Sin acceso al albergue y restringiendo información, Gobierno intenta evadir violencia y hacinamiento en DIF. Tenían conocimiento desde noviembre; no actuaron. Despidieron a cuidadoras después de videos publicados por ZETA
La opacidad y versiones encontradas de funcionarios de la administración que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California, respecto a lo que acontece al interior del albergue de DIF Estatal en Tijuana, muestra la crisis de Derechos Humanos que se ha generado en los últimos diez años con los menores “rescatados” por el organismo gubernamental.
A raíz de la publicación en la edición 2523 de ZETA y el video publicado en la página web del Semanario (https://zetatijuana.com/), en el cual se expone una riña entre tres adolescentes y una de ellas es brutalmente golpeada por otras dos, a la vista de dos niñeras que se encontraban en el cuarto (donde conviven en hacinamiento 36 menores y adolescentes) sin intervenir en la pelea.
De acuerdo con declaraciones de las autoridades del gobierno estatal y testimonios de trabajadores del albergue recabados por este medio de comunicación, los hechos retratados en el video, efectivamente como lo informaron el viernes 5 de agosto en un comunicado a las 22:00 horas, sucedieron el 24 de octubre de 2021, y no el 12 de julio de este año, como anotó ZETA. Aun cuando la determinación del tiempo no modifica los hechos ocurridos, fue el primer intento del actual gobierno para justificar que la brutalidad no se dio en este mandato, pero sí sucedió en el periodo de transición entre el gobierno de dos años de Jaime Bonilla Valdez y el de Marina del Pilar, ambos del mismo partido, y por lo tanto, al corriente de lo que sucedía.
Sin embargo, en su momento, previo a la publicación del material audiovisual y el reportaje, se solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezada por Ricardo Iván Carpio Sánchez, si la dependencia a su cargo tenía alguna denuncia o carpeta de investigación iniciada por delitos relacionados con lo que se observa en el video; la respuesta fue que no.
Una vez en circulación, el viernes 5 de agosto, de nuevo ZETA preguntó al fiscal si había una carpeta de investigación o alguna denuncia presentada por DIF respecto a la golpiza que recibe una de las jóvenes involucradas en el video, pero de nuevo negó que existiera.
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“No, no tenemos una denuncia formal presentada en nuestros registros, en este momento de manera digital se buscaron los archivos y no existe una denuncia presentada, pero conociendo en lo vertido en el video, se procede a iniciar de forma tal que existe una carpeta de investigación por los hechos que se aprecian en el video y se iniciarán las investigaciones pertinentes para saber además de lo que ahí se aprecia. Qué es lo que ocurrió, qué más personas estuvieron involucradas”, afirmaría el funcionario.
—¿Por cuál delito se iniciaría la carpeta?
“En este momento, con lo que se logra apreciar ahí, es que hubo una agresión entre personas presuntamente, menores de edad, con lo cual por ahora estaríamos viendo las lesiones, ya las investigaciones arrojaron algunos hechos que se puedan descubrir o ampliar los hechos para sí existiera el encuadramiento de algún otro delito”.
— Los hechos ocurrieron dentro de un albergue DIF bajo la supervisión y tutela de personal de DIF, ¿no hay responsabilidad para ellos?
“Tenemos que revisar en específico qué ocurrió en el lugar, derivado de las investigaciones para conocer qué pasó en el sitio y determinar si hubo alguna omisión, pero partiremos de lo que arrojen las investigaciones”.
— Las autoridades del DIF ¿tenían la obligación o no de denunciar la pelea y las lesiones ocurridas dentro del albergue?
“Cualquier persona tiene la obligación legal, al tener conocimiento o ser testigo de algún hecho, si es que este hecho es un delito, de denunciarlo ante la autoridad correspondiente”.
LAS CONTRADICCIONES
El miércoles 10 de agosto, la directora de DIF, Mónica Vargas Núñez, aseguró en conferencia de prensa de la gobernadora en Mexicali que sí había una denuncia ante la FGE y que se siguieron los procedimientos legales correspondientes con lo sucedido.
“Este fue un hecho que se suscitó durante la administración pasada, se realizaron los procedimientos legales correspondientes al turnar al órgano de control, al informar a la Fiscalía”, declaró la funcionaria.
Por su parte, la gobernadora respaldó lo dicho por Vargas Núñez, dijo que al ver el video se comunicó con la directora de la dependencia, donde le informó que “tenemos conocimiento desde que entramos en la administración, lamentablemente esta situación ocurrió en octubre del año pasado, antes de que nosotros entráramos”.
Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, María Félix Figueroa, explicó el mismo miércoles a ZETA que por el contenido del video se presentó primero una denuncia y se inició una carpeta de investigación el viernes 5 de agosto, cuando se hizo público el material.
“Se requirieron los actos de investigación inmediatos, el viernes, solicitamos a los encargados del albergue la información respecto a los nombres de las involucradas, porque hasta ese momento no teníamos ni los nombres de la víctima, ni de los responsables o de quienes se pudieran identificar en el video”, dijo.
Agregó que se solicitó a DIF a las involucradas para certificar las lesiones y hechos. El lunes 8 de agosto le confirmaron a la FGE que la fecha en que sucedieron los hechos fue el 24 de octubre de 2021; sin embargo, lograron identificar a las involucradas, pero ya no se encontraban en el albergue, porque supuestamente fueron entregadas a sus familiares.
Después, realizaron una búsqueda exhaustiva en el archivo de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, donde encontraron supuestamente el registro de la denuncia con fecha del 27 de octubre de 2021, pero “ese asunto está detenido, porque se solicitó a los involucrados para certificarlos, pero la víctima ya no se encontraba en el DIF”.
Por su parte, en entrevista con Rosina del Villar Casas, secretaria de Honestidad y Función Pública, el martes 9 de agosto, la funcionaria indicó que el 4 de noviembre de 2021, su dependencia inició un proceso relacionado con lo que se ve en el video difundido por este Semanario.
“Fue a través del órgano interno de control del DIF, y el órgano es el que tiene toda la información, ahorita ya está para que se informe la presunta responsabilidad administrativa, ese tema se investigó y se configuró la omisión en el tema de los niños y niñas”, dijo.
— ¿En qué etapa está la investigación que iniciaron?
“Estamos en IPRA (Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa), donde se califica la falta. Recuerda que sólo faltas administrativas revisamos nosotros, si detectamos la materia penal, en cuanto concluimos con el expediente lo presentamos íntegro a la Fiscalía”.
— ¿Se sancionó a algún funcionario público relacionado con el caso?
“Todavía no tenemos funcionarios sancionados. Ya mero sale el IPRA, el producto de la investigación, si es falta grave o no; lo que procede es enviar a la Fiscalía o tribunal administrativo”.
— ¿Se ha despedido a alguien?
“Nosotros no despedimos funcionarios, si acaso suspendemos, pero en este caso no creímos necesaria la suspensión, porque no podemos violentar derechos a los trabajadores, sin definir la falta que cometieron”.
DESPIDIERON A DOS NIÑERAS DE DIF
Esa última respuesta de Rosina del Villar se contrapone con otra de las declaraciones de la directora de DIF Estatal durante la conferencia de la gobernadora el 10 de agosto: “Las personas que intervienen ahí en el video ya no forman parte de DIF, no están trabajando dentro de nuestra institución”.
Lo anterior lo dijo Mónica Vargas sin detallar a qué funcionarios se refería, porque en el video se observa al menos a cuatro adultos; tampoco dio la fecha en que fueron despedidos o suspendidos, ni la resolución del proceso de investigación del órgano interno de control de DIF.
De acuerdo con trabajadores del albergue en Tijuana, el viernes 5 y el lunes 8 de agosto despidieron a las dos niñeras que se observan en el video, sin avisar previamente o que estuvieran enteradas de algún supuesto proceso interno donde las estuvieran investigando.
Los dos hombres que salen al final del video al intentar separar a las menores ya habían sido despedidos hace un par de meses, por intervenir en otra riña entre dos jóvenes. Se informó a ZETA que las niñeras tienen prohibido intervenir en peleas de los menores, al no haber protocolo de acción.
Al suscitarse una pelea, ellas tienen la obligación de llamar por radio al área de Psicología y a la Supervisión para que intervengan en el conflicto, funcionarios que nunca aparecieron en el video interviniendo, pero sí se ve a una de las mujeres llamar por radio y a otra correr por ayuda ante la nula respuesta a su reporte.
Incluso, el martes 9 de agosto, estuvo presente un representante del área de Conflictos del Sindicato de Burócratas para atender la demanda de las trabajadoras por el despido de sus compañeras sin justificación y de manera arbitraria, luego de la publicación de ZETA y sin que se les notificara de algún proceso interno donde las investigaban.
DIF Y SU OPACIDAD
Otra de las contradicciones de la directora Mónica Vargas durante la conferencia de la gobernadora, fue que en el DIF “somos transparentes, abiertos; me gustaría que conocieran nuestras instalaciones, no tenemos nada que esconder, al contrario. Ojalá que mucha de la población que nos escucha, pudiera conocer a nuestros niños”.
La realidad es distinta. Desde la penúltima semana de mayo, ZETA ha solicitado un recorrido por las instalaciones del albergue DIF Tijuana y no ha obtenido respuesta, la petición se ha ido realizando constantemente y no se obtiene respuesta, incluso después de la conferencia del 10 de agosto se volvió a solicitar acceso al albergue y se informó, por parte de la Dirección de Comunicación Social, que no hay fecha para recibir a medios de comunicación.
La opacidad para saber lo que pasa al interior de estos espacios que se supone garantizan un entorno seguro a niños, niñas y adolescentes, resalta con que los trabajadores tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad al entrar a la actual administración, en la cual no pueden declarar lo que sucede al interior de los albergues, como tampoco se permite ingresar con mochilas, celulares y otras pertenencias ajenas a sus actividades en el lugar.
Este Semanario lleva al menos dos semanas solicitando entrevistas con la directora de DIF, con las titulares de la Procuraduría de la Defensa del Menor y del órgano interno de control de la dependencia, entre otros funcionarios relacionados con el tema, sin que hasta el jueves 11 de agosto, cierre de esta edición, fueran concedidas.
GOBERNADORA NO HA VISITADO ALBERGUE DIF TIJUANA
A pregunta expresa de ZETA, Marina del Pilar Ávila Olmeda no respondió con claridad cuando se le cuestionó si ya ha visitado el albergue en Tijuana, antes o después de la publicación del video y el reportaje por parte de este Semanario.
“Visité el albergue hace unas semanas, no a partir del video, incluso estuvimos dos semanas antes, incluso también invitamos a la FGE, teníamos un recorrido, lamentablemente por motivos personales no pudimos acudir ese día; sin embargo, hemos estado atentos a las necesidades que tiene DIF en todo el Estado”, expresaría.
“Hemos visitado los albergues, he estado en los albergues, recientemente, hace tres semanas estuve en el albergue de Mexicali, sabemos que hay mucho rezago y hemos estado atendiendo con Mónica la situación”, agregó, pero no visitó el de Tijuana.
Sin embargo, el fin de semana pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California ingresó al albergue, e informaron que en su recorrido, los menores les manifestaron su inconformidad con las condiciones de internamiento y los procesos para la reincorporación familiar.
SIN AVANCE EN INVESTIGACIONES
Desde hace diez meses que la actual administración tiene conocimiento de lo sucedido al interior del albergue de DIF Tijuana, las investigaciones por los hechos iniciaron a raíz de la publicación de ZETA hace una semana, pero no fue lo único que se reveló en el trabajo periodístico, de lo cual tampoco hay avances en la investigación, según la FGE.
El 28 de junio de 2022, la señora Karla “N” denunció la presunta violación equiparada cometida en contra de Manuel “N”, de 10 años de edad, por tres adolescentes: Jonathan, de 16 años; Joshua y José, de 15, en una casa hogar del Sistema DIF de la delegación La Gloria en Tijuana, en la que el niño vivió tres años hasta ser adoptado.
Asimismo, el 30 de mayo, el Hospital Materno Infantil denunció haber atendido el alumbramiento de la niña DIF identificada como Dulce “N”, de 13 años, quien presuntamente había sido embarazada por otro menor de 17 años.
Otro menor de 10 años denunció que unos adolescentes lo habían tocado, pero cuando la FGE lo sacó a declarar, el niño prefirió retractarse.
En septiembre de 2020, personal de FGE, Comisión Estatal de Derechos Humanos y UNICEF realizaron un recorrido de inspección de manera coordinada, luego que la Secretaría de Honestidad iniciara una investigación en algunos albergues y casas hogar por lo que los niños llaman “cuartitos de reflexión”. “Un niño platicó lo que sucedía ahí dentro, es doloroso”, compartió una autoridad integrada a los grupos de Coordinación y Seguridad.
