39 incendios y 46 autos calcinados en BC; Gobierno del Estado desinformó y Presidente Andrés Manuel López Obrador minimiza los hechos. Responsabiliza a sus adversarios conservadores y al periodismo sensacionalista
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Nunca es una palabra poco común tratándose del tema de inseguridad y narcotráfico en Baja California, cuya historia nació pública hace más de 100 años, con la leyenda negra que se creó sobre Tijuana durante los años de la Prohibición en Estados Unidos.
Pero el viernes 12 de agosto de 2022, traficantes al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) generaron uno de esos pocos que como nunca, sorprendieron y aterrorizaron a los bajacalifornianos. En una acción concertada -en cinco de siete municipios-, quemaron vehículos y obstruyeron algunas vías de acceso en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito, incluso incendiaron un auto en la entrada a México desde Estados Unidos por la Garita de San Ysidro.
Fue una célula, de uno de los cuatro cárteles que pelean por el control de las rutas para el tráfico de drogas en esta entidad fronteriza, 24 siniestros y 28 carros quemados en un lapso de cuatro horas sólo el viernes, “nos están pegando en todo el Estado”, comentó un agente que se negó a dar información. De la tarde del viernes 12 a la madrugada del lunes 15 de agosto, las cifras aumentaron a 39 siniestros y 46 autos calcinados. Algunas autoridades dijeron que los incendios posteriores al día 12 habían sido imitadores, otros cárteles y vendedores de droga al menudeo y polleros contratados después de las primeras detenciones, temas que siguen en investigación.
No hubo muertes colaterales como en otros periodos oscuros o en otros estados, pero nunca antes, las acciones del narco habían impactado y aterrado a un número tan grande de bajacalifornianos trabajadores y honestos. A pesar de los antecedentes en otras entidades federativas el Centro Nacional de Inteligencia no previó el ataque y BC no tenía protocolos de reacción para hechos similares.
Así, sin información concreta de lo que estaba pasando, un considerable porcentaje de comerciantes y ciudadanos decidieron autoimponerse el encierro desde la tarde del viernes 12 de agosto y durante todo el fin de semana.
De las primeras versiones de sus autoridades, se enteraron hasta la mañana del sábado, porque fue a media noche del viernes, ocho horas después de los delitos, que Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Estatal de Seguridad habían dado los primeros reportes, básicamente números de detenidos, siniestros y autos quemados.
Después de esos datos, sólo la publicación de dos videos del fiscal general Ricardo Carpio para reiterar datos dados a conocer previamente por la Federación. Dos días después de los hechos, el domingo 14 de agosto, para decir que los detenidos serían llevados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a México; y el martes 16, para corroborar que los seis detenidos en Sinaloa eran los responsables de los incendios, como había dicho el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera. Ni AMLO tardó tanto tiempo para dar las primeras repuestas respecto al controvertido Culiacanazo -octubre 2019-, donde las fuerzas federales liberaron a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En el inter de los reportes del fiscal estatal, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su equipo produjeron y proyectaron varios videos, en los que ella aseguraba que estaría informado y prometía seguir haciéndolo, aunque no decía nada sustancial que brindara tranquilidad.
Se dedicó a ensalzar el apoyo recibido de la Federación -más militares e intervención de la FEMDO-, que se agradece, y al cual por cierto el gobierno de López Obrador está obligado. La funcionaria también habló del trabajo coordinado, y les dijo una y otra vez a los ciudadanos que tras las quemas el Estado estaba en paz y podían salir a las calles, aunque la continuidad de los incendios en Mexicali y Ensenada la contradijeron.
Por los delitos sí hubo detenidos, identificaron y capturaron a algunos responsables materiales e intelectuales, pero decidieron cerrar el flujo de información, lo que provocó más miedo entre los ciudadanos y abrieron la puerta al oportunismo político.
Politizar la inseguridad es el nivel máximo de mezquindad que en esta ocasión no estuvo ausente.
Como ya se le hizo costumbre a Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California y senador -con fuero-, acusado penalmente de corrupción, decidió acusar sin presentar pruebas, esta vez al gobierno de Ávila Olmeda, de estar coludido con el crimen organizado, en evidente revancha de la denuncia que la actual administración presentó en su contra.
Por otro lado, algunos de los detractores de AMLO, refieren que los narcobloqueos fueron orquestados por el gobierno, para tener más argumentos que les permitan militarizar las fuerzas de Seguridad. Como si el Presidente, acostumbrado a violentar y manipular la Ley -en lugar de reformarla- y desaparecer instituciones de control para lograr sus objetivos, necesitara un pretexto para cumplir sus propósitos.
El propio López Obrador, Presidente de México y candidato eterno, dando motivos. Convertido en el primer vocero oficial de los hechos en sus conferencias mañaneras, a pesar de estar informado de la participación del CJNG y el crimen organizado, que en algún momento de su análisis superficial de los mensajes en redes sociales, dejó ver la posibilidad de la intervención de sus detractores políticos en los hechos, para después agregar: “Ayer decía que no se puede hablar que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan, no hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda, tanto los grupos de la delincuencia, como el bloque conservador”.
Como si los 46 autos quemados y los 20 presuntos integrantes del crimen organizado detenidos no fueran suficiente evidencia de la inseguridad, el mandatario insistió en minimizar los hechos y responsabilizar a sus adversarios conservadores y al periodismo sensacionalista.
Para los morenistas y sus opositores, es momento de dejarse de simplezas y sandeces. La obligación constitucional de todos los partidos representados en los gobiernos es preservar el orden, la seguridad, la tranquilidad, garantizar el bienestar, el desarrollo, promover y fomentar el derecho a la movilidad y el acceso a una mejor calidad de vida. Y el pasado fin de semana, no lo hicieron.
