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Cuatro constancias de inversión que sustentan el quebranto al erario que podría sufrir el Estado por más de 11 mil millones de pesos, es lo que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE), como una de sus principales evidencias en contra de los ex funcionarios de Jaime Bonilla Valdez, además de que el proyecto ni siquiera cuenta con un estudio de viabilidad financiera que respalde los costos.
La noche de este martes 18 de octubre, el juez Bernardino Ahumada reanudó la audiencia y determinó iniciar la formulación de imputación en contra de quienes acudieron a la audiencia.
Se trata de Amador Rodríguez Lozano, ex Secretario General de Gobierno; Rodolfo Castro, secretario de Hacienda; Salomón Faz Apodaca titular de SEPROA; Karen Postlethwaite, titular de SIDURT; Israel Clemente González, Oficial Mayor; Tulio Pani Vano, ex funcionario de la Oficialía Mayor; y Adalberto González Higuera, secretario de Hacienda.
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Durante la primera etapa de audiencia, el Fiscal leyó algunas de las evidencias en contra de los imputados, donde destaca el anuncio de presentación de cuatro constancias de inversión, con sus respectivas facturas, donde se determinaba el gasto que -supuestamente- realizó la empresa para adquirir el equipo necesario para llevar a cabo al obra.
En dichos documentos -según dijo- se tuvo la venia de Salomón Faz Apodaca titular de SEPROA; Karen Postlethwaite, titular de SIDURT; Israel Clemente González, Oficial Mayor y Adalberto González Higuera, de Hacienda.
La aprobación de dichos documentos comprometía al Estado a pagar – a partir de enero del 2022- más de 11 mil millones de pesos, derivado de lo que -supuestamente- la empresa ya había erogado para la construcción.
De ahí se origina el primer pago de 123 millones de pesos que dio el Estado a Banca Afirme, de manera automática y que no pudo evitar el actual gobierno porque no se encontraba enterado del compromiso.
Sí bien el desfalco es de 123 mdp hasta este momento, la cifra podría superar los 11 mmdp, por los compromisos ya adquiridos, pero la responsabilidad del Estado realmente alcanza los 40 mil millones de pesos, sí no se hubiera detenido la obra.
Agregó que dicho proyecto no contaba con estudio de viabilidad financiera, lo que ya de por sí representa una irregularidad, sobre todo por el monto tan alto que representa.
La audiencia volvió a diferirse para el miércoles 19 de octubre a las 10 de la mañana en la Sala 6 del Centro de Justicia de Río Nuevo.
