Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, del 19 de marzo al 26 de octubre de 2022, alrededor de 701 mil 804 autos de procedencia extranjera -popularmente llamados “chocolate”-, han sido regularizados en 13 entidades del país.
Según detalló la funcionaria federal -durante la conferencia de prensa matutina presidencial-, con dicho trámite, que cuesta a los ciudadanos alrededor de 2 mil 500 pesos, se ha logrado recaudar cerca de mil 754 millones de pesos, mismos que serán canalizados a las entidades participantes para programas de bacheo.
“En total se han regularizado 700 mil 804 vehículos de marzo a octubre, a este día, el día de ayer 26 de octubre y se han obtenido más de mil 754 millones de pesos para pavimentación en estos estados. Esta buena acogida que tuvo el programa, dio una ampliación del plazo hasta diciembre. Cada vez se pone a más entidades a este esfuerzo conjunto”, señaló Rodríguez Velázquez.
Según indicó la titular de la SSPC Federal, hasta el momento, son 13 los estados que participan en el programa de regularización vehicular: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán y Puebla. Pronto se incorporará a Jalisco.
Dicho programa tiene el objetivo de regularizar el parque vehicular que proviene de Estados Unidos y que, según las propias autoridades, en un 80 por ciento es utilizado para cometer actos ilícitos. Debido a la demanda de regularización, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para ampliar el programa hasta el 31 de diciembre de 2022.
ADUANA DE TIJUANA PIDE NO PERMITIR ENTRADA DE AUTOS “CHOCOLATE” A MÉXICO
Fernando Martínez García, Teniente Coronel de Infantería Diplomado Estado retirado, urgió en julio del 2022, a implementar un sistema para controlar el acceso de vehículos irregulares -popularmente llamados “chocolate”- desde Estados Unidos, porque “mafias” los siguen internando de forma masiva a México.
“Por Tijuana ingresan diariamente unos 65 mil vehículos por sus dos garitas (50 mil por El Chaparral y 15 mil por Otay), sin la posibilidad de inspecciones con personal de la Aduana, ni apoyo tecnológico para realizarlo de manera eficiente”, indicó Martínez García, en un correo electrónico, citado por el diario Reforma.
La información difundida por el citado rotativo, el 17 de octubre del 2022, se basó en los datos que el “grupo internacional de hackers”, autodenominados Guacamaya, obtuvieron de al menos 6 terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluye textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores la Secretaría de la Defensa Nacional, que datan desde el año del 2016 hasta septiembre del 2022.
“[…] si bien existe tecnología parcialmente, en la realidad no coadyuva en identificar la situación legal de estos vehículos y personas, ya que no están conectados a una base de datos vehicular ni delictiva”, afirmó el Teniente Coronel de Infantería Diplomado Estado retirado, en uno de los correos de la SEDENA hackeados por Guacamaya.
“Si bien el decreto emitido por el titular del Poder Ejecutivo para registrar los vehículos llamados chocolate en territorio nacional traerá beneficios a un sector específico de la ciudadanía y permitirá el control de aquellos que se empadronen, no es la solución en un cien por ciento a la problemática, ya que literalmente se debe cerrar la llave de entrada a nuestro país”, agregó el administrador de la Aduana de Tijuana.
“Los vehículos chocolate continúan ingresando respaldados en lo que la misma ley les permite: ser conducidos por un residente norteamericano”, insistió Martínez García, quien también destacó que el 90 por ciento de dichos automóviles son usados para delitos, porque son prácticamente desechables.
Sólo en Baja California circulan alrededor de 800 mil vehículos “chocolate”. El Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador comenzó a regularizar dichos automóviles en octubre de 2021, con un cobro de 2 mil 500 pesos y mediante un decreto presidencial que se ha ido expandiendo tanto en su vigencia, como en los estados que abarca.
Entre marzo y septiembre del 2022, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) informó haber regularizado 557 mil vehículos en 13 estados, 124 mil de ellos en Baja California, con una recaudación de más de mil 390 millones de pesos que, en teoría, están destinados a tapar baches.
En otro reporte dirigido “a la superioridad” -también citado por Reforma-, Martínez García indicó que el corredor de exportación de Tijuana -2.5 kilómetros que corren paralelos a la línea fronteriza con Estados Unidos-, está bajo asedio de narcotraficantes, polleros, vendedores ambulantes y otros grupos criminales, lo que ya provocó reclamos del Gobierno de EE.UU.
Con 20 metros de ancho, el corredor que lleva a la Aduana tijuanense tiene dos dueños: el Gobierno Federal, por medio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), es propietario de dos kilómetros, pero los otros 500 metros son de un particular que opera una nave industrial en el lugar. Todos los días, entre 3 mil 500 y 4 mil camiones usan ese camino para pasar exportaciones a Estados Unidos.
“El corredor de exportación carece de mantenimiento, vigilancia y seguridad. [Hay] actos de tráfico de migrantes que aprovechan su nula vigilancia para saltar el muro; subirse a los camiones, ocultarse en la carga e ingresar a Estados Unidos, así como posible contaminación de la mercancía con algún tipo de droga (colocan la droga en alguna parte del vehículo, sin que el conductor se percate), y vendedores ambulantes”, afirmó Martínez García.
“Todo este descontrol provoca una serie de actividades que dañan la economía y provocan incertidumbre en los usuarios, además de la observación por parte del Gobierno de Estados Unidos”, abundó Teniente Coronel de Infantería Diplomado Estado retirado.
Martínez García indicó que las empresas más afectadas son Toyota, Samsung y Hyundai. Asimismo, una de las situaciones a las que el funcionario federal atribuye dicho descontrol es que el contrato de seguridad privada con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) venció en febrero de 2022 y no se había renovado, por lo que 80 elementos de la Guardia Nacional (GN) estaban tratando de suplir y vigilar 25 hectáreas del recinto fiscal, más las cinco hectáreas del corredor.
Ante ello, el Teniente Coronel de Infantería Diplomado Estado retirado urgió a expropiar los 500 metros del corredor que son propiedad privada, para incorporarlas por completo al recinto fiscal. El citado rotativo también recordó que el 25 de julio de 2022, manifestantes habían bloqueado las vialidades que llegan al corredor de exportación, por lo que Martínez García convocó a una reunión con múltiples funcionarios federales y estatales, cinco de ellos militares que operan en la ANAM, así como a la GN y a la Secretaría de Seguridad Pública local.
