El lunes 17 de octubre, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (CESISPE) d Baja California, anunció el traslado de 41 personas privadas de la libertad a diferentes Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) del país.
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Lo hicieron seis días después que un interno -quien no fue identificado por las autoridades-, privó de la libertad a un custodio, al tomarlo como rehén el 8 de octubre. Lo hizo como resultado de “pleitos entre pandillas por la venta de droga” según declaró la comisionada, María Elena Andrade Ramírez.
“El traslado busca garantizar la paz, estabilidad y gobernabilidad al interior del Centro Penitenciario de Tijuana” explicaron y el área de trabajo social daría información respecto a los trasladados.
ZETA fue informado que uno de los internos reubicado, fue Héctor Eduardo Infante “Tolín”, y lo enviaron al CEFERESO de Oaxaca, estado donde tendrá su audiencia de juicio abreviado, que ya había acordado con la Fiscalía General de la República (FGR), pero no se informó de la fecha.
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Las autoridades bajacalifornianas, esperaban tener preso a Infante por lo menos por un año y entregarlo a la justicia en Estados Unidos, pero la semana pasada, – transcurridos a penas 3 meses de su captura- el jueves 13 de octubre estuvo a punto de recuperar su libertad.
Durante años, Eduardo Infante ha sido identificado por las autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California, como integrante del Cártel de Sinaloa con operatividad en Mexicali, allegado a Alfonso Peralta Medina, alias “Ponchito de la Lima”.
Sus antecedentes indican que en Estados fue detenido en 2009, y en Baja California, cuenta con internaciones en el sistema penitenciario por el delito de portación de arma de fuego desde el 2011; averiguaciones previas por lesiones calificadas contra funcionarios públicos, luego de un enfrentamiento contra policías municipales durante una fiesta; nuevamente el uso de armas de fuego en 2015; una detención por riña y lesiones a un oficial; además de una investigación por cambio de identidad y alterar el orden público, en el mismo año.
El pasado sábado 2 de julio del 2022, cuando “Tolín”, salía de una plaza comercial en Rosarito, acompañado de su escolta y sus hijos de 5 y 15 años, fueron acorralados y atacados a balazos por un comando que usó tácticas policiacas.
Infante fue capturado minutos después, en las inmediaciones del ayuntamiento rosaritense, cuando obligó a un paramédico a trasladar a su niño baleado, al Hospital General.
Al momento de su captura no existía ningún mandamiento judicial en su contra, así que fue presentado en Tijuana sólo por la posesión de un arma.
La misma semana de la aprehensión, el 7 de julio, el gobierno del Estados Unidos informó que tenía una orden de aprehensión en su contra por los delitos “conspiración por distribución de metanfetamina”.
Localmente, la defensa de Infante llegó a un acuerdo de juicio abreviado por la posesión del arma, con el Ministerio Público Federal la cual estaba programada para realizarse la tarde del 13 de octubre, pero se suspendió.
Ante la falta de antecedentes, la Mesa de Coordinación de Seguridad fue informada que Infante obtendría beneficios de ley y quedaría en libertad.
Porque las autoridades responsables de retenerlo, dejaron pasar el tiempo sin investigar ni armar carpetas en su contra, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) acreditó sus relaciones mafiosas, y la Fiscalía General del Estado de Baja California no lo imputó por los homicidios que presuntamente ordenó.
Esto, a pesar que su nombre salió a relucir en las indagatorias, como presunto responsable de las detonaciones de arma de fuego realizadas al interior del Palenque del Fex de Mexicali, durante un concierto del Grupo Codiciado, en noviembre del 2021.
Cabe señalar que dicha agrupación originaria de Tijuana interpreta un corrido llamado “Bélico el asunto” donde hace referencia al “Tolín Infante”, originario de Chicago e integrante de “la mafia”.
También se relaciona su vehículo Ford Expedition en una balacera con policías municipales en 2019, mismo que fue abandonado durante la fuga. Inexplicablemente recuperó la unidad al poco tiempo.
Adicionalmente, a pesar de lo manifestado por el gobierno estadounidense, la Subprocuraduría Jurídica y de Asunto Internacionales (SUJAI)- hasta el 13 de octubre-, no había tramitado, ni entregado, a la delegación de la Fiscalía General de la República una orden de detención con fines de extradición, para que Infante fuera entregado a las autoridades del otro lado de la frontera
Respecto a la posibilidad de que el área de Enlace Internacional de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), pudiera hacer la detención y deportación por tratarse de un nativo de Chicago, Estados Unidos. La defensa del presunto delincuente argumentó a las autoridades que sería ilegal, porque Infante no sólo es estadounidense, sino que tiene doble nacionalidad, y las corporaciones locales cometerían un delito al “deportar” a un mexicano. Situación que las autoridades revisaron de último momento.
