Desde 2012, hasta 50 mil mujeres interrumpen su embarazo en Baja California por año, sin embargo, la confianza para hacer este procedimiento a través de instituciones gubernamentales es mínima.
De acuerdo con un estudio publicado en ese año por el Instituto Guttmacher, en México se practica un millón 26 mil abortos al año; 50 mil corresponden a BC, pese a que en ese entonces estaba penalizado.
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El mismo estudio, hecho llegar a ZETA, reveló que en 1990 la tasa de abortos era de 25 por cada mil mujeres, mientras que para 2012, la cifra aumentó a 54 por ciento.
“Las estimaciones de aborto por edad, que por primera vez se generan para el caso de México, muestran el patrón esperado: la tasa más elevada se observa entre las mujeres de 20–24 años (55 por mil mujeres en ese grupo de edad) y desciende gradualmente con la edad. Desafortunadamente, las adolescentes de 15-19 años presentan la segunda tasa más alta, a la par con las mujeres de 25–29 años (44 por mil mujeres)”, cita el texto.
ABREN CLÍNICA EN TIJUANA
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El 5 de julio de 2022 abrió la primera clínica para la interrupción legal del embarazo, a cargo de Fundación Marie Stopes en Tijuana; también opera en Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, en Baja California, sobre todo en Mexicali, ya hay al menos tres clínicas donde lo realizan.
José Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud en el Estado, informó a ZETA que en Mexicali han tenido la mayor cantidad de interrupciones de embarazo desde que se aprobó su despenalización, el 13 de noviembre de 2021.
De 60 pacientes que atendieron en el primer semestre de 2022, 43 eran de la Capital de la entidad y lo atribuye a que, a diferencia de Tijuana, que colinda con San Diego, Mexicali tiene vecindad con Calexico y El Centro, ciudades pequeñas y más conservadoras.
TEMEN JUICIOS
“Fui a la Jurisdicción Sanitaria por información, me dijeron lo que tenía qué hacer, a dónde acudir, pero no me inspiraron confianza, me dijeron que tenía que pasar con el psicólogo para cerciorarse que estuviera segura, pero no me sentí cómoda, sentí como si intentaran hacerme cambiar de opinión, tal vez me equivoco, pero preferí acudir a un colectivo”
comentó Diana, quien optó por cambiar de nombre para evitar represalias.
Crystal Pérez Lira, titular de la colectiva Las Bloodys, señaló que han llegado pacientes buscando apoyo, pues no se sienten seguras en instituciones públicas.
“Hay mujeres que nos contactan y nos dicen ‘vi el anuncio del Instituto, que podemos llegar ahí, pero yo la verdad no quiero, porque tengo miedo, no sé qué me van a decir, no sé cómo me van a tratar’. Y otra es que la misma Jurisdicción, del programa Aborto Seguro, nos han contactado para pedirnos apoyo, porque las mismas trabajadoras del programa se están dando cuenta que cuando llegan las mujeres a pedir el servicio, se topan con la objeción de conciencia, o bien, les piden el ultrasonido o una serie de factores”, detalló la activista.
Pérez Lira agregó que a ellas mismas les ha tocado capacitar al equipo de la Jurisdicción Sanitaria, del Materno Infantil y de la Secretaría de Salud en general, pues no han sido suficientes los talleres impartidos en la dependencia, por lo que recurren a ellas para saber qué hacer de acuerdo con cada paciente, los medicamentos o el acompañamiento.
MÉTODOS DISTINTOS
De acuerdo con José Adrián Medina Amarillas, en la Secretaría de Salud de Baja California se integró un equipo multidisciplinario y un protocolo para atender a las pacientes que quieran hacer uso de su derecho. La interesada en practicarse la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) debe acudir a una evaluación psicológica, y si decide continuar, se le da Misoprostol o Cytotec; o se les hace un procedimiento por aspiración, que son los casos mínimos.
Araceli López Nava, directora general de Fundación Marie Stopes, afirmó a ZETA que el único requisito que se pide es hacer cita. “Nosotros no creemos en que las mujeres necesiten una atención psicológica, simplemente están ejerciendo su derecho a decidir sobre su cuerpo. Abortar no te causa ningún tipo de trastorno mental y de ningún tipo, entonces, no lo vemos como un paso necesario”, opinó.
Crystal Pérez Lira, de Colectiva Las Bloodys, indicó que cada vez están teniendo más atenciones -entre 200 y 300 por mes- con perfiles indistintos, sin embargo, con un ligero incremento entre mujeres migrantes.
“Son mujeres trabajadoras de la maquila, son migrantas, mujeres en condición de prostitución, estudiantes; nos topamos con todo tipo de mujeres, no hay un perfil definido, hay mujeres con accesos económicos, pero que son violentadas, golpeadas por sus parejas, han llegado golpeadas”, puntualizó la activista.
