Desde 2006 inició el calvario de la familia Benton, cuando en el gobierno de Narciso Agúndez Montaño llegó Inmobiliaria Turística Salvatierra, SA de CV, bajo la protección de servidores públicos para apropiarse de gran parte del terreno familiar. Desde ese entonces se dio pie a una serie de denuncias penales, agrarias y civiles de estos residentes contra el gobierno y la empresa privada.
Los Benton son habitantes de La Paz, gran parte de ellos nacidos en Rancho Estela, ubicado en el predio conocido como Cajón de Pichilingue, a la altura del Kilómetro 15+200 de la carretera La Paz-Pichilingue.
Este rancho es propiedad del pilar de la familia, Carlos Benton Cota, quien comenzó la regularización de la propiedad en 1957 y se confirmó en 1987 ante la autoridad Agraria, según el Volumen 123, Escritura Pública 8,913, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de La Paz. Tras la muerte de Benton Cota, la propiedad pasó a nombre del albacea Mario Benton Fiol.
“Es una sentencia dictada en un juicio a perpetua, en el que el juez le reconoció derechos como propietario al papá de Mario Benton, que era Carlos Benton Cota. Derivado de esta sentencia se hizo una escritura ante la Notaría Número 2 y obra en el Registro Público de la Propiedad”, recordó Héctor Esaú González Arvizu, abogado de los Benton.
Siendo una familia de arraigo sudcaliforniano, en los últimos meses dieron cuenta de la intentona de Inmobiliaria Turística Salvatierra, empresa con capital en Torreón, Coahuila, que pretende vender una parte de su rancho y con quienes la familia lleva batalla legal por sus tierras.
Aprovechando los vacíos legales, la empresa pretende vender parte del terreno de la familia en alrededor de 25 millones de dólares para construir Marina Santa Cruz y Marina Seca, malecón, hotel boutique, hotel cinco estrellas, restaurantes, área de vivero/huerto, condominios, casas unifamiliares, estacionamientos, vialidades internas y servicios.
“Supuestamente los derechos sobre un predio que se llama Cajón de Pichilingue, el cual es un rectángulo cuyo lado más largo está del lado de la playa, mientras que el Rancho Estela también es un rectángulo, pero el lado más corto es el lado de la playa, hay un empalmamiento en una parte del terreno, lo que están anunciando precisamente se empalma con el terreno de Rancho Estela”, explicó González Arvizu.
En una primera etapa de la marina, se estima una superficie de 360 mil 300 metros cuadrados, incluyendo 437 cajones para embarcaciones de 12 a 30.5 metros de eslora. La empresa encargada será Inmobiliaria Santa Cruz, cuyo apoderado legal es Ricardo Mena Abraham, hermano de Luis Alberto Mena Abraham, a su vez, apoderado legal de Inmobiliaria Turística Salvatierra, la cual lleva el litigio con los Benton, mientras que Santa Cruz solicita los permisos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Tenemos varios años con juicios en contra de ellos, el que más nos interesa, que se resuelva el expediente que está en el Tribunal Unitario, 141/2017, precisamente turnado para sentencia, donde está pidiendo la nulidad de los documentos de ellos. Haz de cuenta que el Rancho Estela son mil 293 hectáreas, aproximadamente son 600 las que están en conflicto, y éste es el empalme de la superficie que ellos están anunciando para venta”, dijo el abogado de la familia.
En mayo de 2018, la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la creación de dicha marina por el riesgo que representa para el ecosistema.
Inmobiliaria Santa Cruz reingresó la MIA en diciembre de 2019, pero sería rechazada nuevamente, pese a que redujeron la carga de embarcaciones de 800 a 437.
Sin embargo, la familia Benton espera que este año el Tribunal Agrario defina si las escrituras que presentan del terreno son falsas, como aseguró el abogado, incluso manifestó que si no avisan al comprador que el predio está en litigio, lo estarían estafando.
“Pues ahora sí que la (sentencia) que emita el Tribunal, estuve con la magistrada el mes pasado, y me dijo que ese asunto iba a salir a más tardar, si no este mes, a más tardar en noviembre. Si no le avisa la empresa que está en conflicto, está engañando al comprador”, lanzó Héctor Esaú González Arvizu.
EL DESPOJO A LOS BENTON
En julio de 2016, con ayuda de la fuerza pública, la familia Benton fue despojada a la fuerza. En el procedimiento participaron actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y policías, con maquinaria que destruyó la cerca, la casa y una pila.
Además, les sacaron todas las pertenencias sin presentar un solo documento que avalara la actuación “extrajudicial”, incluso colocaron decenas de guardias de seguridad para evitar que la familia ingresara al rancho, orillando a Mario Benton Fiol y su familia a movilizarse, a convocar a manifestaciones en Palacio de Gobierno, Congreso del Estado y las calles, exigiendo ayuda y el cese de la violenta intromisión.
“Estamos manifestándonos de forma pacífica ante ustedes, les entrego este documento y espero que jalen a esta persona y les notifique el por qué, queremos que se nos haga justicia, que nos oigan y nos den acceso al expediente, lo quieren consignar para meternos al bote a todos y quitarnos la posesión, lo están haciendo todo por debajo del agua, no nos han entregado un sólo documento o una notificación o algo, nada”, denunció en su momento Mario Benton Fiol.
La inmobiliaria se aprovecha de las familias y las despoja, ya les quitaron una parte del terreno porque el abogado anterior no hizo su trabajo o dejó de hacerlo de manera correcta, lo que derivó en que perdieran una parte del predio.
“El conflicto inició en 2006, cuando le puso la primera demanda la empresa, desafortunadamente el abogado que lo representó en aquel entonces, no presentó la defensa que correspondía y lograron los Mena, la Inmobiliaria Turística Salvatierra, ganarle alrededor de dos hectáreas, y después se metieron a la puerta en el resto del predio, de lo cual derivaron algunas denuncias penales por despojo. Tenemos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahorita pues todo ha seguido vía Juzgado Civil y Tribunal Agrario, ellos nos demandan por la vía civil, nosotros por la vía agraria”, explicó González Arvizu, abogado de los Benton.
Confía la familia que obteniendo el fallo favorable sobre la nulidad de las escrituras de la empresa en el juicio agrario, por ende, el juicio civil quede invalidado, pues al no contar con escrituras, las cuales obtuvo la inmobiliaria en el Estado de Coahuila y no en Baja California Sur, al tratarse de un predio en la localidad, no habrá manera de reclamar algo que nunca ha sido de su propiedad.
“Por la vía agraria estamos esperando que determine si son nulas o no sus escrituras, y en la vía civil, ellos están también tratando de nulificar nuestras escrituras, tenemos dos antecedentes que nos favorecen en contra de ellos: número uno, en el expediente 190, de 2009, el predio o la granja que tuvo el terreno también de la familia Cota, le ganó a Inmobiliaria Turística y dejaron nula sus escrituras, pero nada más respecto de aquellas que se estiman con el predio La Granja; otro documento que tenemos, es una resolución por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy SEDATU, en el que determinan que no existe título de propiedad del predio El Cajón, ellos alegan que hay un título de primordial supuestamente ratificado por Benito Juárez, y la Secretaría de la Reforma Agraria en su momento dijo que no existía ese título”, detalló el representante respecto a las pruebas con las que cuentan.
Con estos elementos, consideran que obtendrán una sentencia favorable, así como “La Granja” frente a este consorcio inmobiliario.
González exhortó a los compradores, si es que no son miembros del mismo consorcio, a que no se dejen defraudar, que entiendan que el predio está en litigio y mayormente a favor de la familia por derecho de antigüedad.
“Que la gente tenga en cuenta de que este predio está en disputa, que no se dejen engañar por Inmobiliaria Turística Salvatierra, ya que los documentos de ellos están viciados de nulidad, y estamos buscando que el Tribunal haga justicia a la familia Benton para que declaren nulos, como lo son, esos documentos”, finalizó el abogado.
LOS MENA
Inmobiliaria Turística Salvatierra, SA de CV fue fundada el 30 de septiembre de 1998 por el ingeniero Rigoberto Mena Delgado, y aún bajo su administración, inició la toma del Rancho Estela en La Paz.
A su vez, Rigoberto Mena es el representante de Empresa Constructora RIME, SA de CV, que conforma sociedad con Desarrollos Urbanos Mena Martínez, SA de CV, la cual, según el portal elsiglodetorreon.com.mx, en 2005 fue denunciada por la construcción de 300 viviendas en Gómez Palacio, Durango, con desperfectos como cuarteaduras.
En el Registro Público de Comercio, Ricardo Mena Abraham y Ana Isabel Martínez López aparecen como los socios de Desarrollos Urbanos Mena Martínez, y justamente Ricardo Mena Abraham es el representante de Inmobiliaria Santa Cruz, empresa que pretende construir la mega-marina en la zona de Pichilingue, justo a la altura donde se encuentra el campus de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).
Mena Delgado cedió a su hijo Luis Alberto Mena Abraham, la representación de Inmobiliaria Salvatierra, empresa que litiga contra los Benton para adquirir la propiedad.
Entre los colaboradores técnicos que ayudaron a Inmobiliaria Santa Cruz a elaborar la MIA, sobresalen Consultoría Ambiental GEOBIOS, SA de CV, con Arturo González Baeza y Johana Sermeño Gochez como socios; en una de las actas aparece como comisario o consejo de vigilancia, el actual titular de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo La Paz, Juan Carlos Esqueda Hampl.
MEGA-MARINA, DEPREDADORA AMBIENTAL
Desde hace varias décadas, grandes consorcios turísticos han puesto el ojo a La Paz, en búsqueda de transformar a este destino tranquilo y de descanso, que goza de los mejores panoramas del mundo y una de las playas más bonitas de México, en un gran destino turístico internacional como Cancún, Quintana Roo o Los Cabos.
A las grandes industrias hoteleras sólo les importa un buen espacio que puedan detonar, obtener riquezas económicas y seguir su paso, sin que haya un sólo obstáculo. Así, Mario Benton y su familia, con argucias legales y la participación de funcionarios públicos, dejaron el precio, aunque la madre permaneció en el rancho junto con una de sus hermanas.
A la fecha siguen con dificultades para llevarles comida a los familiares, pero en defensa de lo que ha sido su patrimonio. La punta del iceberg es Marina Santa Cruz, proyecto que considera una duración aproximada de 15 años para la etapa de preparación del sitio y construcción, además de una operación estimada en al menos 50 años.
El representante legal Mena Abraham, de Inmobiliaria Santa Cruz, solicitó tres dictámenes ante la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM), los tres fueron solicitados el 24 de octubre de 2017 y en tres días fueron aprobados.
A continuación, los dictámenes con número de oficio 0220, 0221, 0222:
“Se emite Dictamen Técnico Favorable de Compatibilidad de Uso de Suelo en Z.F.M.T., y Terrenos Ganados al Mar, para Uso de Protección, superficie de 9,861.429 metros cuadrados, en la zona conocida como Pichilingue, Municipio de La Paz”.
Sin embargo, para diciembre de 2019 el concepto cambió, mientras que dos años atrás gestionó tres dictámenes para “uso de protección” y dejó atrás la protección ambiental.
“El proyecto puede inscribirse dentro del Sector económico de la Construcción, y debido a las diferentes obras que conforman el proyecto, este se puede clasificar dentro de diferentes subsectores y ramas de la construcción; tales como Edificación residencial, Edificación no residencial, Construcción de obras de ingeniería civil, así como Construcción de obras de urbanización, entre otras”, refiere el documento ante la Semarnat.
El proyecto turístico ocuparía en total 115.0860 hectáreas, de las cuales 36.9186 corresponden sólo a la mega-marina y 78.1675 a la superficie terrestre, es decir, hoteles, plazas, condominios, restaurantes, entre otros.
Dice el promovente que “donde se pretende ubicar el proyecto no posee ningún uso aparente”, en tanto, Semarnat no ha emitido algún informe al respecto, y a nivel local sólo mencionan que toda información se debe solicitar a nivel central, desde donde, por cierto, ZETA sigue en espera de una entrevista.
