Acciones dilatorias para resolver desafuero de forma expedita son la “gran mancha” de la XVI Legislatura; especialistas en Derecho señalan lentitud y falta de pericia para dictaminar el caso
Se cumplió el plazo de 45 días hábiles que tenía la Comisión Instructora para resolver el juicio de desafuero en contra de Juan Pérez Cayetano (denunciado por abuso sexual). No obstante, lejos de entregar un dictamen, la XVI Legislatura solicitó otros 15 días hábiles para definir si el diputado por Morena mantendrá o no el fuero constitucional.
La diputada presidente de la Comisión Instructora, María “Mapy” Moreno Higuera (Morena), confirmó en entrevista que no les bastó con 45 días hábiles, luego que en mayo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitara el juicio de procedencia contra Pérez Cayetano.
Esto ha desatado diversas críticas hacia el trabajo de la XVI Legislatura y enfrentamiento entre fracciones del Congreso del Estado. Incluso la diputada panista Blanca Belia Márquez Aguilar, renunció a la Comisión Instructora.
“Presentaron un recurso, y bajo ese recurso nos tenemos que preparar también, que no se nos pasen esos días. Estamos dentro de lo que corresponde al tiempo que marca la Ley, me llama la atención lo que la diputada Blanca Belia subió a Tribuna”, declaró Moreno Higuera.
“En ningún momento se ha ocultado algo, siempre se estuvo informando a los tres que formamos parte de la mesa instructora. No sé si fue ignorancia, desconocimiento”, mencionó.
En el arranque del tercer periodo ordinario de la XVI Legislatura -a inicios de septiembre-, Mapy Moreno ofreció una entrevista a medios de comunicación en la que aseguró que no sería necesario extender el proceso para definir la situación de Pérez Cayetano.
Afirmó ante las cámaras que antes de octubre entregarían el dictamen que debe ser votado por las y los 21 diputados, no obstante, ahora reculó, argumentando que el acusado presentó recursos legales que les obligaron a solicitar otros 15 días hábiles.
“El servidor público tiene sus defensores, presentan un recurso donde también están dando los tiempos para que a nosotros se nos agoten. Ustedes van a tener las respuestas que merecen. El trabajo de la Procuraduría es independiente a nosotros. Nosotros no somos quién juzgamos, es un proceso administrativo que vamos a sacar adelante”, finalizó.
45 DÍAS ERÁ TIEMPO SUFICIENTE: ESPECIALISTAS EN DERECHO
La opinión pública advierte que el manejo que se ha dado a la solicitud de desafuero del diputado por Morena podría convertirse en la mancha de la XVI Legislatura, en un contexto en el que mujeres exigen justicia todos los días ante la violencia de género en cualquiera de sus espectros.
En este escenario, especialistas en Derecho y procesos del Poder Legislativo hacen hincapié en que 45 días hábiles era un tiempo suficiente y de sobra para dictaminar sobre el juicio de procedencia.
Exponen que la Comisión Instructora se basará en revisar las constancias del caso que la PGJE remitió al Congreso del Estado, que deben estar en sigilo por el tipo de delito.
“El Congreso debe basarse en que, si se está solicitando el juicio de procedencia, es porque la Procuraduría ya tiene probada la responsabilidad y evidentemente hay delito ya probado. No tendrían que agotarse los 45 días, sin embargo, creemos que lo están haciendo por las etapas internas de la Comisión Instructora y dar garantía de audiencia y la defensa del diputado”, explicaron.
Tomando en cuenta la autonomía y soberanía del Congreso del Estado, los profesionistas recalcan que las y los diputados tienen que observar que Pérez Cayetano fue denunciado por un delito tipificado como grave. Reiteraron que el juicio de procedencia no se solicita sólo porque la PGJE quiera llamar a un funcionario o funcionaria a comparecer.
“Cuando tú quieres comparecer y lo haces por voluntad, no necesitas el desafuero; el funcionario puede hacerlo voluntariamente. Lo que pasa es que si ya se solicitó, es porque ya está probada la responsabilidad del diputado y seguramente lo quieran judicializar”, precisaron.
“Una vez judicializado, viene la audiencia para la imputación. Si la Procuraduría realizó esa solicitud, es porque tiene probada su responsabilidad, no te van a quitar el fuero para llamarte a comparecer para ver si eres responsable e inicien las indagatorias, no funciona así en materia penal”, agregaron.
De aprobar la XVI Legislatura el desafuero, no significa que Pérez Cayetano será revocado de su cargo. Podrá continuar como diputado, sin embargo, no tendrá inmunidad, y en cualquier momento las autoridades judiciales podrán ejecutar orden de aprehensión o revocar el asunto y desecharlo.
“Tiene sus derechos, pero creo que, siendo responsables, el Congreso del Estado tiene que basarse únicamente en lo que la Procuraduría le está solicitando, sin violentar los derechos, pero eso no quiere decir que ya tengan encaminado un resultado, que es otorgar el desafuero” contestaron.
RENUNCIÉ EN PROTESTA: DIPUTADA DEL PAN
Blanca Belia Márquez Aguilar, del Partido Acción Nacional, declaró que su renuncia a la Comisión Instructora fue una protesta ante lo que califica como acciones dilatorias del órgano.
El lunes 19 de septiembre se cumplieron los 45 días hábiles que la Comisión tenía para dictaminar, tiempo que, desde su perspectiva, era suficiente para dictaminar, por lo que se manifestó en contra de extender el proceso.
“En eso ya no estuve de acuerdo porque, para mí, se está retrasando todo. Es dilatoria esto porque los abogados nos decían una ruta y sobre esa vamos, nunca nos daban dos opciones. De repente yo me iba que para antes del 15 (de septiembre) íbamos a estar presentando el dictamen y ya me salen con que no, que vamos a agarrar otra ruta. Ya no me gustó, no confié”, manifestó.
En su opinión, la asesoría jurídica que recibió la Comisión Instructora no fue transparente ni otorgó opciones de rutas a seguir para agilizar los resultados. Asimismo, considera que, basada en la documentación que aportó la PGJE al Congreso, todo apunta al desafuero.
“La Comisión estaba trabajando con base al expediente, ya lo demás se ha dado por abogados defensores. Pero el expediente de la Procuraduría no ha cambiado, ahí está. Para mí va para desafuero”, dijo.
Márquez hizo hincapié en que la XVI Legislatura no emitirá una sentencia ni juzgará al legislador, simplemente lo pondrá a disposición de la autoridad correspondiente.
Tras la salida de Blanca Belia, en su lugar nombraron al diputado del Partido del Trabajo (PT) Christian Agúndez, ahora trabajan en reuniones extraordinarias.
Las declaraciones de la legisladora del PAN causaron eco en la fracción de la Cuarta Transformación. En respuesta, el diputado presidente de la Mesa Directiva, José María Avilés Castro, calificó como irresponsable e ignorante la decisión de su compañera.
Recordó que la extensión de tiempo está dentro del marco de los reglamentos, por lo que acusó que las declaraciones de la diputada iban con “mala fe”.
“Mi punto de vista es que es una irresponsabilidad, aunado a la ignorancia y posiblemente mala fe. Si ustedes escucharon, no hubo ningún argumento técnico legal para la renuncia, sobre todo porque ella ha llevado el proceso y sabe que la Ley de Responsabilidad para Servidores Públicos otorga a la Comisión Instructora hasta 60 días hábiles para resolver el fondo del asunto”, aseveró.
Avilés agregó que la defensa del Pérez Cayetano interpuso un recurso de revisión, por lo que fue necesario ampliar el tiempo para dictaminar si habrá desafuero o no: “No sé si es mala fe o si le están haciendo el juego a alguien, o si es simple y llanamente politiquería, finalmente la Comisión Instructora está trabajando de manera adecuada”.
Recalcó que no era necesario que Blanca Belia expusiera partes del proceso, usando de ejemplo del caso Cassez-Vallarta para hacer hincapié en la importancia de proteger el sigilo de las diligencias.
“Me parece, y reitero, irresponsable de ignorancia en términos de los procesos y, en su caso, de mala fe. Porque en lugar de abonarle a que se agilice, con esta renuncia lo que hace es dilatar más un asunto que prácticamente está por cerrarse”, añadió.
Por su parte, la diputada panista mencionó que, al ser su renuncia una protesta, analiza la posibilidad de denunciar o interponer algún recurso contra Avilés Castro por violencia política de género, al menoscabar sus decisiones y atribuirlas a la ignorancia.
PÉREZ CAYETANO PIDE LICENCIA
Poco antes del cierre de esta edición, el diputado Juan Pérez Cayetano confirmó a ZETA que ha solicitado licencia a la Mesa Directiva de la XVI Legislatura. Aseguró que lo hace para resolver desde afuera el caso que le acusa, para que exista la misma oportunidad de defenderse con piso parejo.
“Para que estemos en la misma circunstancia y no haya nada que esconder, simplemente es atenderlo y que sea la justicia la que dictamine lo que tenga que dictaminar”, comentó.
Está confirmado que, hasta el momento, sólo ha interpuso la solicitud de licencia y falta que la Mesa Directiva presidida por el diputado José María Avilés Castro apruebe la petición.
Cuestionado respecto a si mantendrá el fuero constitucional en caso que la XVI Legislatura le otorgue la licencia, expuso que quedará sin esta protección.
“No, por supuesto que no, hasta donde tengo entendido, pues voy a salir para poder atenderlo el tiempo que sea necesario”, respondió Pérez Cayetano.
En contraste, especialistas en Derecho y procesos del Poder Legislativo recalcaron que la licencia no revoca el fuero constitucional, únicamente le permitirá ausentarse de las sesiones y trabajos del Congreso del Estado sin acumular faltas. Así evitará ser sancionado con la separación del cargo por sumar cinco inasistencias, y aunque existe la posibilidad de que el diputado se presente de manera voluntaria a comparecer ante la PGJE, no cambiará nada, ya que mantendrá la protección por el fuero.
Recordaron que en 2019 se llevó a cabo una reforma que incluyó los delitos sexuales contra menores de edad y mujeres en la lista de delitos graves, con ello, estos ilícitos ahora se persiguen de oficio y se aplica prisión preventiva oficiosa para los imputados.
Si el legislador se presenta ante la PGJE, el Ministerio Público no podrá aplicar una orden de aprehensión ni la prisión preventiva como medida cautelar, debido a que todavía gozará de inmunidad.
