El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió, el 29 de septiembre del 2022 que detrás de las acusaciones en contra de militares por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa -desaparecidos el 26 de septiembre del 2014-, hay intereses de quienes buscaban una rebelión en el Ejército.
“Hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5, de alto grado, los otros 15, no se, pero me imagino. Son soldados, pero por qué meten a los 20, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército y que íbamos a dar marcha atrás”, indicó el político tabasqueño.
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“No, cero corrupción, cero impunidad […] Cuando saben que va en serio, entonces a lo mejor pensar: si le metemos 20, estos van a dar marcha atrás porque no van a poder enfrentar al Ejército”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
Antes del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y, sin consultar a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 de las 83 órdenes de aprehensión libradas el 19 de agosto del 2022 contra presuntos implicados en dicho caso, una decisión que favoreció a 16 miembros del Ejército.
Asimismo, se cancelaron las órdenes de aprehensión que un juez libró contra el titular de la ahora extinta Procruduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera; así como al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la misma entidad, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; y, contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia guerrerense, Lambertina Galeana Marín.
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Ha trascendido que los militares que cuentan con órdenes de aprehensión son: el general Brigadier José Rodríguez Pérez, por el presunto delito de delincuencia organizada. Asimismo, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel, y, el subteniente Fabián Alejandro Pirita, por los probables delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
“Cuando esto llegue a la Fiscalía, cuando este informe llegar a la Fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, ese es mi interpretación de dinamitar el proceso porque estaba de por medio detener al Procurador y estaba de por medio detener a militares. Entonces, el reclamo del fiscal que sale [Gómez Trejo], es que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas [Rodríguez], yo daba por hecho de que habían participado todos”, insistió el político tabasqueño.
“No les gustó que se actuara así, ni les gustó el informe […] Al Fiscal que estaba. Por eso planteo lo de su renuncia”, respondió López Obrador, quien también dijo que las órdenes de aprehensión se giraron conforme al informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, pero aseveró que en dicho documento no estaban implicados los militares.
“Estoy seguro que alguno de los detenidos estaban muy confiados de que no iba a haber acción […] Sí, sí, sí y no estaban, no están en el informe, las 20 […] No están, no, no, no, no, no, no, no, yo les puedo mostrar el informe, a ver, está testado […] son cinco militares y ahí están incluidos […] No, cinco, y el abogado no tiene la información o está actuando de mala fe”, enfatizó el presidente.
“Por eso, no tiene la información entonces, pero que bien que lo estamos aclarando, entonces, en el informe son cinco militares, pero para más detalles, para más detalles yo di la instrucción al Secretario de la Defensa [Luis Cresencio Sandoval González] por escrito […] De que se cumpliera con lo que se estableció en el informe de la Comisión […] Le dije al secretario que los cinco responsables debían de asumir su responsabilidad”, agregó el político tabasqueño.
“Entonces, cuando se actúa, pues sorpresa para todos y si tú dices que [el periodista] Jorge Fernández [Menéndez] entra y hace una entrevista y que no sé quién le hace otra entrevista, eso, les diría, es secundario, aquí lo importante es que se está haciendo justicia y todos tenemos derecho a la defensa”, abundó López Obrador, quien también refrendó su apoyo a Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
“El presidente lo apoya, lo respalda, por eso lo nombré responsable de la Comisión, por eso hay un decreto y repito, dos días después de que tomé posesión, si no me equivoco, a ver si lo buscan […] Decreto del 4 de diciembre de 2018, 3 o 4 días después, porque es un compromiso”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Entonces, qué es lo que sucede, yo le estoy pidiendo a Alejandro, porque se de que hay muchos intereses de por medio, bueno, tan es así que se hizo un llamado pacto de silencio y nos costó muchísimo llegar a las conclusiones que tiene el informe, muchísimo y hubieron hasta asesinatos, que pueden estar o no vinculados al asunto”, señaló el mandatario nacional.
“Entonces, cuando Alejandro me presenta el informe con los anexos, le digo ya, este es el momento, porque sé lo que implica, entonces, viene en el informe una lista de responsables, acordamos con la Fiscalía y con el Poder Judicial, que esto iba a requerir de la colaboración de las tres instituciones, independientemente de la independencia de cada institución, pero que era un asunto tan importante en el que teníamos que ayudarnos mutuamente, entonces cuando se tiene el informe, se le plantea al Fiscal […] Tiene todo nuestro apoyo y si hay campaña en contra de Encinas, hay campaña en contra mía y todo lo que resiste apoya”, aseveró.
Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo federal afirmó que las Fuerzas Armadas están “muy conscientes” de que no se puede encubrir a quien comete un delito y aseguró que el Ejército mexicano no tiene que ver con la actitud “irresponsable” de algunos de sus elementos.
“No, eso también es parte de los rumores que difunden. Las Fuerzas Armadas están muy consientes que no se puede encubrir a quien comete un delito, porque eso en vez de fortalecer a esa institución, la debilita. Y es una institución fundamental por eso hicieron mal al no actuar cuando sucedieron los hechos a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas, no […] Las Fuerza Armadas no tienen que ver con la actitud irresponsable de 1, 2, 3, 5, 10 miembros del Ejército o servidores públicos. Se afecta a las instituciones si se encubre, si no se dice la verdad”, abundó.
“Se presta al golpeteo a la institución y se aprovechan todos, hasta los extranjeros que quisieran que tuviésemos Fuerzas Armadas socavadas, debilitadas para que los del gobierno mundial con sus corporaciones mundiales decidieran en nuestro país. Nada más que se les olvida que México es un país independiente y soberano y que no queremos injerencias de nadie, de ningún gobierno extranjero”, agregó.
“Hay muchos interés de por medio, esto que estoy planteando, incluso hasta los defensores o supuestos defensores de derechos humanos que se convierten en administradores del conflicto […] Es un asunto de fondo, yo no quiero que defensores de derechero humanos, yo no quiero que se violen los derechos humanos ¿y quién era el principal violador de derechos humanos? El Estado y el mismo Estado alentó lo de la creación de las organizaciones de derechos humanos, yo no quiero eso, yo no quiero que haya violación de derechos humanos”, finalizó.
RENUNCIA OMAR GÓMEZ TREJO, FISCAL DEL CASO AYOTZINAPA DE LA FGR
Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR), renunció a dicho cargo, dimisión que se hará efectiva a partir del próximo viernes 30 de septiembre del 2022, según lo informaron diversos medios nacionales, basados en fuentes.
La renuncia de todavía funcionario federal ocurrió al cumplir el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de que, sin consultarlo, agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 de las 83 órdenes de aprehensión libradas el mes pasado contra presuntos implicados en dicho caso, una decisión que favoreció a 16 miembros del Ejército.
Asimismo, se cancelaron las órdenes de aprehensión que un juez libró contra el titular de la ahora extinta Procruduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera; así como al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la misma entidad, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; y, contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia guerrerense, Lambertina Galeana Marín.
Según el diario Reforma, en octubre del 2020, Alejandro Gertz Manero -titular de la FGR- había empoderado a la Unidad que todavía dirige Gómez Trejo, con la facultad para conceder beneficios a testigos colaboradores, intervenir comunicaciones privadas, solicitar informes bancarios y ejecutar operaciones encubiertas.
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa podía solicitar el desistimiento de la acción penal en un proceso, la cancelación de una orden de aprehensión, la reclasificación del delito o pedir la prisión preventiva o el resguardo domiciliario para garantizar la comparecencia del imputado o la protección de las víctimas o testigos.
Según el mismo rotativo, Gertz Manero también autorizó al organismo investigador dictar el no ejercicio de la acción penal, antes de una audiencia inicial, y conceder los criterios de oportunidad, “que significan la inmunidad penal para quien colabore con las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Diversos medios indicaron que Gómez Trejo renunció el 26 de septiembre del 2022, debido a desacuerdos en la forma en que se ha llevado el proceso de consignación de los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas. La semana pasada, el abogado de madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, acusó que el funcionario federal había sido relegado de las investigaciones del caso.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, el 27 de septiembre del 2022, que Omar Gómez Trejo renunció como Fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, por diferencias en los procedimientos para aprobar órdenes de aprehensión.
“Sí, él va a dejar el cargo, tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar a otro Fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista […] El Fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, o sea, hubo diferencias en eso y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento que es resultado de la investigación”, agregó el mandatario nacional.
Durante la conferencia de prensa matutitna -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que su Administración está recibiendo muchas presiones, de todo tipo, en la investigación del caso y pidió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos confiar en que la indagatoria seguirá.
“Que nos tengan confianza que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá me crean que estamos recibiendo muchas presiones, de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia, y que yo estoy acostumbrado a resistir, y como decía el general Torrijos: el que se aflige, se afloja”, indicó el político tabasqueño.
“Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudodefensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación, vamos a seguir adelante, sin limitaciones”, acusó.
“Sin presiones, ya sabemos lo que viene después, vienen otras preguntas, van a querer enrarecer, y descalificar la investigación, no lo van a lograr y que sepan que así como nos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo, vamos a ser nosotros respetando la libertad de expresión, informando al pueblo de todo, y estoy atento a todo lo que está sucediendo”, finalizó.
¿QUIÉN ES OMAR GÓMEZ TREJO?
El 26 de junio del 2019, Gómez Trejo -ex consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- fue nombrado como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Antes trabajó en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNDUDH) en México, Honduras y Guatemala.
Además, Gómez Trejo laboró en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa Rica. Asimismo, después de los hechos del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, en los que 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos, fungió como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, es Licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y cuenta con una Maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
DETIENEN A GENERAL, EX COMANDANTE DE BATALLÓN EN IGUALA, CUANDO DESAPARECIERON NORMALISTAS DE AYOTZINAPA
Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, informó, el 15 de septiembre del 2022, que un total de tres militares han sido aprehendidos por su presunta implicación en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el funcionario federal precisó que uno de los detenidos es quien era comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, en 2014, cuando ocurrieron los hechos. Aunque Mejía Berdeja no reveló el nombre del mando militar, se trata de del coronel José Rodríguez Pérez, según información del diario español El País.
“Se han liberado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército mexicano, se han ejecutado tres de ellas, tres detenidos, entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería cuando fueron los hechos en Iguala en 2014, se seguirá informando”, expuso el subecretario, quien detalló que dichos arrestos se dieron tras la presentación del informe del caso Ayotzinapa, elaborado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia.
Según el informe presentado el 26 de agosto del 2022, por Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el coronel José Rodríguez Pérez, es acusado de ordenar el asesinato de seis normalistas de Ayotzinapa.
“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos, y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el coronel José Rodríguez”, dijo durante una conferencia de prensa matutina, el también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa.
Hasta antes de su captura, Rodríguez Pérez ocupaba el rango de general brigadier, al cual fue ascendido en 2015, todavía durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, por sus “méritos, aptitudes y competencia profesional”, según un documento firmado por el mismo ex presidente, así como por Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
“Hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al coronel, como ven en los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos”, explicó Encinas Rodríguez, en dicha ocasión.
En agosto del 2022, el titular del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, emitió 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
JUEZ LIBRA 83 ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA MIEMBROS DEL EJÉRCITO POR EL CASO AYOTZINAPA
Un juez libró, el 19 de agosto del 2022, un total de 83 órdenes de aprehensión, entre ellas 20 contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, Guerrero, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que desaparecieron el 26 de septiembre del 2014, en dicho municipio guerrerense.
Los delitos por los cuales el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró las 83 órdenes de aprehensión, son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
“A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero”, informó la institución de procuración de justicia.
La FGR detalló que las órdenes de aprehensión también son contra 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. “Todos ellos vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores”, añadió.
Según la Fiscalía General de la República, las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice, puntualizó la FGR.
