“Vendí todo, me quedé sin nada para ir a Estados Unidos. Vendí mi casa, dejé a mis padres, a mi esposa y a mi hijo”, fue el testimonio de un venezolano que abandonó su país de origen para buscar una mejor economía en Estados Unidos, de donde recientemente fue expulsado y deportado a Tijuana, Baja California, al igual que otros 839 compatriotas que han sido abandonados a su suerte en esta entidad.
La deportación de venezolanos se da tras el acuerdo entre el presidente estadounidense Joe Biden y el de México, Andrés Manuel López Obrador, para que el gobierno norteamericano otorgue 65 mil visas tipo H2-B a trabajadores no agrícolas (de las que 20 mil son para centroamericanos y haitianos); a cambio, México recibirá 24 mil venezolanos provenientes de Estados Unidos.
El migrante, de 38 años de edad, fue expulsado a México y cruzó por la garita El Chaparral el 14 de octubre; según su versión: “del centro de detención en Texas nos montaron en un avión como si fuéramos presos, encadenados de manos y pies; nos enviaron a San Diego, nos subieron a un autobús y nos entregaron a migración mexicana y nos sacaron por aquí”.
“Nos expulsaron sin importar lo que recorrimos; crucé la Selva del Darién [entre Panamá y Colombia], vi muertos; esa es una odisea, no se lo deseo a nadie”, comentó entre lágrimas, y retomó diciendo: “a mis compañeros les digo que no hagan la travesía porque al final no se va a lograr nada”, pues ahora tendrá que regresar a Venezuela e iniciar de cero.
Información del Departamento Estadounidense de Servicios de Inmigración aclara que los venezolanos podrán ingresar al país a través del programa simplificado para solicitar un permiso de permanencia temporal de dos años solo si tienen un patrocinador que costee sus gastos, en lo que solucionan su situación migratoria; aprueban rigurosas verificaciones de seguridad nacional y pública; y cuentan con los requisitos de vacunación y salud pública.
Los migrantes no serán elegibles si cruzaron a Estados Unidos sin permiso después del 12 de octubre, ingresaron de manera irregular a México o Panamá después de la misma fecha, tienen estatus de refugiado en otro país y no han completado los requisitos de vacunación y salud pública.
Por lo anterior, José Luis Pérez Canchola, quien cuenta con un diplomado en Derechos Humanos y Migración, opinó que las únicas opciones que les quedan son cruzar de manera ilegal, regresar a su lugar de origen o gestionar su residencia temporal en México con permiso de empleo.
Otras opciones son encontrar una excepción al Título 42 por salud o esperar a que éste venza y mientras tanto buscar empleo aquí con una “visa de visitante con derecho a actividades remuneradas por 180 días”, que solo se obtiene si ingresan por garitas de manera legal, por lo que Pérez Canchola asegura que la Secretaría General de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores deberían otorgarlas por razones humanitarias.
Albergues sin espacio ni ayuda gubernamental
Los 26 albergues que hay en la ciudad se encuentran desbordados, incluso hay migrantes durmiendo en las calle.
José María Lara García, de Movimiento Juventud 2000, fue tajante: “No hay un programa de apoyo para apoyar a la comunidad venezolana que es regresada por las zonas fronterizas. Tenemos cuatro años viviendo con nuestros propios recursos; que se hagan responsables”.
Mientras que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Miguel Mora Marrufo, en referencia al papel de suplencia del estado que realizan asociaciones civiles, señaló: “El estado debe tener un papel más activo en el fortalecimiento de los albergues y en la construcción de espacios emergentes que atiendan las necesidades inmediatas de las personas en contexto de movilidad”, mencionó a ZETA,
Por ahora, los únicos albergues con espacio son el Centro Integrador para Migrantes, de uso exclusivo para solicitantes formales de asilo político; y el Santuario Migrante, que solo recibe familias completas y no a hombres y mujeres solos, como son la mayoría de venezolanos deportados.
Ante la incertidumbre y desesperación, 200 migrantes venezolanos realizaron un motín en la Estación Migratoria Esmeralda la noche del 19 de octubre para exigir solución a su situación migratoria y retornar a Venezuela, por lo que el Instituto Nacional de Migración (INM) acordó entregarles 30 oficios de salida; además, autoridades trasladaron a 50 personas a la Estación Migratoria de Mexicali, ese mismo día.
Municipio no tendrá recurso federal para atender migrantes
La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez aclaró que el Gobierno Federal no destinará recurso económico en 2023 para atender migrantes, pero a pesar de ello coadyuvará en el tema, agregando que “el municipio entrará en cuanto vea que no lo puede resolver el INM”. Por lo pronto, se contempla habilitar la Unidad Deportiva Reforma para resguardar 150 venezolanos.
Al respecto, el delegado federal de Baja California, Alejandro Ruiz Uribe dijo: “reiteramos la propuesta al Gobierno del Estado y ayuntamientos de que si ellos ponen instalaciones para otro albergue y pagan el personal, nosotros ponemos lo demás”, y negó que Tijuana atraviese una crisis migratoria.
Venezolanos son retornados a su país
En un comunicado emitido el 19 de octubre, el INM informó que fueron entregados 30 oficios de salida a venezolanos, quienes fueron trasladados a Ciudad de México para ser retornados a su país.
Según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en lo que va de 2022, 77 mil venezolanos han obtenido refugio en México y de los 839 deportados a Tijuana, 20 ya iniciaron con su pre registro para solicitar refugió en esta ciudad.
