El despojo del único embarcadero
gratuito en La Paz, inició los
atropellos contra empresarios
náuticos, que observan cómo
empresas foráneas arriban a
zonas protegidas bajo la
indiferencia de autoridades
Prestadores de servicios turísticos de La Paz llevaron a cabo el bloqueo de la calle de acceso a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en manifestación por la entrega de permisos a empresas de turismo náutico de otros estados y ciudades.
Los afectados refieren que la inconformidad surge por el manejo que se está ejecutando para la administración del acceso al Área Natural Protegida (ANP) Isla Espíritu Santo y el Área Protegida de Flora y Fauna (APFF) Balandra.
Los empresarios locales son sometidos a extensos procesos para lograr autorizaciones, sin embargo, detectan que hay empresas favorecidas de forma expedita para obtener los permisos que prestadores locales han solicitado desde hace tiempo.
“Hay varios temas, estamos siendo desplazados como paceños por empresas foráneas. Están metiendo empresas de fuera y dándoles permisos para que trabajen en las Áreas Naturales Protegidas, ya sea Balandra y la Isla. Estamos temiendo que pase también con el tiburón ballena”, compartieron.
Sienten temor de ser desplazados, puesto que la rueda está girando desde hace un año que inició el gobierno de la Cuarta Transformación con Víctor Castro Cosío al frente, y pareciera que el objetivo es quitarles espacio y oportunidad de trabajo.
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Recordaron que desde junio de 2022 entró en vigor el despojo del botadero de embarcaciones en Playa Los Jordanes de la colonia El Manglito, sin que Castro Cosío y Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur hayan tomado cartas en el asunto.
Ahora ni siquiera obtienen los permisos necesarios para brindar el servicio náutico en su propia ciudad, no pueden laborar en otros sitios de Baja California Sur como Loreto o Los Cabos, pero los empresarios de esos municipios sí obtienen autorizaciones para explotar turísticamente la Capital del Estado.
La delegación de Semarnat les dice que no tienen conocimiento, lo cual les parece grave porque es la primera instancia en Baja California Sur.
“No sabemos cómo están consiguiendo los permisos, pueden venir a darnos trabajo, traernos a la gente. No nos oponemos a eso. El desarrollo de La Paz tiene que seguir, pero que nos tomen en cuenta a nosotros como locales. Podemos darles un mejor servicio al que promueven ellos, barato; no conocen la región, están trayendo capitanes de fuera, incluso hasta dañan las áreas naturales protegidas”, aseguran los prestadores de servicios.
Enfatizaron que el primer requisito para tener permisos de Semarnat es que se debe ser un empresario local, no obstante, ya detectaron embarcaciones de Cancún, Los Cabos, Loreto y otros lugares del país trabajando en las ANP de La Paz.
A los prestadores de servicios turísticos locales, les exigen cursos y capacitaciones, por lo que les parece injusto que llegan de otras ciudades, sin conocimiento de cómo se debe trabajar en las ANP, porque al registrarse daño en esas zonas, el acoso y hostigamiento de la Semarnat y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se vuelca contra ellos.
Expusieron que la desatención de las autoridades de Semarnat en Baja California Sur no les dejó otra opción más que cerrar la calle para obligarlas a que los escuchen y resuelvan la situación.
SEMARNAT DECLARA INCOMPETENCIA
Jesús Echeverría Haro, delegado regional de la Semarnat, atendió a los manifestantes en las afueras de las oficinas de La Paz. Aunque los inconformes esperaban respuestas positivas a sus demandas, encontraron una declaratoria de incompetencia por parte de la autoridad ambiental.
Echeverría Haro alegó que todo se hace con base en la Constitución al referirse sobre los permisos laborales que se otorgan a empresarios de otras entidades o ciudades, sin embargo, los prestadores de servicios recriminaron que ellos no pueden ni se les autoriza trabajar en otras partes de BCS.
“Esa ha sido una de mis argumentaciones de antes de este tema, que el aprovechamiento sea para los residentes o habitantes, dentro o colindantes de un Área Natural Protegida”, dijo el delegado de la Semarnat.
“Definiremos agenda y el análisis y discusión será con todos, que es muy complicado y muy complejo. Que haya certeza de que nadie se sienta inconforme, con todo y lo complicado y complejo que sea, con todos”, agregó.
Cuestionado sobre cómo arriba una empresa foránea con autorizaciones que muchos locales no han podido obtener, respondió que los permisos no llegan a sus manos ni pasan por las oficinas locales de la Semarnat.
En ese contexto, recriminaron al funcionario federal que no esté enterado de la situación cuando las empresas foráneas cuentan con logotipos que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando concede los permisos de trabajo en las ANP.
Le exigieron iniciar una estrategia para regionalizar la actividad turística en Baja California Sur para proteger a empresarios de La Paz.
El diálogo no avanzó de forma positiva para los prestadores de servicios, quienes al final sólo escucharon que Echeverría argumentó que la situación no depende de él, sino de autoridades en sede nacional.
AUTORIDADES ENMUDECEN ANTE DESPOJO EN EL MANGLITO
No sólo se trata de luchar para obtener permisos de navegación en zonas protegidas, sino que desde hace meses iniciaron un movimiento ante el despojo del área de embarque y desembarque en Playa Los Jordanes de la colonia El Manglito.
Como si todo girara en contra de los pequeños empresarios que han levantado la industria turística en La Paz durante décadas y que hoy se enfrentan ante riesgos por decisiones del Gobierno Federal y estatal que pueden extinguir a sus empresas.
“La rampa al final de la 5 de Febrero es parte clave de la ciudad, ahí botamos alrededor de 80-100 pangas diarias, en fin de semana ni se diga. Hay pescadores particulares que van y botan su panga ahí. La verdad estamos inconformes, hemos tenido muchísimas reuniones y no vemos nada claro”, enfatizaron los empresarios náuticos.
Durante el mandato del panista Carlos Mendoza Davis (2015-2021), Desarrollos Visión obtuvo la concesión por 25 años para explotar el área de Los Jordanes. La empresa está ligada al empresario inmobiliario Luis Cano.
Aunque el gobierno de Víctor Castro se ha lavado las manos al señalar que la concesión no se otorgó en su administración, los prestadores de servicios recalcan que no hay voluntad por parte de la Cuarta Transformación para revocar el derecho de explotación.
“Ahora que resulta que ya le dieron a un particular la concesión, tampoco estamos de acuerdo. No es justo que estemos en la Capital del Estado y no tenemos un embarcadero digno para los turistas”, subrayaron.
El 20 de junio y el 11 de julio entregaron escritos al gobernador y a Omar Zavala Agúndez, subsecretario general de Gobierno del Estado, en los que exigen la revocación de la concesión. A la fecha no han recibido respuesta por parte de las autoridades.
El 20 de julio sostuvieron una reunión con Zavala y con el director de API, Narciso Agúndez Gómez. Los funcionarios les comunicaron verbalmente que la Administración Portuaria no tiene competencia ni facultad de revocar la concesión de Paya Los Jordanes.
Reclaman a API y al Gobierno del Estado que otorguen esta respuesta por escrito, con los fundamentos jurídicos y legales correspondientes, haciendo énfasis en que la playa no se encuentra en abandono o sin uso.
“Es el único acceso a vías marítimas de carácter público en condiciones funcionales aceptables para botar al agua nuestras embarcaciones en La Paz. Ejercemos el derecho consuetudinario, ya que se cumplen los siguientes rasgos: uso repetitivo y generalizado, conciencia de obligatoriedad, y antigüedad”, reiteraron.
“Dado que en Los Jordanes, los prestadores de servicios turísticos, pescadores deportivos y público en general consideran que sus actividades en esta playa son parte de la cotidianidad y rutina productiva del puerto, presente durante todo el año y que ha representado históricamente un acceso a vías marítimas para botar sus embarcaciones en el mar”, agregaron.
Para concluir, los prestadores de servicios advirtieron al gobernador, al director de API y a todo funcionario involucrado, que la lucha no se detendrá y no habrá descanso para aquellos que sean cómplices del despojo del que están siendo víctimas con el amparo gubernamental.
