CEDH advirtió iniciará queja por oficio por abusos policiales en detención de choferes de Uber; Castro se deslindó del uso excesivo de fuerza y alcalde de Los Cabos lo responsabilizó
La cacería contra trabajadores de las plataformas digitales de servicio de transporte no ha cesado en el municipio de Los Cabos. Recientemente, la administración del gobernador Víctor Castro Cosío ejecutó un operativo anti Uber que dejó un saldo de seis personas detenidas, denuncias por atropellos y abusos, y bloqueos en calles del principal destino turístico de Baja California Sur.
La Dirección de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, en coordinación con Policía Estatal y Municipal de Los Cabos, ordenó las inspecciones que subieron de nivel hasta culminar en abusos de autoridad que quedaron plasmados en video a través de redes sociales.
Las y los conductores aportaron la evidencia por medio de imágenes grabadas por ellos mismos, que muestran cómo agentes de seguridad abren las puertas de sus vehículos para detenerlos sin cumplir con los protocolos, por lo que han denunciado atropellos a derechos humanos.
“Nos trataron como si fuéramos delincuentes, lo único que estamos haciendo es trabajar para nuestras familias”, expresaron.
No es un tema nuevo. Aunque este operativo estuvo encabezado por el Gobierno del Estado, las políticas de la administración del alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, se ha enfocado en la cacería y acoso de conductores de plataformas digitales, problemática que ha sido documentada por ZETA.
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Para las y los afectados, se trata de una persecución evidente para beneficiar a concesionarios de transporte en el Sur de la entidad, impulsada por los gobiernos de Morena.
La Avenida Leona Vicario fue el escenario donde se gestaron los operativos, en uno de los casos se observó cómo un grupo de policías sometió a un solo hombre mientras otros conductores gritaban y denunciaban abuso de autoridad. Los vehículos de las y los trabajadores fueron retirados de la zona por medio de grúas.
Cuatro hombres y dos mujeres resultaron detenidos entre señalamientos de uso excesivo de fuerza. Las manifestaciones estallaron para exigir la liberación de las y los conductores, movimiento que paralizó la circulación de la ciudad por más de siete horas.
Como protesta, conductores de Uber tomaron sus vehículos y bloquearon la Carretera Transpeninsular, a la altura de la Glorieta del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Debido a que el paso estaba cerrado, algunos turistas se vieron obligados a bajar de sus taxis para caminar a sus hoteles. Esta situación despertó la inconformidad de líderes empresariales que comenzaron a demandar soluciones a las autoridades.
A pesar del caos que se generó, las y los socios de Uber advirtieron que no levantarían el bloqueo hasta que liberaran a sus compañeros y compañeras detenidas.
Las acciones dividieron a la ciudadanía, mientras unos recriminaron las afectaciones por la protesta, otros aplaudieron la movilización.
Por otra parte, el Consejo Coordinador de Los Cabos señaló que esta problemática es consecuencia de la falta de legislaciones en materia de movilidad, por lo que no descartan que las protestas de este tipo vuelvan a registrarse.
El alcalde de Los Cabos se deslindó de las detenciones y aseguró haber ordenado la liberación de las y los choferes. Declaró estar en contra de que elementos del Gobierno del Estado ejecuten dispositivos de seguridad tan agresivos “que sólo dejan la víbora chillando”.
CEDH ABRIRÁ QUEJA POR OFICIO
Tras las detenciones y liberaciones de conductores de plataformas digitales, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Elías Camargo Cárdenas, confirmó a medios de comunicación que abrirá una queja por oficio por detenciones arbitrarias y abusos policiales por parte de autoridades estatales y municipales.
Advirtió que, si los conductores no acuden a presentar la queja correspondiente, hará uso de sus facultades para abrir el procedimiento por oficio, tomando la información y pruebas que se han publicado en redes sociales y medios de comunicación.
No obstante, asegura que ya hay disposición por parte de un grupo de afectados para denunciar los abusos y uso excesivo de la fuerza que sufrieron durante los operativos.
“Si bien, recibí personalmente la llamada de un grupo de conductores, exhorto a todas las personas afectadas a que se acerquen a este organismo a interponer sus quejas y proveernos de información de primera mano que aporte los elementos necesarios para realizar la investigación”, dijo.
Asimismo, los líderes de Uber en Baja California Sur externaron la intención de proceder ante las instancias correspondientes. En mayo recibieron una queja colectiva por el hostigamiento que han sufrido: 86 asociados de la plataforma dieron testimonio de abuso que aseguran vivir. Hasta el momento no se ha emitido recomendación alguna por este caso en particular.
“Velaremos por los derechos de la ciudadanía en Baja California Sur y llevaremos a cabo una investigación diligente con todas las etapas que conlleva, misma que de acreditar las presuntas violaciones a derechos humanos, concluirá en una recomendación contra las autoridades que resulten responsables”, finalizó.
NO DEJAMOS LA VÍBORA CHILLANDO: GOBERNADOR
Dos días tardó el gobernador del Estado en emitir sus primeras declaraciones ante las denuncias y señalamientos contra su mandato por los operativos en Los Cabos.
Víctor Castro Cosío declaró que no ordenó uso excesivo de fuerza, por lo que ha instalado mesas de trabajo para esclarecer los hechos. Asimismo, negó que la Dirección de Transporte realice operativos en los municipios y deje “la víbora chillando”, en respuesta a las declaraciones del alcalde de Los Cabos.
“Dicen: ‘Es que fue un operativo del Gobierno del Estado’, si fue del Gobierno del Estado’, es porque tiene facultades para hacer en todos los municipios. Y no es que vayamos a un municipio y dejemos la víbora chillando”, respondió.
Los operativos se enfocaron únicamente en taxistas pirata, aquellos que no cuentan con algún tipo de regularización y ni siquiera se encuentran dentro de una plataforma, no obstante, las y los detenidos señalan que pertenecen a Uber y aun así fueron increpados por inspectores de Transporte.
El mandatario mencionó que los transportistas regularizados exigen que se cumpla la Ley, y que su obligación es evitar el desorden y aplicarla.
“Quitar taxis ilegales es nuestro trabajo, hay consecuencias porque no se trata de ocurrencias”, dijo, para agregar que si hubo errores y excesos en los operativos, deben asumirlos. Para esclarecer, pidió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur un reporte detallado.
Respecto al bloqueo de la Carretera Transpeninsular, solicitó a las y los conductores “no agarren a San Lucas”, ya que perjudican a mucha gente, exhortando a que se manifiesten de forma pacífica y se abran al diálogo.
“Si tienen un hecho mal, les pido comprensión. Yo no di órdenes de esa naturaleza”, expresó el gobernador.
Cuestionado sobre las quejas que abrirá la CEDH por abusos y detenciones arbitrarias, Castro pidió que se aplique la Ley, ya que asegura, nunca justificará el exceso de fuerza.
OPOSICIÓN EXIGE ARMONIZACIÓN EN LEY DE MOVILIDAD
Guadalupe Saldaña Cisneros, quien preside el Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur, lamentó los hechos registrados en Los Cabos. En ese contexto, señaló que el Congreso local no ha atendido armonizaciones obligatorias, ya que la Constitución ya reconoce a la movilidad como un derecho humano.
Explicó que es una armonización que ya se ha aplicado en quince entidades federativas, donde reconocen a las plataformas digitales como un servicio privado de transporte, sin embargo, en Baja California Sur ni siquiera hay fecha para hacerlo.
Acusó que las y los diputados no han iniciado con la armonización de leyes por intereses en concesiones de taxis.
“Somos de los pocos que no le entran a la armonización, de los más opacos en resolver el tema. Un gobierno retrógrado que cree que gobierna un ranchito, necesitamos que se pongan a legislar y a trabajar a favor del pueblo”, sentenció, para luego exhortar a la sociedad sudcaliforniana a involucrarse y exigir a las y los legisladores de Morena, ver primero por los intereses de la población.
Respecto a los operativos, Saldaña se manifestó en contra del abuso de autoridad y atropellos a derechos humanos. Hizo hincapié en que Los Cabos ha crecido exponencialmente en los últimos años, por lo que el gobierno de Víctor Castro no debe perpetuar una dinámica de transporte que ya no beneficia ni sirve a la comunidad.
“Tenemos que tener en cuenta que ellos (turistas) usan las plataformas y tenemos que darle a la sociedad y turistas una opción, y elijan libremente en qué trasladarse. Lamentamos, rechazamos y reprobamos los pasados acontecimientos en Los Cabos. Las imágenes dieron la vuelta al país, con la detención de una mujer trabajadora de Uber donde le están poniendo unas esposas”, finalizó la dirigente del PAN en Sudcalifornia.
