Dentro de la carpeta judicial 14/2020, iniciada por peculado, se han desarrollado cuatro audiencias como parte del juicio oral en el Centro de Justicia Penal Federal. El miércoles 21 de septiembre se harán los alegatos de clausura; después vendrá la sentencia
Gilberto Hirata y Samuel Jaime, ex alcalde y ex tesorero del XXI Ayuntamiento de Ensenada, comparecieron a juicio oral por el desvío de 3.5 millones de pesos del Programa de Desarrollo Regional 2016, destinados originalmente para la construcción de una Subestación de Bomberos en San Quintín y la pavimentación de una calle en el ex Ejido Chapultepec, pero presuntamente utilizados para el pago de nómina.
Dentro de la carpeta judicial 14/2020, iniciada por peculado, el miércoles 7 de septiembre a las 11:15 horas se dio la apertura de juicio oral en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal de Ensenada, a cargo del juez Sergio Adolfo Peniche Quintal.
En la audiencia, las partes vertieron sus alegatos de apertura y se presentaron los testimonios de dos testigos: la síndico Elizabeth Muñoz Huerta y Ramón Cruz.
El jueves 8 continuó el juicio con los testimonios de Ernesto René Gil y Maribel Montoya (regidora del PT con licencia), quienes participaron en la elaboración de la auditoría financiera del Programa de Desarrollo Regional 2016 cuando formaban parte del XXII Ayuntamiento: él como subdirector de Fiscalización, y ella como auditora, ambos en Sindicatura; José Arturo Agüero desistió del testimonio.
Entre el miércoles 7 y el martes 13 de septiembre se desarrollaron cuatro audiencias como parte del juicio oral, ZETA estuvo en dos de éstas y comparecieron nueve testigos, quienes fueron sometidos a interrogatorio por parte de los ministerios públicos federales Adriana Delgado Bolaños, Natalia Santiago y Josué Fernando Mejía, así como de los defensores particulares del ex alcalde, Víctor Manuel López García y Gabriel Ríos Patricio; al igual que los del ex tesorero, Sabás Javier Ramírez Carrillo y Jesús Jaime González Agúndez.
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El martes 13 estaba programada la continuación del juicio en su etapa de alegatos de conclusión, sin embargo, el juez la suspendió y reprogramó para el miércoles 21 a las 09:00 horas. Después vendrá la sentencia.
EL RASTRO DEL DINERO
María Teresa Frías Quirós, jefa del Departamento de Auditoría al Sector Central y Delegaciones en el XXII Ayuntamiento de Ensenada, relató que el 19 de febrero de 2016, el contador Samuel Jaime solicitó a la institución bancaria Scotiabank apertura de cuenta para recibir los recursos del Programa de Desarrollo Regional 2016, misma que se concretó el 22 de febrero bajo número 13104809955.
Según la información aportada por Frías Quirós, podían firmar cheques Gilberto Hirata, Samuel Jaime y otros dos empleados de Tesorería identificados como René y Yolanda, de manera mancomunada.
El 28 de enero, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron los lineamientos del Programa de Desarrollo Regional, y el 8 de agosto de 2016, se firmó convenio entre Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Secretaría de Planeación y Finanzas, para recibir los recursos y que el Ayuntamiento ejecutara las obras.
Los recursos para la construcción de una Subestación de Bomberos en la colonia Nueva Era de San Quintín (entonces delegación de Ensenada) por 3 millones 461 mil pesos y la pavimentación de la calle Néstor Olivas en el ex Ejido Chapultepec por un millón 978 mil pesos, fluyeron entre septiembre y diciembre de 2016.
La construcción de la subestación quedaría a cargo de la Dirección de Infraestructura, mientras que la pavimentación de la calle correspondería al Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada (CUME).
Un primer depósito de los recursos federales se recibió el 1 de septiembre por 2 millones 164 mil pesos, con recibo oficial del 8 de septiembre. Un segundo depósito, el 3 de noviembre por un millón 163 mil pesos, con recibo el 15 de noviembre; el tercer depósito, con fecha 30 de diciembre de 2016 (en el XXII Ayuntamiento a cargo de Marco Novelo), por un millón 613 mil pesos, con recibo oficial expedido el 6 de enero de 2017.
En cuanto a los retiros o salidas de esa cuenta exclusiva para el par de obras, se identificó que el 14 de septiembre de aquel año se realizó una transferencia a la cuenta 964128795 de Banamex, por 1.5 millones de pesos, utilizada por el Ayuntamiento para el pago de nómina.
Una segunda salida fue rastreada el 11 de noviembre de 2016 a la cuenta 4059618769 de HSBC, por 2 millones de pesos, también utilizada para nómina del Ayuntamiento. En total se recibieron depósitos por 5 millones 409 mil pesos y se retiraron 3.5 millones de pesos.
En el caso de la Subestación de Bomberos, hasta el 3 de octubre se solicitó la ampliación de presupuesto y fue aprobada el 6 de diciembre de 2016, esta última fecha, en la administración de Novelo.
Del movimiento a Banamex, Tesorería remitió comprobante y se determinó en la auditoría que quien autorizó la transacción fue el usuario 001, es decir, Samuel Jaime; en el caso de HSBC no fue posible localizarlo, solamente una consulta de movimientos hecha por Claudia Italia Orozco Arreola, empleada de Tesorería con número de usuario 003.
La fiscalía preguntó a la testigo sobre los resultados del informe de auditoría con fecha 2 de mayo de 2017, incorporada en el juicio como prueba documental. “Determinamos que el recurso para la ejecución de las obras, con recursos federales únicos para eso, se utilizó para un fin distinto como el pago de nómina, ya que los lineamientos y convenios prohíben utilizar el dinero para gasto corriente y sueldos”, sentenció la jefa de Auditoría de Sindicatura.
Por haber utilizado el dinero para un fin distinto, no se ejecutaron las obras, CUME no recibió el recurso para la pavimentación de la calle (casi 2 millones de pesos) y, en cuanto a la subestación, el dinero no estaba en el banco, por lo que la obra quedó cancelada.
“Presumimos que hay responsabilidad de Samuel Jaime porque fue quien autorizó la utilización de los 3.5 millones de pesos en el pago de nómina, incumpliendo diversas leyes, reglamentos y lineamientos”, agregó la funcionaria.
“¿Por qué sólo Samuel y no Gilberto figuran en sus conclusiones?”, preguntó la agente del Ministerio Público a la testigo, quien respondería:
“Se trató de una auditoría financiera-contable, los resultados arrojaron elementos para presumir la responsabilidad del tesorero con base en los elementos analizados”.
“¿Qué implicaciones tiene una persona que abre una cuenta bancaria?”, insistió la fiscalía.
“Responsabilidad en el manejo de la cuenta, si fue solicitada para bajar recursos federales, quien firmó el contrato sabe que el recurso es para eso”, respondió de nuevo.
Al ser turno de la defensa de Hirata, sus abogados intentaron desacreditar las formas del informe, experiencia, capacidad y competencia de la jefa de Auditoría.
La defensa de Samuel Jaime también cuestionó que la auditoría fue hecha por René Gil y Maribel Montoya, ambos licenciados en Administración de Empresas. Preguntó si la testigo recurrió a un perito en documentoscopía y en informática, obteniendo respuesta negativa.
Asimismo, la defensa puso en tela de juicio la capacidad de la jefa de Auditoría al revelar que no cuenta con cédula profesional como contador público, y que no pudo ubicar desde qué aparato se hicieron las transferencias del 14 de septiembre y 11 de noviembre de 2016.
Jesús Jaime González preguntó a la testigo si con su amplia experiencia (22 años en temas de auditoría) podía decir si obliga al Ayuntamiento un convenio no suscrito por éste. Ella respondió que sí, ya que para el uso de recursos federales abrió una cuenta y los recibió.
“Si alguien no ha firmado un convenio, está obligado a cumplir sus lineamientos”, cuestionó el abogado defensor.
“Sí, porque el gobierno municipal recibió los recursos”, respondió ella, al tiempo que el abogado la acusaba de mentir, lo que obligó al juez a decretar un receso y retirar momentáneamente a la testigo para llamarle la atención al litigante.
En la segunda vuelta de interrogatorio, la fiscalía preguntó si el Ayuntamiento no firmó el convenio, por qué estaba obligado a cumplir con los lineamientos.
“Porque el documento dice que si el Ayuntamiento ejecuta las obras, debe sujetarse a los lineamientos de dicho convenio”, argumentó la testigo.
PERITO CONTABLE DE FGR APUNTA A EX TESORERO
Fabián Ramírez Romero, perito en la coordinación general de Periciales de la Fiscalía General de la República, ofreció sus testimonio el lunes 12 de septiembre y coincidió con el informe de auditoría de Sindicatura, los montos de obras, los depósitos y transferencias de cuentas, concluyendo que el monto del desvío fue de 3.5 millones de pesos. Recursos destinados para un fin distinto al establecido en el convenio entre SHCP y SPF.
“¿A quién se le atribuye este desvío?”, preguntó la fiscalía.
“Al entonces tesorero municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ensenada”, respondió el perito traído desde Ciudad de México junto con los agentes del MP y policías federales de investigación.
“¿Qué le permite soportar esta afirmación?”, insistió la FGR.
“Él estaba a cargo de las cuentas bancarias y tenía total poder sobre ellas, incluyendo el token”, recalcó el testigo ofrecido como experto.
La defensa de Hirata intentó desvirtuar el testimonio al encaminar sus preguntas a si él había corroborado cada uno de los documentos contenidos en la auditoría de Sindicatura. En tanto, la defensa de Samuel Jaime se centró en cuestionar si había un convenio entre el Ayuntamiento con el Estado o Federación.
POLICÍAS NO HALLARON LAS OBRAS EN INSPECCIONES
En la audiencia del lunes 12 de septiembre comparecieron como testigos los policías federales ministeriales Édgar Preciado Martínez y Josefina de la Cruz, quienes realizaron tres informes de investigación derivados de inspecciones físicas en los sitios donde debían estar las dos obras.
Ambos coincidieron en que durante las inspecciones de los días 20 y 21 de octubre de 2020 no encontraron la calle pavimentada ni la Subestación de Bomberos, lo cual registraron con fotografías y entrevistas de vecinos.
Las defensas los cuestionaron por haber ubicado el predio donde se construiría la subestación solamente preguntando a los vecinos, sin apoyarse en información del Ayuntamiento.
La defensa de Samuel Jaime evidenció que la testigo no conocía ni radicaba en Ensenada o San Quintín.
Sobre Gilberto Hirata y Samuel Jaime pesa una inhabilitación de 10 años dictada por Sindicatura a mediados de 2018. Ambos fueron vinculados a proceso en agosto de 2020. De acuerdo con el Artículo 233 del Código Penal Federal, el peculado puede alcanzar una pena de entre tres meses y 14 años de prisión, y de 30 a 150 días de multa.
