La planta fue cerrada casi 3 años por el exgobernador Jaime Bonilla. Ahora, sin justificación aparente, el Ayuntamiento de Tijuana sigue hostigando a los propietarios de la Cervecería Insurgente
La Cervecería Insurgente ganó seis pleitos legales que inició el exgobernador Jaime Bonilla Valdez desde octubre de 2019. Pasaron 32 meses para que la sentencia a favor se concediera en el Tribunal Contencioso Administrativo, en el Juzgado Séptimo y Tercero, y así poder producir y vender cerveza en sus instalaciones de la calle Juan Cordero, en la Zona Urbana del Río, donde tienen de vecino a Alberto Bonilla Valdez, hermano del exgobernador y principal quejoso de los olores a malta por la producción de cerveza.
Aunque la sentencia y la ley están a su favor desde principios del mes de agosto de 2022, la administración de la alcaldesa Montserrat Caballero ha sostenido el hostigamiento contra la Cervecería. Incluso el hermano de Jaime Bonilla, Alberto Bonilla, ya instaló cámaras de vigilancia hacia la cervecería.
“No estaban enterados del proceso administrativo de los amparos que tenemos y de las sentencias a nuestro favor y las sentencias definitivas. Ya tenemos los cinco amparos que interpusimos, todos a nuestro favor, y nos sentimos con cierta seguridad de trabajar”, explicó María del Rosario Pérez, directora de finanzas de Cervecería Insurgente.
“Quisiera pensar que ya va a terminar esto. Seguimos produciendo, llevamos dos meses en producción y una semana de lo que va de apertura”, comentó Damián Morales, director de operaciones de Cervecería Insurgente.
“Nosotros solo levantamos un área administrativa en donde dijimos que estaba abierto el establecimiento, de cuántas personas estaban en el establecimiento, se presentó una suspensión y nada más. Ellos podrían seguir operando hasta que haya una instrucción diferente del director de gobierno o de consejería jurídica”, explicó Adolfo García, director de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana.
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Durante la gestión del morenista Jaime Bonilla, el exgobernador tomó el caso personal e inició seis procesos en contra de la cervecería con 12 años de trayectoria.
En familia, los propietarios de la Cervecería Insurgente lucharon tres meses contra los embates del gobierno sobre las quejas de ruido en una zona comercial de Tijuana. Pero el quejoso era el hermano del gobernador y tuvieron que cambiar de estrategia para no ahogarse económicamente.
La empresa Insurgente está en espera del avance de su caso para pedir ayuda a la gobernadora Marina del Pilar y analizan demandar a Alberto Bonilla Valdez por invasión a la privacidad por la instalación de cámaras de seguridad enfocadas en la cervecería.
