuando Ávila Olmeda firmó los contratos que ocultó. Cero transparencia, pues.
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Reestructuración
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mexicali, Octavio Sandoval, sospecha que el incremento que propuso y le aprobaron al gobierno de Marina del Pilar Ávila a la tarifa del agua y a una sobretasa del ISPT, que entró en vigor a la de ya en este mes de noviembre, tiene por objetivo una mayor recaudación para estar en condiciones de tener recurso suficiente para que el Gobierno del Estado pueda solicitar en 2023 una reestructuración de la deuda de Baja California. ¿Será?
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Dos cachuchas
Algunos funcionarios del actual gobierno estatal son tan afines al nuevo régimen que hasta quieren aparecer en dos nóminas diferentes… el problema es que lo hacen cobrando la misma cantidad de sueldos. Víctor Salvador Rico Hernández, actual director general del Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC) es un viejo conocido dentro de la administración pública, y al frente de la institución, percibe un nada despreciable salario de 60 mil 309.42 pesos al mes, según el registro del último trimestre de Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Es responsable de la atención psiquiátrica y de la política pública para atender este tema, y como es sabido, en la entidad no se tiene precisamente el mejor cuidado en la materia, sobre todo tratándose de adicciones. Más allá de ese tema, lo interesante es que Rico Hernández no se conforma con la dirección más importante en la materia, sino que además desea un sueldito extra, proveniente de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario. Y es que, según la misma PNT, el doctor cuenta con otro chequecito de 9 mil 813 pesos al frente de la Coordinación Estatal Médica del Sistema Penitenciario de Baja California, actualmente dirigida por María Elena Andrade Ramírez. El funcionario tiene ese doble cargo desde antes que iniciara la actual administración, y, según la Plataforma, no se trata de un trabajador de base con “licencia”, sino de un empleado de confianza. Más allá del sueldo, parece que al funcionario -quien es psiquiatra- le gusta tener influencia y poder en diversos puntos de la administración pública, pero el hecho que esté cobrando en dos áreas distintas del gobierno, representa una irregularidad.
Policías
En la anterior edición de ZETA, el reportaje de portada versó sobre la corrupción, inseguridad y violencia que se vive en el llamado Pueblo Mágico, Tecate. La cabeza fue “Policías matan policías”, y se fundamentó en una investigación presentada en la Mesa de Seguridad, donde se dio cuenta de cómo agentes municipales de Tecate no sólo estaban infiltrados por el narcotráfico, sea el Cártel Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa, sino que eran cómplices al momento de ubicar a ciertos compañeros para que éstos fuesen asesinados por la criminalidad organizada. Además, se investigó que entregaban detenidos a los cárteles, personas que están en calidad de desaparecidos o que fueron localizados muertos. Toda una tenebra criminal en la corporación municipal tecatense. Total, el mismo viernes que este Semanario salió a circulación, personas a bordo de motonetas pasaban a los puntos de venta y adquirían la totalidad de los ejemplares. Así lo hicieron en decenas de puestos de servicio y tiendas de conveniencia. La tarde del sábado 29 de octubre, los ejemplares de ZETA fueron reabastecidos para la lectura de los tecatenses. De plano, la impunidad anda en motoneta.
