Como en la anterior administración, la paraestatal impone sanciones económicas que no están legalmente fundamentadas. En una primera etapa se impondrán 3 mil 654 multas que generarán ingresos por 37.6 millones de pesos, al determinarse cada una en más de 10 mil pesos
Las multas de 10 mil 301.76 pesos -equivalentes a 100 Unidades de Medida y Actualización, UMA- que está imponiendo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) por no contar con el Permiso de Descargas de Aguas Residuales y/o Exención, son ilegales y con fines recaudatorios, asegura Daniel Ruiz de la Peña Sandoval, abogado fiscalista.
La sanción económica está sustentada en los artículos 94, 109 y 112 del Reglamento del Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, según el “aviso de sanción” entregado por el personal de la paraestatal; sin embargo, tales disposiciones no representan una fundamentación legal para imponer dicha multa, debido a que el Artículo 94 fracción 4, inciso O (modificado en 2020), establece que “a los que cometan cualquier otra infracción a las disposiciones de esta Ley, no especificada en las fracciones que anteceden”, se les impondrá una multa de 20 a 100 UMA diarias vigentes.
Lo anterior contraviene la Constitución, ya que toda sanción debe establecer “de manera literal” que, de no contar con el permiso, se impone una multa de tantas UMA. “Si no está así de claro, no está bien tipificado, es ilegal, porque toda sanción debe estar debidamente especificada” para no violentar los artículos 22, 14 y 16 de la Constitución Mexicana.
“Desde mi punto de vista tratan de fundamentarlo en un artículo, pero es ilegal, además de que están imponiendo la infracción máxima” (100 UMA), cuando tendría que imponerse la mínima en caso de ser primeros infractores”, refirió Ruiz de la Peña Sandoval.
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“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que una interpretación armónica del Artículo 22 Constitucional con los principios de fundamentación y motivación, es que a un contribuyente no le puedes imponer la multa máxima si es su primera incidencia. Solamente en caso de reincidencia puedes imponer una multa mayor”, agregó.
Por otro lado, primero, la CESPT tendría que entregar un aviso e iniciar un proceso de verificación al establecimiento, para que el contribuyente pueda acreditar si está obligado o no a las descargas, o si ya pagó, “pero la autoridad está yendo directamente a decir simplemente ‘me debes y te pongo una multa’”, y en caso de que el usuario sea omiso al ‘aviso de sanción’ en 15 días hábiles, se transfiere el monto de la multa al recibo del agua, lo cual es posible, ya que la multa es un accesorio del cobro de derechos de agua, con todo y que la multa sea ilegal”, apuntó el entrevistado.
IMPONDRÁN MÁS DE 3 MIL 600 MULTAS
“Nunca habían venido a multarnos, hasta hace unos seis días que vino personal de la CESPT a decirnos que ocupábamos una trampa de aceite, que no se pedían antes, que nada más a restaurantes, pero que ya a todos los auto lavados les están pidiendo las trampas de aceite”, dijo Víctor, quien lleva 16 años laborando en un lavado de autos.
El encargado del establecimiento relató que personal de la paraestatal le entregó un papel, en el que se le impuso una multa “de diez mil y feria pesos”. Le dijeron que tenía que ir a hablar con una persona y “van a venir a revisar dónde quieren la trampa de aceite”.
El negocio es uno de los 300 establecimientos multados en el Distrito Juan Ojeda, la primera de las siete demarcaciones en Tijuana y Playas de Rosarito donde se instaurará el programa de regularización.
“La CESPT está muy preocupada porque la gente tenga su permiso de descarga o su atrapa grasa. Esto nos ocasiona taponamientos en el drenaje, los pozos de visita se colapsan y las plantas de tratamiento se desestabilizan, entonces, es muy importante que la gente participe en estos programas de prevención, de salud pública para que no haya derrames de aguas negras en las calles”, justificó Marisol Vázquez Medina, subdirectora comercial.
En una primera etapa, la paraestatal pretende regular a 3 mil 654 negocios de 34 giros comerciales, así como aquellas cuentas no domésticas que consuman más de 25 metros cúbicos en Tijuana y Playas de Rosarito.
Posteriormente, el programa se extenderá para regular a 36 mil 062 cuentas no domésticas, de 170 giros comerciales, ya que, según la Ley, todas las cuentas no domésticas (43 mil 189) deben contar con constancias de atrapa grasa y/o permisos de descarga. Actualmente existen 7 mil 127 cuentas con este trámite anual (6 mil 600 constancias de atrapar grasa, y 527 con permisos de descarga).
Sobre el señalamiento de la falta de fundamentación legal, Vázquez Medina indicó: “Debemos cumplir la Ley, pero sí tiene unas interpretaciones. Cada quien la interpreta, pero creo que al hecho de decir que tú eres un usuario no doméstico y debes tener un permiso de descarga, y no vienes y ya se te ha avisado por medio del recibo del agua, y voy y te visito y no vienes, creo que sí aplicaría, porque no estás cumpliendo con la Ley”.
Los recursos que se obtengan, serán para dar mantenimiento a la red hidráulica, ante el rezago de cartera vencida que se tiene de 2 mil 071 millones 976 mil 584 pesos, ya que “la gente tristemente no paga el agua”, solamente paga puntual el 60%.
En la primera fase de regularización, los restaurantes y taquerías son el giro al que la CESPT prevé imponer más multas, con 886; seguido de maquiladoras y fábricas (886); hoteles y moteles (267), tortillerías de maíz (227), lavamáticas (184). En contraste, se contemplan seis dulcerías, cinco tortillerías de harina, cuatro zapaterías, tres agencias de viaje y el Aeropuerto Internacional de Tijuana.
Eduardo González Pérez, administrador de la terminal aérea, confirmó a ZETA que hasta el momento no han sido multados por la CESPT y que trabajan con el organismo para revalidar el permiso de descargas de aguas residuales y colocar la atrapa grasa.
