Tarde o temprano el capo será extraditado
a Estados Unidos. Entre las pruebas para
conseguir la aprehensión, los
norteamericanos aseguran que la tortura
al agente Camarena fue audio grabada por
sus captores y una voz corresponde a la de
Rafael. La captura del señalado como líder
del Cártel de Caborca no acabará con la
violencia en Sonora. Familia del capo
encabeza células con alianzas con otras
organizaciones criminales
Traición de su gente, entrega a los enemigos o retiro de protección oficial, son las posibles razones de la sorpresiva captura del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero el 15 de julio en una remota región del municipio de Choix, en el Estado de Sinaloa, donde el capo fue sorprendido por “Max”, un perro adiestrado de la Secretaría de Marina (Semar), que se adjudicó la detención del principal objetivo criminal de Estados Unidos.
La información gubernamental se limitó a comunicar que Caro Quintero fue localizado por el elemento canino escondido entre matorrales, en la comunidad de San Simón, ubicada muy cerca de la línea imaginaria con el Estado de Chihuahua. No hubo detalles de la aprehensión como en otras ocasiones. El fugitivo de 69 años fue mostrado a través de dos fotografías siendo conducido por los marinos, y en un pequeño fragmento de video sin audio.
A través de esas imágenes se pudo advertir que el sinaloense lucía ropa de vestir, estaba limpio, sin siquiera un huizapol de los supuestos matorrales y sólo se observaba monte despoblado. Sin casas, caminos, medios de transporte y, lo más relevante, sin persona alguna que le resguardara las espaldas. Rafael estaba solo, sin arma de fuego, y así no opuso resistencia, trascendió.
El mismo día, cuando los tres helicópteros de la Marina que participaron en la operación de captura del ex líder del Cártel de Guadalajara, regresaban hacia Ciudad de México, uno de estos se desplomó en Los Mochis, Sinaloa, falleciendo 14 de sus ocupantes, entre ellos el piloto, el copiloto, el artillero, un mecánico y diez elementos de las Fuerzas Especiales. El fatal evento creó confusión inicial y después se aclararía que en esa aeronave no viajaba Caro Quintero.
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Entrevistado días más tarde, el Contralmirante José Héctor Orozco Tocavén, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Semar, confirmó que Rafael Caro fue detenido en San Simón, “donde se movía muy libremente, ¿no? Él se movía ahí en el área, él estaba cómodo en esa área, de algún modo muy seguro y ya se tenía detectado su movimiento y llegan los helicópteros, él nota que están los helicópteros, que llega personal de Marina, y es cuando se trata de esconder”.
La operación se realizó entre la mañana y el mediodía, agregó el funcionario, quien descartó que el helicóptero caído haya sufrido un atentado.
El sitio de la captura se localiza casi a 50 kilómetros lineales aproximadamente de la cabecera municipal de Choix, sin que se pueda establecer el tiempo que por brechas o caminos se hace para llegar hasta el punto. No sólo resulta misterioso que Caro no tuviera un solo escolta a su cargo, sino que no operara un sistema de halcones como estilan los narcotraficantes en las regiones serranas, donde nada ni nadie avanza sin ser visto y sin ser reportado a los jefes.
La forma en que ocurrió la detención, sin explicación alguna, sin aseguramiento de objetos, armas, droga, casas, carros y supuestamente sin la intervención o asistencia de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), despierta la suspicacia de que Rafael Caro Quintero fue puesto o entregado por sus enemigos, el Cártel de Sinaloa, ya sea la facción de “Los Menores” o “Los Chapitos” -hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán-, o del ala de Ismael “El Mayo” Zambada, con quienes los Caro del Cártel de Caborca, disputaban diversos territorios en Sonora, en una violenta guerra.
Y es que aun cuando la DEA cantó victoria el mismo día de la aprehensión, señalando que habían colaborado, autoridades mexicanas y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negaron la participación de la Agencia en la operación. Posteriormente, con duda reflejada en su rostro, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresaría: “En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa”.
EXTRADICIÓN
Una de las razones principales de la captura de Rafael Caro Quintero es el cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición internacional dictada el 10 de agosto de 2013 por el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en Ciudad de México para que sea sometido al procedimiento especial a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se determine la procedencia para que el capo sea enjuiciado en EU, donde tiene cuentas pendientes con las autoridades norteamericanas.
De acuerdo a las documentales allegadas al gobierno mexicano, con motivo del Séptimo Proceso Superveniente presentado el 30 de julio de 1992 en contra del acusado, existen ocho cargos en su contra: cuatro por la comisión de delitos violentos para asistir a la delincuencia organizada; otro, por asociación delictuosa para cometer delitos violentos para asistir a la delincuencia organizada; uno más de asociación delictuosa para secuestrar a un agente federal; otro por secuestrar a ese agente; y el último por asesinarlo.
Para acreditar su solicitud, la autoridad estadounidense mencionó que desde el 13 de mayo de 1987 la Corte Federal para el Distrito de California ya había girado orden de aprehensión en su contra, la cual continúa vigente. Se agregaron elementos de prueba para considerar que el reclamado, Rafael Caro Quintero, es probable responsable de los cargos que se le atribuyen y derivan de los hechos siguientes:
“Entre 1982 y 1984, Enrique Camarena, Agente Especial de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) investigó a la organización de narcotráfico de Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y otras personas en México. Dicha organización fue responsable del cultivo y distribución de más de 10,000 toneladas de marihuana. La investigación de la DEA condujo a una serie de decomisos de droga importantes que afectaron gravemente a la organización, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo responsabilizaron al Agente Especial Enrique Camarena de dichas pérdidas y tramaron un plan con el fin de tomar represalias en su contra.
“A principios de 1984, los integrantes de la organización de tráfico de droga de Rafael Caro Quintero realizaron acciones a fin de tomar represalias en contra de agentes e informantes de la DEA, así como para saber hasta qué punto la DEA tenía conocimiento sobre la membresía y las operaciones de la organización. En particular, en 1984 y 1985, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y otras personas sostuvieron varias reuniones para planear el secuestro del Agente Especial Enrique Camarena.
“El 31 de enero de 1985 los ciudadanos estadounidenses John Walker y Albert Radelat entraron a un restaurante en Guadalajara, Jalisco, en donde Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo realizaron una fiesta. Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo acusaron a John Walker y Albert Radelat de ser agentes de la DEA y los mataron. El 7 de febrero de 1985, unos integrantes de la organización de Rafael Caro Quintero secuestraron al Agente Especial Enrique Camarena y al piloto mexicano Alfredo Zavala y se los llevaron a la residencia de Rafael Caro Quintero en Guadalajara, Jalisco.
“Posteriormente el Agente Especial Enrique Camarena y Alfredo Zavala fueron interrogados, golpeados, torturados y asesinados por instrucciones de Rafael Caro Quintero. Los captores del Agente Especial Enrique Camarena audio grabaron su interrogatorio y tortura. Rafael Caro Quintero fue uno de los interrogadores que se escucha en la grabación.
“El 5 de marzo de 1985, los cuerpos descompuestos, atados, amordazados y vendados de los ojos, del Agente Especial Enrique Camarena y del piloto Alfredo Zavala fueron encontrados enterrados cerca de Guadalajara, Jalisco. Unos testigos que conocen de cerca a Rafael Caro Quintero describieron su participación en la organización de tráfico de droga y lo identificaron en una fotografía como la persona que tomó parte en el homicidio, secuestro, delincuencia organizada y actividades delictivas relacionadas ya descritas”.
CASO CAMARENA
La otra razón de la captura del fundador del que fue llamado Cártel de Guadalajara, es con base en una orden de reaprehensión girada por un tribunal federal tras su ilegítima liberación el 9 de agosto de 2013 del Reclusorio Preventivo Estatal de Puente Grande, Jalisco, por una aparente pifia judicial, cuando apenas había purgado 28 años de un total de 40 años de prisión dictada en sentencia, precisamente por los delitos de homicidio y secuestro de Camarena y Zavala, inhumación clandestina, asociación delictuosa y delitos contra la salud en diversas modalidades.
Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en Guadalajara, resolvieron en un amparo directo que “erróneamente” Rafael Caro Quintero y todo el caso Camarena habían sido procesados y juzgados en el fuero federal, siendo que el agente de la DEA no contaba con inmunidad diplomática para considerar el caso como federal, y que correspondía al fuero común llevar a cabo el enjuiciamiento. El asunto debía regresar a un tribunal unitario y después al Juzgado de Distrito para declinar la competencia al Poder Judicial local.
Sin embargo, entre la cadena de pase de responsabilidades, se anuló la condena de 40 años de prisión, se ordenó la inmediata libertad del capo por lo que veía al fuero federal y el caso no se derivó con la velocidad debida al Ministerio Público del Fuero Común. Autoridades penitenciarias de la época fueron parte del enjuague que culminó con la apertura de puertas para que Caro Quintero fuese recogido por sus familiares a bordo de dos camionetas aproximadamente a la 1:30 de la madrugada en la fecha precisada.
La ex Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR) interpuso el recurso de revisión contra el amparo directo y el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde en noviembre del mismo año, la Primera Sala determinó que el Poder Judicial Federal sí era competente para juzgar al narcotraficante por los homicidios de Camarena y Zavala. En votación divida de 4 a 1, los ministros ordenaron la reposición de procedimiento del amparo directo 180/2011 para que se dictara una nueva sentencia.
La resolución volvió a ser emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Guadalajara, que en concurso de delitos, dictó una pena de 199 años de prisión, pero debido a que en la época de la comisión de los delitos, la sanción máxima establecida en el Código Penal federal era de 40 años de cárcel, en esa cantidad de años quedó la condena, que no sólo fue por el caso de Camarena y Zavala, sino los asesinatos de los norteamericanos Walker y Radelat, los sembradíos de marihuana y suministro de cocaína, entre otros.
Por su parte, a través de un juicio de amparo en contra de la orden de detención provisional con fines de extradición, la defensa de Rafael Caro Quintero alegó que los delitos por los que su cliente es reclamado para ser juzgado en EU son los mismos por los que ya fue enjuiciado en México. Autoridades judiciales federales determinaron que en ese momento no era posible determinar si se trataba de los mismos cargos, porque estos debían argumentarse una vez iniciado el procedimiento de extradición.
A priori se advierte que los cargos de asociación delictuosa para secuestrar a un agente federal estadounidense, el propio secuestro y su homicidio, podrían tratarse de los mismos hechos por los que el capo ya fue condenado en México; sin embargo, no puede asegurarse lo mismo del resto de los cargos, que consisten en la comisión de delitos violentos para asistir a la delincuencia organizada y asociación delictuosa para cometer delitos violentos para asistir a la delincuencia organizada, entre otros.
CÁRTEL DE CABORCA
Desde la excarcelación de Rafael Caro Quintero en 2013, se especuló sobre su reincorporación a las actividades del narcotráfico y sus presuntas reuniones con capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, quien el 11 de julio de 2015 escapó de prisión, y con Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Prófugo, el narco más buscado concedió una entrevista desde la clandestinidad en 2016 a la periodista Anabel Hernández, a la que dijo no dedicarse más al negocio de la droga. En 2017 militares delataron actividad ilícita del capo en Chihuahua.
A partir de 2018, año siguiente a la extradición del “Chapo” Guzmán, y con más fuerza en 2019, se conoció de la reactivación del Cártel de Caborca, que cuatro décadas atrás dirigiera en Sonora, Miguel Ángel Caro Quintero, hermano de Rafael. La gente de los Caro Quintero, principalmente familiares, había salido del Cártel de Sinaloa a raíz del rompimiento en 2008 con los hermanos Beltrán Leyva, a los que se aliaron en diversas regiones del territorio sonorense.
En los años que Rafael y Miguel Ángel continuaban presos, sus primos, los Quintero Navidad, hijos del legendario narcotraficante Emilio Quintero Payan, se convirtieron en los amos y señores de la región de Caborca, Altar, Pitiquito, El Sásabe, Benjamín Hill, Oquitoa, Sáric, Atil, Tubutama y Magdalena de Kino. Emilio Sajid Quintero Navidad “El Cadete” era la cabeza visible, entrando en conflicto con células del Cártel de Sinaloa del “Mayo” Zambada, pero el 11 de octubre de 2017, fue detenido cuando intentaba cruzar de Tijuana a Estados Unidos por la Garita de San Ysidro.
Tras la salida de la prisión federal de las Rocallosas en Denver, Colorado en 2020 y su deportación a México, Miguel Ángel vino a reforzar al cártel caborqueño, expandiéndose sus actividades a Chihuahua y Sinaloa, a través de sus células conocidas como “Nueva Línea” -que lidera José Gil Caro Quintero “El Jogil”, primo hermano de Rafa y Miguel-; Los Páez, jefaturados por Rodrigo Páez Quintero “El Roque”, sobrino de los capos; y “La Barredora”, encabezada por Jesús Darío Murrieta Navarro “Cara de Cochi”.
La fuerte disputa territorial de los de Caborca con los de Sinaloa, está documentada en una denuncia formulada por el Agregado Adjunto adscrito al ICE/HSI en México el 28 de agosto de 2020, que señala la actividad en Sonora del grupo criminal de “Los Chapitos”, Iván y Alfredo Guzmán Salazar, hijos del “Chapo” Guzmán; la gente de Ismael “El Mayo” Zambada; y los Caro, vertiente de Rafael Caro Quintero, acusándoles del tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos, drogas (marihuana, cocaína, heroína, cristal y fentanilo) y de personas hacia la Unión Americana.
Dicha convergencia de grupos criminales en la región más desértica de Sonora se ha reflejado en constantes enfrentamientos a balazos y cruentos homicidios. Para enfrentar a los grupos poderosos de Sinaloa, el Cártel de Caborca tendió una alianza con la organización Beltrán Leyva, a través de las células de “Los Mazatlecos” que dirige Fausto Isidro Meza Flores “Chapo Isidro”; “Los Trinis”, que heredó Alfredo Olivas Valenzuela “Chapo Alfredo”; y “Los Mochomitos”, de Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, hijo de Alfredo Beltrán “El Mochomo”, actualmente detenido en una prisión estadounidense. Además de contar con el apoyo del CJNG en la región.
Ante ese panorama, la captura de Rafael Caro Quintero no parece frenar la violencia y la grave inseguridad que se vive no sólo en los municipios antes referidos, sino que abruma a Guaymas, Empalme, Hermosillo y Ciudad Obregón, entre otros. Incluso hasta el momento no se han mostrado elementos probatorios de la presencia de Rafael en Sonora, aunque los norteamericanos aseguran contar con la intervención de comunicaciones de algunos de los actores del crimen en el desierto mexicano.
ACCIONES LEGALES
Como era de esperarse tras la detención de Rafael Caro Quintero, sus familiares y abogados han interpuesto una serie de demandas de amparo. Quizá la única de mayor utilidad es la presentada en contra de la extradición a Estados Unidos, pues el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco le concedió la suspensión de plano para que no sea entregado al gobierno extranjero sin desahogarse el procedimiento de rigor con base en el Tratado Internacional que tienen firmados ambos países en la materia.
Dicho juicio de garantías -507/2022- fue iniciado a petición de Beatriz Angélica Caro Quintero a favor de su hermano Rafael el sábado 16 de julio en Guadalajara; sin embargo, como el narcotraficante fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 Altiplano en Almoloya de Juárez, el juez federal de Jalisco declinó la competencia en favor de uno de sus homólogos en el Estado de México, donde presuntamente tendría su ejecución el acto reclamado, que es la extradición. Hasta el momento se discute cuál de los juzgadores de Distrito mexiquenses se hará cargo de continuar con el asunto.
El mismo día, abogados de Rafael Caro Quintero presentaron otra demanda de garantías en contra de actos de desaparición forzada e incomunicación en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, pues aunque ya se había expuesto a través de los medios de comunicación que Caro Quintero estaba preso en Almoloya, su familia no tenía ninguna información oficial al respecto. Finalmente, el juicio 647/2022 causó sobreseimiento al conocerse el paradero del imputado.
El último de los recursos legales fue presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco el domingo 17 de julio, en contra de una posible orden de aprehensión, a manera de “buscapiés” para que su defensa conozca si además de la orden de detención provisional con fines de extradición y la orden de reaprehensión para que compurgue los doce años que le restan de la condena del caso Camarena, existe algún otro mandamiento judicial o carpeta de investigación en su contra. Como Rafael está internado en “El Altiplano”, este juez también declinó la competencia.
Por otra parte, a petición del gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República demandó un juicio de extinción de dominio en contra de los bienes de Rafael Caro Quintero y de su familia directa. El juicio especial bajo el número 4/2022 fue radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en toda la República Mexicana y residencia en Ciudad de México.
Los bienes inmuebles señalados en esta acción, son los ubicados en Calle Paseo Virreyes número 4283 del fraccionamiento Villa Universitaria en Zapopan, Jalisco, registrado a nombre de Rafael y su ex esposa, María Elizabeth “N”; una bodega en Calle Melchor Ocampo número 468, local 21, Fraccionamiento Mercado de Abastos Norte, también en Zapopan, a nombre de su hijo Héctor Rafael “N”; una residencia en Calle Luigi Pirandello número 5397, Fraccionamiento Vallarta Universidad en Zapopan, a nombre de su hija Roxana Elizabeth “N”, con usufructo vitalicio para los padres.
Otros dos inmuebles son departamentos y están uno frente al otro en Sagitario número 5289, Fraccionamiento Residencial Arboledas en Zapopan. Se trata de los departamentos números 8 y 9, ambos a nombre de Roxana Elizabeth, con usufructo vitalicio para el capo y su ex esposa. El juicio apenas se encuentra en desarrollo, por lo que no se ha dictado sentencia sobre las pretensiones de la FGR.
