A pesar de que desde la apertura del juicio la acusación fue por el artículo 223, fracción IV del Código Penal Federal, en los alegatos de clausura desahogados entre miércoles y jueves la Fiscalía General de la República varió la acusación a la fracción I, lo que dejó al juez sin elementos para condenarlos.
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ENSENADA.- Gilberto Hirata Chico y Samuel Jaime Aguilar, exalcalde y extesorero municipal, fueron absueltos del delito de peculado por el que se les llevó a juicio oral dentro de la carpeta judicial 14/2020.
La sentencia fue dictada hoy viernes 23 de septiembre a las 11:41 por el juez federal Sergio Adolfo Peniche Quintal, en audiencia virtual, después de siete audiencias en las que se desahogaron nueve testimonios.
A pesar de que desde la apertura del juicio la acusación fue por el artículo 223, fracción IV, en los alegatos de clausura planteados entre miércoles y jueves la representante de la Fiscalía General de la República, Adriana Delgado Bolaños, varió la acusación a la fracción I, lo que dejó al juez sin elementos para condenarlos.
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En la sentencia el juez reconoció que había elementos suficientes para sentenciar a los imputados por la fracción IV, pero como la Fiscalía varió la acusación en los alegatos de clausura él no podía rebasar la medida de la acusación, sino verificar su existencia.
La fracción I señala que todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa.
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En tanto que la fracción IV establece que cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.
Además, la Fiscalía General de la República no pudo acreditar el beneficio de ambos imputados, a quienes se acusó de desviar a nómina 3.5 millones de pesos de Programas de Desarrollo Regional 2016, destinados originalmente para la construcción de una subestación de Bomberos en San Quintín y la pavimentación de la calle Néstor Olivas en el exejido Chapultepec.
