Gobierno no informa de plazos y modo de aplicación del dinero recabado por regularización de autos, supuestamente etiquetados para bacheo y pavimentación, mayormente para Mexicali y Tijuana
Cuando en octubre de 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se llevaría a cabo un proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera que circulan en el país, conocidos como chocolate, nadie imaginaba lo complicado que sería y lo poco preparado que estaban el Gobierno de México y sus homólogos estatales, para atender ese proceso y necesidad.
Tampoco se conocía el mecanismo de dispersión del recurso, del que sólo se dijo, se destinaría para “bacheo” y que sería operado por cada gobierno municipal. Ha pasado más de un año del anuncio, faltan escasas semanas de la firma del decreto y esa información sigue en la opacidad.
Según lo precisado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante su Primer Informe de Labores celebrado el 6 de noviembre en el Salón Auka del Centro Estatal de las Artes de Mexicali, hasta ese momento se habían registrado 170 mil automóviles en toda la entidad, principalmente en la Capital del Estado y Tijuana, que si bien, es la mejor cifra a nivel nacional, dista mucho de la meta de 500 mil autos que pretendían regularizar.
A 2 mil 500 pesos por trámite, el Gobierno de México tendría en sus arcas 425 millones de pesos para los municipios de Baja California, recurso del que se desconoce toda la información al respecto.
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Desde hace más de un mes, tanto la titular del Poder Ejecutivo del Estado como los alcaldes, han asegurado que las gestiones realizadas con el Gobierno de México les indican que pronto tendrán una primera dispersión de recursos, pero esa tan imprecisa fecha, no llega. Además, se acerca el cierre de año, lo que reduce la posibilidad que los gobiernos puedan llevar a cabo un proceso de licitación serio antes de culminar el año para el uso de dichos recursos.
En aquel momento, lo recaudado alcanzaba los 178 millones de pesos en total, pero durante la última etapa ha incrementado el número de vehículos regularizados.
Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, ha dicho que esperan detalles sobre la forma en que será utilizado el recurso, porque desconocen si es solamente para bacheo, o si puede destinarse a pavimentación de vialidades en general.
Evidentemente, nadie tiene certeza de cómo se podrá operar y cuándo llegará, pues si bien les han informado que el recurso se entregará de manera proporcionar a la cantidad de automóviles regularizados y que la asignación será al Poder Ejecutivo, quien se encargará de destinarlo a las arcas municipales, a la fecha se desconocen todas las reglas de operación del mismo.
De acuerdo con Octavio Sandoval López, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mexicali, el Presupuesto 2023 no contempla la entrega de recursos derivados de la recaudación por regularizar autos chocolate, por lo que tendría que dispersarse antes de terminar el año.
Ante la tremenda incertidumbre que se ha generado alrededor de este caso, lo único que queda es exigir al Poder Ejecutivo local, transparencia en torno al manejo del recurso público recaudado para bacheo o pavimentación.
Los gobiernos municipales -se supone- deben ser los operadores de este recurso extraordinario y comprometerse a que cada peso sea manejado con la debida seriedad y no como un cheque en blanco para beneficiar a amigos o allegados de la administración; o bien, para mejorar las vialidades de zonas que no requieren de una atención urgente.
A este dinero se debe sumar lo recaudado por el Ejecutivo con motivo del emplacamiento de más de 170 mil automóviles nuevos no presupuestados. De ese recurso, Ávila Olmeda no ha dicho nada, aunque por el origen del mismo debería destinarse a la mejora de las vialidades del Estado que se encuentran en total abandono. En cambio, parece que los incluyó a la bolsa de libre disposición para impulsar cualquier otro sector.
Rendición de cuentas, transparencia y honestidad, es lo mínimo que debe pedirse a los gobiernos por el dinero extraordinario recaudado por una medida que mejora las condiciones de mucha gente, pero no resuelve ni remotamente el problema de vehículos ilegales en la frontera, ya que el Gobierno de México jamás cerró los puertos de entrada.
