Levantones y desapariciones se siguen presentando sobre todo en la Capital. Van más de 50 en este año y CEDH reporta ocho quejas por tortura; investigaciones por tortura cometida por policías, en curso
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Hay pruebas suficientes en La Paz para que las autoridades investiguen si agentes de seguridad están utilizando viejas prácticas para combatir y encontrar delincuentes.
Los “poli-vengadores” están sometiendo a quienes a su parecer consideran delincuentes. Según la carpeta de investigación NUC LPZ/4273/2022 en contra de agentes de la Policía Estatal Preventiva, un grupo de encapuchados privó de la libertad a su víctima y lo torturaron como disuasión.
Incluso, familiares de desaparecidos solicitaron revisar la participación de policías de diversas corporaciones involucradas en levantones registrados principalmente en la Capital del Estado.
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“En las últimas desapariciones, de julio y agosto, las familias que acudieron a diferentes colectivos, los casos más recientes, manifiestan que han sido policías ministeriales o estatales los que los levantaron, es lo que nos dicen, pero igual no podemos afirmar; ellos (los presuntos) llegan a los lugares y se presentan como oficiales, pero no sabemos en realidad si son”, informaron a ZETA miembros de colectivos de búsqueda de desaparecidos.
El 21 de julio, de nuevo quedó registrado ante las policías de la Capital el levantón de un joven que encontraron en muy malas condiciones en un camino contiguo a la colonia Miramar, a quien se identificó como Josué Ávila Reyes, de 33 años y originario de Tijuana, Baja California, de oficio albañil.
Alrededor de las 20:00 horas del miércoles 20 de julio, Josué se dirigía hacia la tienda ubicada en las calles Mar Báltico y Miramar de la colonia del mismo nombre, fue entonces que sintió que le pusieron una bolsa en la cabeza y lo obligaron a subir a una camioneta, llevándoselo de inmediato.
“Relata el afectado que desconoce quiénes y qué motivo haya sido por el que lo levantaron, por lo menos eran tres personas y el conductor, quienes lo agredían verbal y físicamente en el trayecto, de pronto sintió un jalón y lo tiraron al suelo, los golpes continuaron, incluso aumentó la tortura, le quemaron parte del rostro, al mismo tiempo le decían ‘para que se te quite lo rata’, pero dijo que se equivocaron en esta ocasión, pues dijo no tener relación con hechos delictivos”, indicó un agente de Investigación Criminal.
A Josué lo torturaron y le preguntaron por un tal “Cholo”, sin embargo, negó conocer a dicha persona, lo que enfureció a sus victimarios e hizo que la tortura siguiera: le bajaron los pantalones y abusaron sexualmente de él.
“Lamentablemente la víctima presentaba lesiones en gran parte del cuerpo, incluyendo en sus partes nobles, que revelaron una violación. Él contó que, al responderles negativamente sobre ‘El Cholo’, le retiraron el pantalón y lo pusieron bocabajo, mientras lo sostenían con fuerza; uno más introdujo un palo de madera por el ano, generando lesiones internas, violación”, externó el agente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Allí fue abandonado por sus agresores, casi moribundo. Policías municipales recibieron el llamado de aviso de una persona que caminaba por el sitio, que avistó al joven tendido entre unos montículos de tierra y llantas.
La víctima relató a los oficiales parte de lo sucedido, desconociendo quiénes lo habían golpeado. Es el segundo caso del que se tiene conocimiento oficialmente, el primero ya radica en los archivos de la PGJE, donde el denunciante dijo que “presuntos policías” lo habían levantado.
POLICÍAS TORTURAN EN LA PAZ: CEDH
El uso desproporcionado de la fuerza pública es muy común por parte de policías, a pesar de que cualquier ciudadano puede documentar una agresión física o verbal, las violaciones a los derechos humanos siguen incrementando.
Así lo reveló el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Elías Camargo, quien reconoce que diversas corporaciones encabezan la lista de abusos.
“Las más señaladas son las policías, siempre lo he sostenido y, para prueba, apenas la semana pasada tuvimos un hecho muy lamentable en Los Cabos, donde policías municipales y estatales reprimieron una manifestación de conductores de plataformas digitales”, dijo el funcionario.
Cuando el abuso policiaco pasa de ser una simple agresión y se convierte en un método para detener o conseguir una declaración de culpabilidad, la violencia policial sube de tono y se convierte en tortura, y aunque es un mecanismo primitivo, a la fecha se utiliza.
En lo que va de 2022, la CEDH ha recibido ocho quejas por tortura contra ciudadanos, además de 13 quejas calificadas como uso desproporcionado de la fuerza pública o detención arbitraria.
“El delito como tal de tortura, lo investiga la Procuraduría General de Justicia, nosotros lo que investigamos como tortura no es el delito, sino como violación grave a los derechos humanos. Tenemos algunos expedientes de tortura, y por supuesto son expedientes que les prestamos particular atención, porque la tortura, primero que nada, es una violación grave de derechos humanos y todavía mayor gravedad reviste cuando esa tortura presuntamente fue infligida por una autoridad pública”, lanzó el titular de la CEDH sudcaliforniana.
Añadió que “por tortura, lo encabeza la Procuraduría General de Justicia del Estado”, por lo tanto, son los agentes de Investigación Criminal quienes emplean estos métodos primitivos de justicia, de la era de la Santa Inquisición.
El ombudsman sudcaliforniano reconoció que en este periodo de pandemia han bajado mucho las quejas ante la Comisión, sin embargo, ya empiezan a incrementar.
Camargo reconoció que se debe trabajar constantemente en la capacitación del personal, sobre todo con los de nuevo ingreso, para que desde un inicio entiendan que el uso de la fuerza desmedida es un delito y que las personas deben ser tratadas con respeto en todo momento.
“Hemos emitido recomendaciones y capacitado muy fuerte a los cuerpos policiacos municipales y estatales, algunos federales y nacionales, porque en la medida que se capacite a los elementos, tarde o temprano van a terminar entendiendo que no deben hacer eso. Cuando entran nuevos cadetes, ahí donde está la gran área de oportunidad para nosotros, para que estos nuevos elementos que entrarán en funciones, entren con otra dinámica, no abusen de la fuerza pública, que mucho menos les pase por la mente torturar a nadie y den trato digno a cada persona”, apuntó Elías Camargo.
50 LEVANTADOS Y DESAPARECIDOS
En los últimos meses, particularmente en La Paz, aumentaron los levantones y personas desaparecidas. Colectivos de búsqueda de personas reportan veinte desaparecidos de julio a lo que va de agosto.
Mientras la PGJE reportó recientemente una disminución en estos delitos, el Colectivo Búsqueda x La Paz externó que este mes y el anterior han tenido más desaparecidos, la mayoría levantados por hombres encapuchados; en algunos casos ya detuvieron a los responsables, pero la víctima sigue en calidad de desaparecida.
“Enero y febrero empezaron muy tranquilo en desapariciones, para abril, mayo, junio, julio y agosto, julio y agosto son los meses que los números y las desapariciones aumentaron, van seis personas desaparecidas en agosto, y eso que apenas está empezando el mes. En julio hubo 14 personas, pero es el registro que tenemos en el Colectivo de Búsqueda por La Paz, obviamente sabemos que hay más personas en calidad de desaparecidos, pero no se han acercado a los colectivos o no han puesto denuncias. En el año van más de 50 personas desaparecidas”, indicó Daniel Álvarez Manríquez, representante del Colectivo Búsqueda x La Paz.
La localización de personas enterradas se ha dado principalmente por la participación de los diversos colectivos de familiares que buscan a su desaparecido, hasta ahora van más de 45 cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Apenas la mitad de ellos cuentan con una identificación plena de su identidad, el trabajo de las autoridades es lento, aunado a que muchos familiares no han entregado muestras de ADN para identificarlos.
“No se hacen la prueba de ADN porque no quieren encontrar a sus familiares de esa manera, pero se la tienen que hacer por cualquier cosa, hay que buscarlos de las dos formas, ya sea vivos o muertos, en este caso están en calidad de desaparecidos, no sabemos cómo los vayamos a localizar”, expuso Álvarez Manríquez.
Los trámites burocráticos son tan tardados incluso para las víctimas ya identificadas y que son entregadas a sus familiares.
“En las localizaciones que hemos tenido últimamente para San José del Cabo y en Ciudad Constitución, las autoridades se apresuran en las pruebas de ADN, es muy importante hacer campañas de ADN, para que esos cuerpos puedan ser regresados con sus familias, son demasiadas osamentas y cuerpos en Semefo y no han sido identificados”, lamentó el representante del Colectivo.
Gabriel Álvarez vive un calvario desde el 12 de julio de 2017, cinco años han transcurrido desde que su madre, Elvira Yolanda Manríquez Pérez, fue privada de su libertad. Al momento la carpeta de investigación se mantiene en blanco.
La PGJE ha revelado informes sobre dicha investigación, indicando que, en algunos casos, los victimarios ya fueron encontrados sin vida o se encuentran en calidad de desaparecidos.
“Se realizó la marcha el 12 de julio en La Paz, hicimos el recorrido, llegamos a la Procuraduría, pero pues no hemos tenido todavía una respuesta a la carpeta de mi mamá, sigue sin moverse, sin ninguna investigación, sin ningún interés. Vamos a tener una reunión con todos los colectivos de La Paz para hacer la revisión de carpetas, esto lo organizó la Comisión Estatal de Búsqueda junto con Fiscalía, y pues ahí voy a saber en qué han avanzado en la carpeta”, dijo Álvarez.
Gracias a la información anónima que obtuvo la familia, han podido identificar a quienes se llevaron a su madre.
Además, está el caso de una mujer privada de su libertad por un motivo distinto al de desaparición forzada, pero las investigaciones no se han iniciado, está detenida y bien podría obtenerse información al respecto.
“Hay dos personas, una falleció y la otra está desaparecida, pero todavía hay personas con vida, y personas que yo le he dicho al procurador en audiencia, que investiguen a tal persona, pero pues no lo han hecho y hasta fotos les pasé, les pasé números y quedó en marcarme, pero a la fecha no he recibido ninguna llamada del procurador y eso fue casi en noviembre del año pasado y sigue sin avance. Sé que esta persona está detenida, pero no por la desaparición de mi mamá, sino por otras cuestiones, pero digo: ¿Por qué no aprovechan ahí y ya pueden investigar o platicar con ella, para tener un avance de la desaparición?”, exhibió Álvarez Manríquez.
A finales de agosto se llevará a cabo una nueva marcha con el fin de exigir justicia y el cese de desapariciones en BCS.
