“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Esta frase que se convirtió en un grito de lucha para reclamar la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa quedó en eso, solo en una frase.
El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador después de casi 4 años llegó a la misma conclusión que el anterior de Enrique Peña Nieto: lamentablemente los estudiantes están muertos y fueron asesinados. Así de frío, pero así de claro.
El problema ahora no está en la conclusión del caso por sí mismo -el cual era lógico-, sino en encontrar a los verdaderos responsables, tanto intelectuales como materiales. El Presidente López Obrador tomó como una bandera política el esclarecer está tragedia; no estoy seguro si está cerca de conseguirlo, más bien parece presionado por proporcionar resultados a la opinión pública ahora que se cumplirán 8 años de los hechos.
La Fiscalía General de la República, bajo el mando del polémico Alejandro Gertz Manero ha decidido por instrucciones presidenciales responsabilizar a aquellos mediáticamente atractivos. La detención del ex procurador Jesús Murillo Karam parece ser más una decisión con efectos en el corto plazo para “calmar las aguas” y generar una percepción de avance en el tema.
Es conocido por todos que la Fiscalía ha cometido yerros en varios asuntos, como en el caso “Lozoya” o el intento del titular Gertz al utilizar el aparato del estado para buscar a toda costa de favorecerse personalmente en juicios familiares; lo único que ha conseguido es exhibirse y exhibir a la Fiscalía. Actualmente esta institución no goza de credibilidad y sus decisiones intentan ser más mediáticas; el tiempo y la falta de argumentos legales han permitido que varios casos se desinflen por la falta de rigor jurídico.
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Tan errática fue la presentación de la investigación dada a conocer en la semana, que se llevaron “entre las patas” al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch (consentido de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum), al señalarlo como uno de los involucrados de participar en una reunión para fabricar la mal llamada “verdad histórica” del gobierno peñista. En una clara contradicción, los “morenistas” aplauden los avances de la investigación pero rechazan la mención de Omar García.
Si la detención de Murillo Karam (quien no es ninguna “perita en dulce”) arroja mayores datos de lo acontecido, será un logro; en lo personal dudo que se detengan a los responsables directos, pero sin lugar a dudas servirá para reforzar el voto duro “morenista”, al proporcionar argumentos a sus seguidores que se cumple con los compromisos asumidos.
Ya lo que opinen los padres de los jóvenes asesinados es lo de menos, ya no importa en estos momentos; la utilización del caso Ayotzinapa ya se exprimió lo suficiente y contribuyó políticamente para lo que se buscaba: ganar la Presidencia de la República.
¿Dónde quedaron las manifestaciones exigiendo justicia? ¿Dónde quedaron las demandas a las autoridades porque no era aceptada la versión de que los estudiantes fueron asesinados? ¿Dónde están aquellos que todos los días “pasaban lista” con los nombres de los muchachos en desgracia? ¿Dónde está el grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”?
Una vez más -y como pasa en todas las administraciones- el interés político se impone al poder de la verdad y justicia. Los mexicanos estamos cansados de golpes mediáticos que solo sirven para dividirnos más; lo único que queremos es conocer la verdad y se castigue a quien deba castigarse trátese de quien se trate. No más, no menos.
Alejandro Caso Niebla es consultor en comunicación y políticas públicas.
@CasoAlejandro
