En 2021, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez dejó de entregar 171 millones 983.8 miles de pesos a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), incumpliendo así la normatividad y los convenios establecidos con la Máxima Casa de Estudios del Estado.
El Segundo Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revela que el gobierno estatal debió entregar mil 766 millones 141.4 mil pesos por el Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración y por el Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco, suscritos el 18 de enero y 30 de noviembre de 2021, respectivamente.
Sin embargo, esa administración estatal entregó a la UABC sólo mil 594 millones 157.6 mil pesos del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración, y no aportó dinero del Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración.
Además de entregar incompleto el recurso a la institución educativa, la administración del ahora ex gobernador Bonilla Valdez tampoco transfirió los recursos estatales a la UABC conforme al calendario, por lo que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda estatal inició el procedimiento SH-214-2022 para determinar posibles responsabilidades administrativas.
En lo que hace a los recursos que la Federación transfirió al Gobierno del Estado para la UABC bajo el concepto U006 2021, la ASF refirió que ascendieron a mil 832 millones 207.1 miles de pesos y se entregaron a la Universidad conforme al calendario establecido, con excepción del mes de enero, cuando la Federación transfirió el recurso hasta febrero de 2021.
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EN 2021 OBSERVAN 120 MDP AL GOBIERNO DE BC
En su Segundo Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021, la ASF observó 96 millones 673.1 miles de pesos al Gobierno de Baja California. En el acumulado (primero y segundo informes de la Cuenta Pública 2021), la administración de Bonilla Valdez suma 120.6 millones de pesos observados. Con ello, BC se ubicó en el lugar 15 de las entidades con montos más grandes observados.
En las revisiones hechas a las cuentas públicas de 2021 y 2020 (los dos años de gestión de Bonilla Valdez), la ASF ha observado mil 276 millones 111.9 miles de pesos por irregularidades en el ejercicio del gasto público destinado a educación, salud, infraestructura y seguridad tanto del gobierno central, organismos autónomos, paraestatales y municipios.
Dicho monto podría incrementar en febrero próximo, cuando la ASF entregue el tercer y último informe sobre la Cuenta Pública 2021.
ENTREGAN CON RETRASO PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
Como su antecesor panista (Francisco Vega de Lamadrid), Jaime Bonilla entregó con retrasos de uno hasta 189 días, las participaciones federales a los municipios.
El ilegal atraso generó rendimientos a favor de los municipios por 15 millones 28.6 mil pesos. Derivado de ello, a la postre la administración estatal tuvo que pagar 65 millones 875 mil 812.9 pesos a los seis municipios de BC (incluyendo los 15 mdp por rendimientos); la Secretaría de Honestidad y Función Pública inició el expediente SHFP/DCJA/1393/2022, para determinar posibles responsabilidades administrativas.
Según el Segundo Informe de la ASF, en primera instancia el gobierno estatal no acreditó la transferencia de 350 mil 477 pesos al municipio de Tecate por concepto de la compensación definitiva del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2020. Posteriormente, se identificó que el pago se hizo a una cuenta del Issstecali, para que los recursos fueran aplicados en la deuda que el Municipio tiene con esa institución.
Otra de las irregularidades detectadas consistió en que la ministración de los recursos del Fondo de Fomento Municipal se pagaron de menos a Ensenada, Playas de Rosarito y San Quintín; sin embargo, en el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, el gobierno estatal acreditó que a los tres municipios se les concedieron en total 184 mil 336.1 pesos con todo y rendimientos financieros por lo no entregado.
ISESALUD GASTA 17 MDP MÁS QUE SUS INGRESOS
La ASF detectó que el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (Isesalud) gastó 17 millones 057.8 mil pesos más que el monto total de sus ingresos, sin que haya acreditado “las razones excepcionales que lo justifican, las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrirlo”. El gasto excesivo de Isesalud se dio aun cuando en 2021 la institución tuvo ingresos excedentes de fuentes de financiamiento estatal, federal y propio.
En una primera revisión, Isesalud no proporcionó documentación que acreditara en qué ejerció 90 millones 934 mil 200 pesos, pero derivado de la intervención del máximo órgano fiscalizador, presentó documentación sobre el destino de ese recurso.
No obstante, “persiste la irregularidad administrativa” respecto a que Isesalud no contó con las aprobaciones presupuestarios para el ejercicio del remanente de los ingresos excedentes, estimado en 48 millones 281.4 miles de pesos.
Además, el Instituto elaboró deficientemente formatos contables sobre las proyecciones de ingresos y egresos, y no presentó la proyección de ingresos y egresos para los cinco años subsecuentes a 2021, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, señaló la ASF.
DETECTAN OBRAS NO ENTREGADAS
En 2021, el Gobierno de Baja California recibió 62 millones 802.9 mil pesos por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) para financiar obras sociales en comunidades. Del total del recurso, se destinaron 60 millones 561.7 mil pesos a 39 obras y acciones que benefician directamente a la población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.
Sin embargo, el gobierno estatal incumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia respecto de la planeación, ejercicio y resultados en la aplicación de los recursos del FISE, ya que la información reportada “no muestra congruencia en lo que se refiere a los montos reportados y número de proyectos financiados, toda vez que se determinaron diferencias entre dichas fuentes de información”, indicó la ASF.
En la revisión física a 22 obras por un importe de 51 millones 550.2 mil pesos, la Auditoría encontró que tres obras (por un importe pagado de 28 millones 928.7 mil pesos) no fueron entregadas a DIF Baja California. Se trata de la construcción de albergue para adultos mayores, para adolescentes y para niños en la colonia Infonavit Latinos de Tijuana, por un monto de 10 millones 642 mil pesos, 10 millones 78.7 mil pesos y 8 millones 208 mil pesos, respectivamente.
En el transcurso de la auditoría, el gobierno de Bonilla acreditó la entrega de las obras a DIF Baja California, sin embargo, la Secretaría de Honestidad abrió un expediente para deslindar responsabilidades.
PAGAN SALARIOS A MUERTOS
El Segundo Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 observó 73.7 millones de pesos en total al Colegio de Bachilleres (55.9 mdp), al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (16.7 mdp) y a la Universidad Politécnica (1.1 mdp)
El pago de salarios a personal docente, administrativo, de confianza y de mandos medios y superiores sin ajustarse a los tabuladores; pago a trabajadores sin tener el perfil requerido; pago a trabajadores con licencia sin goce de sueldo; pago a trabajadores después de su baja definitiva y pago a personal fallecido, fueron las principales irregularidades encontradas por la ASF a las tres instituciones académicas.
Destaca además el caso de la Universidad Politécnica, la cual “no proporcionó documentación que acredite el pago de las cuotas y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social por 584.3 mil pesos”, y entregó “de manera parcial” documentación que acredita el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de febrero, marzo, abril, mayo y agosto de 2021, quedando pendientes 656.3 mil pesos.
MEXICALI CONTRATA A EMPRESA INHABILITADA; TECATE NO PAGA IMPUESTOS
En la Cuenta Pública 2021, la ASF detectó que el gobierno de Mexicali firmó el contrato 01AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-09-21, por 18 millones 411.5 miles de pesos, para arrendar vehículos para la Dirección de Seguridad Pública con la empresa Jet Van Car Rental, SA de CV, la cual se encontraba inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Según el Segundo Informe de Fiscalización de la ASF, el Ayuntamiento de Mexicali firmó dicho contrato el 19 de marzo de 2021, 13 días después que Marina del Pilar Ávila Olmeda dejó la presidencia municipal para buscar la candidatura al Gobierno del Estado, quedando como sustituta Guadalupe Mora.
La empresa fue inhabilitada por un año a partir del 26 de enero de 2021, conforme a la circular publicada por la SFP el 25 de enero de 2021. Por lo anterior, la ASF promovió una investigación para determinar la responsabilidad administrativa derivada del contrato, parcialmente financiado con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF).
En el caso del Ayuntamiento de Tecate, titulado por Zulema Adams hasta el 30 de septiembre de 2021, la ASF encontró que de los 71.3 millones de pesos entregados al gobierno municipal por el FORTAMUNDF, se destinaron 56 millones 61.3 miles de pesos al pago de sueldos y salarios de personal de seguridad pública, correspondientes a las plazas, categorías y sueldos establecidos en la plantilla y el tabulador autorizados; sin embargo, dichos pagos “no están soportados con el timbrado de las nóminas correspondientes, en incumplimiento del Código Fiscal de la Federación”.
En el transcurso de la auditoría, el municipio de Tecate acreditó el timbrado de los pagos de nómina por un importe neto de 33 millones 789 mil 999.65 pesos, quedando pendiente la aclaración 22 millones 271 mil 353.31 pesos.
Además, el Ayuntamiento de Tecate “no presentó evidencia” del entero del ISR correspondiente a dichos pagos de nómina por 6 millones 598 mil 360.61 pesos, por lo que la Sindicatura Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas bajo el expediente PRAS/CON/03/2022/TS/ASF.
De los tres municipios a los que se les auditó el FORTAMUNDF, Mexicali fue el que menos recursos ejerció para atender las necesidades directamente vinculadas con seguridad pública, con 28.1%; seguido por Tecate (80.7%) y Tijuana (86.7%) según el informe de la ASF dado a conocer el 31 de octubre de 2022.
