La causa penal es la 4921/2022 y el Número Único de Caso es el 02-2022-06977.
Los delitos: corrupción, peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, además de peculado impropio.
Entre los imputados, destaca por supuesto el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez y once personas que fueron sus colaboradores:
* Luis Salomón Faz Apodaca, ex secretario del Agua.
* Adalberto González Higuera, ex oficial mayor y ex secretario de Hacienda.
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* Rodolfo Castro Valdez, ex secretario de Hacienda.
* Israel Clemente González, ex oficial mayor.
* Marco Octavio Hilton Reyes, ex oficial mayor.
* Miriam Lizbeth Alvarez Martínez, ex directora de la Comisión Estatal de Energía.
* Pablo Alonso Hernández Arellano, ex subsecretario de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.
* Amador Rodríguez Lozano, ex secretario general de Gobierno.
* Karen Postlethwaite Montijo, ex secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
* Héctor Martínez Rivas y Alberto Julio Pani Bano.
Javier García Álvarez, fiscal del Ministerio Público de Baja California, de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, citó al ex gobernador y sus once ex colaboradores para que rindan su declaración en torno al caso de la planta fotovoltaica, que, ahora se ha develado, fue autorizada, convenida, contratada y pagada al menos en parte, por el primer gobierno de Morena en Baja California, sin contar con autorización federal para la misma.
Los ex funcionarios han sido citados para presentarse el 15 de agosto a las 09:00 horas en la Sala Número Seis de la Unidad Judicial Río Nuevo en Mexicali, de acuerdo a los artículos 52 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales son imputados por “su probable participación en la comisión del hecho delictivo de uso ilícito de atribuciones y facultades en perjuicio del Gobierno del Estado de Baja California”, en la causa penal 04921/2022, NUC 02-2022-06977.
A estas alturas, seguramente ya todos los ex funcionarios han sido notificados de la citación, que determina que, si no acuden de manera voluntaria al llamado oficial, “podrá solicitar sean presentados a través de la fuerza pública u orden de aprehensión si se advierte que existe la necesidad de cautela, para hacerlos comparecer de manera forzosa a la aludida audiencia”. Asimismo, que todos los imputados están en su derecho de designar un defensor particular para que los asista durante el proceso.
Pero citar a Jaime Bonilla no fue fácil. De hecho, el 21 de junio, cuando la Fiscalía General del Estado solicitó citarlos al Poder Judicial, en su caso fue denegada la petición, justificándose en el Artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual refiere el fuero que, en su caso, tienen los senadores.
El mismo Poder Judicial solicitó al Senado de la República el estatus de Jaime Bonilla Valdez, a lo cual Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, respondió: “El C. Jaime Bonilla Valdez, es Senador de la República a las LXIV y LXV Legislaturas de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, que comprenden del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2024, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y actualmente se encuentra en ejercicio de sus funciones legislativas”.
Por lo tanto, el Poder Judicial resolvió: “En consecuencia, esta Autoridad Judicial se abstiene de convocar a audiencia inicial de formulación de imputación por cita, al señor Jaime Bonilla Valdez, por no reunirse los requisitos de forma y encontrarse en los casos que exceptúa el numeral 90 del citado ordenamiento procesal…”.
Pero el fiscal estatal Ricardo Iván Carpio Sánchez, no se detuvo ante tal resolución, y presentó ante el Poder Judicial de Baja California, un recurso de revocación contra “la resolución dictada por esta autoridad judicial el 21 de junio de 2022, dentro de la causa penal 4921/2022 con número de caso 02-2022-06977”.
Como prueba de que Jaime Bonilla Valdez no es, en estos momentos, senador de la República, ni se encuentra en funciones, presentaron la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 5 de mayo de 2022, cuando dejan sin efectos la reincorporación de Bonilla al Senado, bajo el precepto que estaba impedido para regresar a la cámara alta, pues “luego de haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de una licencia por tiempo indefinido aprobado por la Cámara de Senadores, ya que al tomar protesta como mandatario estatal optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho a elegir entre ambos”.
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hizo vinculante de su resolución a la Cámara de Senadores. De hecho, indicó que el suplente de Bonilla debía ser llamado para tomar posesión de la senaduría. Y efectivamente, el ex mandatario dejó la Cámara Alta y regresó a Baja California, donde hasta la fecha despacha en sus remodeladas oficinas de PSN en la colonia Juárez.
El Poder Judicial concedió la razón a la Fiscalía General de Baja California, y resolvió: “…se procede a revocar y dejar sin efecto el acuerdo dictado en la fecha precitada única y exclusivamente por cuanto hace al apartado (…) esta Autoridad se abstiene de convocar a audiencia iniciar de formulación de imputación por cita, al señor Jaime Bonilla Valdez, por no reunirse los requisitos de forma y encontrarse en los casos que exceptúa el numeral 90 del citado ordenamiento procesal, así como el 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Por lo tanto, determinó, que “como lo solicita el licenciado Javier Alberto García Álvarez, en la observancia de los dispuesto en los artículos 52 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señalan las nueve horas del día quince de agosto del año dos mil veintidós, para el desahogo de audiencia inicial de formulación de imputación, en contra del imputado Jaime Bonilla Valdez, por su probable participación en la comisión del hecho delictivo de uso ilícito de atribuciones y facultades en perjuicio del gobierno del estado de Baja California”.
Posteriormente se instruyó al notificador para que informara y presentara el auto al imputado, o sea a Bonilla, quien para tales efectos, presentó como domicilio el ubicado en Avenida Juan Cordero número 10013, Zona Río de Tijuana, a saber, la residencia de su hermano, el mismo que logró cerrar la Cervecería Insurgente, ubicada en la misma calle, porque le molestaba el ruido y el ambiente que los productores de cerveza artesanal generaban con su lícito negocio.
Así, después de un recurso de revocación, finalmente, Jaime Bonilla Valdez es citado a declarar en una audiencia de vinculación que se llevará a las nueve de la mañana del 15 de agosto, y aunque ciertamente el ex gobernador también presentó un recurso contra la decisión de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo dejó fuera del Senado, el tema no está resuelto y es probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva durante el mes en curso. Pero vaya, ya dijo hace unos días que él sí iría a declarar… a ver si lo cumple.
Por cierto, los delitos de corrupción en los que se sospecha incurrieron los imputados, van desde una reforma promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta delitos graves que ameritan prisión preventiva, con penas de ocho meses hasta 16 años.
