Pese a las advertencias oficiales de Rocío Nahle, secretaría de Energía, y la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) sobre la ilegalidad e incumplimiento de las medidas plasmadas en el contrato con la empresa Next Energy, el equipo más cercano a Jaime Bonilla Valdez cuando era gobernador, continuó su campaña de “empeñar” el recurso público de los bajacalifornianos.
Seis los ex funcionarios de la administración del primer mandatario morenista y un representante de la firma regiomontana se sentaron en el banquillo de los acusados para escuchar los señalamientos en su contra por diseñar y configurar el proyecto de una planta fotovoltaica que dotaría de energía eléctrica al acueducto del Río Colorado, que abastece de agua la Zona Costa del Estado.
Durante dos días, el Ministerio Público a cargo de Javier García Álvarez, Yessica Meza y la vicefiscal de Tecate, Rosaura Reyes, leyeron los antecedentes de investigación en contra de Amador Rodríguez Lozano, ex secretario general de Gobierno; Salomón Faz Apodaca, titular de Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa); Karen Postlethwaite, titular de Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT);Rodolfo Castro y Adalberto González Higuera, ambos ex secretarios de Hacienda; Octavio Hilton e Israel Clemente González, ex oficiales mayores; y Tulio Pani Vano, representante del consorcio Next Energy. Todos, acusados de ser artífices directos del contrato e irregularidades plasmadas en el mismo, que comprometieron las arcas estatales por alrededor de 40 mil millones de pesos, a pagar en 30 años.
Correos electrónicos entre Rocío Nahle, Jaime Bonilla Valdez y el coordinador de Gabinete, Diego Partida; constancias de inversión de una supuesta compra de material, el contrato y sus respectivos convenios modificatorios, son parte del rompecabezas jurídico armado por la Fiscalía General del Estado (FGE) para establecer el caso en el que otras cinco personas están involucradas, pero que no han acudido a las audiencias.
El único de los implicados que decidió brindar una opinión fue el actual asesor del Gobierno de Ciudad de México, Amador Rodríguez Lozano, quien consideró que la carpeta de investigación no tiene nada en su contra y todo forma parte de un ataque político-jurídico del actual gobierno estatal.
Afirmó que su participación en el tema con Next Energy sólo fue publicar algo que por Ley debió hacer, ya que se trató de un mandato del Poder Legislativo.
“Es como sí yo soy carpintero, fabrico una cama y en esa cama se lleva a cabo un homicidio meses después, y entonces me quieren hacer cómplice de ese homicidio; es infantil, superficial”, argumentó el funcionario.
EL JUICIO
Durante los días martes 18 y miércoles 19 de octubre, la Sala 6 del Centro de Justicia Penal de Mexicali, ubicado en Río Nuevo, albergó la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso de varios exfuncionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez, y de un representante de Next Energy, dirigido por la familia Maíz Mier, de origen regiomontano.
Poco después de las diez de la mañana del 18 de octubre, dio inicio la primera sesión que se extendió por varias horas, debido a que las defensas -cada acusado tiene a su abogado- solicitaron posponer la cita, toda vez que cinco de los implicados no se encontraban en la sala.
Luego de algunos jaloneos y justificaciones, el juez Bernardino Ahumada determinó que no había motivos para posponer la audiencia y determinó individualizar a los siete arriba mencionados.
Tras diferir la audiencia por varias horas, la sesión se reanudó a las 19:00 horas, dando inicio a la primera etapa de lectura de los casos, pero fue nuevamente suspendida casi dos horas después de iniciada y reanudada la mañana del miércoles 19. Ahí, el Ministerio Público leyó los cargos ante una defensa poco participativa.
Entre los datos importantes destaca que se obtuvieron varios correos electrónicos oficiales entre la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el ex gobernador Bonilla, a quien le explicaba que la licitación emprendida en 2020 carecía de sustento legal, por lo que le invitaba a suspender el proyecto.
Fueron varios los correos enviados de manera oficial a la cuenta del ex mandatario, quien se limitó a responder uno mediante el coordinador de Gabinete, Diego Partida, el cual precisó que no coincidían con su opinión y exhortó a la funcionaria a firmar un convenio de colaboración para brindar un sustento jurídico a la licitación, lo cual fue rechazado por el Gobierno de México.
El sustento de esta prueba es que tanto Bonilla como su equipo tenían pleno0 conocimiento de que sus acciones eran ilegales, ya que las entidades federativas carecen de facultades para signar contratos relacionados con energía eléctrica.
La misma lógica se estableció dentro del contrato con Next Energy y sus respectivos convenios modificatorios, donde en todos sustentan sus acciones en leyes federales, mismas que extralimitaban sus funciones.
La estructura jurídica armada por la fiscalía descansa además en los nombramientos y el proceso legislativo realizado para permitir la firma del contrato plurianual, mediante el Decreto 88 y la ampliación generada en el 178, para beneficiar aún más a la empresa con tiempos y fechas para firmar el contrato e iniciar operaciones.
De hecho, hasta el momento Rodríguez Lozano sólo aparece como imputado, gracias a que firmó y publicó ambos decretos en el Periódico Oficial del Estado, pero no más.
Precisamente en el Decreto 88 se plasmó la creación de una comisión interinstitucional para llevar a cabo el proceso de licitación para la construcción de la planta fotovoltaica, encabezado por Rodolfo Castro -funcionario del Gobierno de Sonora- y Adalberto González Higuera, cuando fueron secretarios de Hacienda; y Salomón Faz Apodaca, como titular de la Seproa y secretario técnico. Israel Clemente, Octavio Hilton -actual funcionario de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda- y Karen Postlethwaite, la conformaron como voceros.
Ellos, junto con Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, titular de la Comisión Estatal de Energía (CEE), quien no se ha presentado a su cita judicial, formaron parte de este órgano colegiado; sus nombres aparecen en prácticamente todos los documentos, estudios y contratos.
Sin embargo, una de las pruebas más determinantes es la entrega y aval de los certificados y constancias de inversión, con los que Next Energy sustentaba los gastos que había realizado para la construcción de la obra.
Tanto Álvarez como Faz Apodaca recibían dichas constancias y adquirieron el compromiso de pago por parte del Estado, sin establecer una sola observación, pese a como puede verse en las imágenes de este reportaje, no hay nada que confirme la construcción de una planta en dicho punto. En total fueron cuatro constancias sustentadas en diversos oficios emitidos por la Seproa, que dieron un total de 11 mil 886 millones 385 mil 357.72 pesos que representaban un avance del 19%, todos ellos con el respaldo de Salomón Faz Apodaca.
Los justificantes para comprobar la adquisición de estos productos fueron presupuestos de ciertos equipos, pero en ningún momento se presentaron facturas o comprobantes de compra, por lo que -a juicio del fiscal- no había certeza en la adquisición del mismo.
COMPROMETIERON TODO PARA SIGNAR EL CONTRATO
Otro de los puntos que causó preocupación, es que la administración de Jaime Bonilla Valdez comprometió todos los recursos económicos que pudo para erogar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo, además de poner todos los candados posibles para impedir que el contrato se “cayera”.
De hecho, dentro de los compromisos adquiridos, el Ejecutivo estatal planteó la creación del fideicomiso con Banca Afirme y, por decisión propia, se impidió litigar o hacer cualquier acto para no extinguir el fideicomiso. Es decir, se comprometieron a que bajo ninguna circunstancia litigarían en contra del acuerdo con Afirme y Next Energy, lo cual terminó ocurriendo con la actual administración.
El fiscal también dio a conocer que en el contrato sólo se definieron las modalidades de pago a la empresa regiomontana, pero -por cuenta propia- el Estado ordenó el primer convenio modificatorio en el que decidieron comprometer recursos de diversas partidas para pagar a Next Energy en caso de un impago.
Fue ahí que se definió la creación del fideicomiso que recibiría el monto correspondiente a dos meses de pago.
Sin embargo, también comprometió hasta el 66.75% de los recursos obtenidos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), que representa el 37% de los ingresos totales del Estado, además del 19% de las participaciones federales. También se comprometieron los recursos de libre disposición del Estado y las Comisiones de Agua de Tecate, Tijuana y Ensenada.
No conforme con ello, la Seproa aceptó pagar de forma puntual en cada emisión, aunque no se consumiera energía eléctrica de la planta fotovoltaica.
La FGE presentó un documento firmado por el ex auditor Superior del Estado, Jesús García Castro, firmado el 19 de enero de 2022, en el cual definió que había varias irregularidades en el contrato.
Aunque no abundó mucho en el dato, indicó que el contrato firmado por el Estado carecía de autorización en los términos en que fue signado; también consideró que no había sustento en la compraventa de energía a la suministradora para abastecer 288 centros de carga, toda vez que no había información que sustentara la información.
Otro de los puntos, es que no hubo licitación de por medio y no se justificó dar exclusividad a la empresa suministradora E3, filial de Next Energy.
El contrato también carecía de justificación relativa al precio pactado a pagar y las formas en las que se llevaría a cabo.
El Estado también contrató al especialista Gilberto Gallardo Gallardo, de la empresa auditora Mazars de Mexicali, el cual hizo un estudio a profundidad de las constancias de inversión y de todo el contrato, llegando a la conclusión de que las arcas estatales estaban injustificadas y severamente comprometidas con el contrato signado con Next Energy, al grado que se pudieron comprometer a pagar casi 30 mil de los 37 mil millones de pesos que costaría la obra, por los certificados de inversión pendientes.
Agregó que todo el procedimiento incumple las características de un contrato plurianual inscrito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni de una Asociación Público Privada.
También cuestionó que las formas de pago no se establecieron sino hasta el primer convenio modificatorio, lo cual también es irregular.
El fiscal cerró asegurando que los 123 millones de pesos que a la fecha permanecen en el fideicomiso de Banca Afirme, son un elemento de prueba para demostrar que existe un desfalco al erario, de un recurso que estaba proyectado para pagar becas, apoyos sociales, pensiones y jubilaciones, entre otras cuestiones.
PEDIRÁ FGE PENA MÁXIMA
Por los delitos de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, además de peculado, el titular de la FGE, Ricardo Iván Carpio, aseveró que la instrucción es pedir pena máxima en contra de los acusados.
En entrevista, Carpio Sánchez expuso que el caso “no se va a caer solo”, porque no existe un enriquecimiento o por consumar el pago, toda vez que las acciones que realizaron de manera dolosa para perjudicar las arcas estatales, también representan un hecho delictivo.
Aunque los delitos no son considerados graves, por lo que no llevarán un proceso en prisión, la FGE está convencida de los actos ilícitos cometidos, por lo que buscarán que las sanciones sean ejemplares.
El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades puede alcanzar hasta 12 años de prisión.
