La administración anterior pagó hasta gasto corriente con millones producto de la extorsión; 90 empresas recuperaron lo pagado. Gobierno de Marina Ávila contrata a otras empresas para auditorías similares
Todo parece indicar que el negocio de la empresa Romafam, SA de CV, mejor conocida como Fisamex, acusada por el sector empresarial de Baja California de -mediante cuestionables auditorías- “extorsionarlos” para cobrar supuestos derechos de conexión del servicio de agua que proporcionaban las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, no fue un acto aislado, sino parte de un engranaje de desfalco para favorecer a compañías allegadas al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Empresas como Orca Energy y Makro fueron las más beneficiadas de los mil 086 millones 026 mil 952 pesos que se recaudaron para el Poder Ejecutivo, puesto que prácticamente todo el dinero se encauzó directamente al pago de sus servicios, ya sea para la dotación de energía eléctrica al Acueducto Río Colorado-Tijuana (el cual abastece 80 millones de metros cúbicos de agua para cumplir con parte de las necesidades de Zona Costa) o en labores de construcción y recolección de basura.
Sin embargo, el dinero recaudado por Bonilla Valdez también sirvió para cubrir adeudos con empresas de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, entre ellas la conocida y favorita del panista: Urbanización y Riego de Baja California, SA de CV –mejor conocida como Urbaca-, ligada a la propia Makro y con Fernando Beltrán, empresario y promotor deportivo allegado a “Kiko” Vega.
Además de ello, el recurso fue utilizado para el pago de deuda al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), al Sindicato de Burócratas y a liquidación de deuda a corto plazo, como parte del uso discrecional que sostenía el Poder Ejecutivo con este recurso.
Diego Echeverría, diputado por el Partido Acción Nacional, dio a conocer que Fisamex no fue la única encargada de recaudar millones de pesos para el Estado de manera irregular, sino que otras empresas pudieron hacerlo mediante el mismo esquema de “brindar” auditorías que no son comprobables ni justificadas.
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Asimismo, criticó que Jaime Bonilla Valdez priorizó brindar un recurso a cuestiones como la canalización del Río Tijuana, que si bien es importante, la realidad es que con los 100 millones de pesos que erogaron en esa limpieza pudieron rehabilitar el Acueducto Río Colorado-Tijuana, el cual en 2022 cumple 40 años de vida útil, por lo que ya se encuentra en riesgo de colapso.
LOS FAVORITOS
Con los más de mil millones de pesos que obtuvo de manera irregular el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez mediante las “extorsiones” de Fisamex, hubo empresas beneficiadas, pero, además, resultó falso que sólo se utilizó para obra pública.
Fundada en 2018 en Hermosillo, Sonora y dirigida por Manuel García Soto y María del Rocío Valenzuela Soto, Romafam, SA de CV fue la principal beneficiada, al apoderarse del 20% de los recursos totales que se “recaudaron” mediante auditorías que bien pudieron efectuarlas trabajadores de las comisiones de agua.
Un documento obtenido por ZETA confirma que una de las principales favorecidas fue Orca Energy, que de abril del 2020 a septiembre de 2021 recibió nada menos que 584 millones 404 mil 397.22 pesos, mediante pagos que van de 900 mil a 76 millones 384 mil 450 pesos.
La empresa fue contratada por la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), dirigida al final del periodo por Salomón Faz Apodaca, uno de los implicados en los señalamientos de corrupción de Next Energy, SA de CV.
Orca Energy brindó el servicio de abastecimiento de energía eléctrica para el funcionamiento del acueducto del Río Colorado, hasta que el ex mandatario simplemente dejó de pagarles, bajo el argumento de que incumplió con lo establecido en el contrato.
Evidentemente, el pago que otorgó a Orca Energy no representa en lo más mínimo lo que corresponde a infraestructura hídrica, como presumió Bonilla.
La segunda empresa más beneficiada fue Makro, la cual mantiene una sociedad con Urbaca, propiedad de Alejandro Lázaro Llamas Galván, Víctor Ismael Llamas Galván -socios mayoritarios-, acompañados de Manuel Oviedo Tirado, Francisco Noriega Martín del Campo y Alicia Calderón Osuna.
Según el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía, en 2010, Constructora Makro, SA de CV y Urbaca se asociaron para cumplir obras en favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), junto con otras empresas llamadas Alepo Construcciones, SA de CV y Cauro Construcciones y Servicios, SA de CV –propiedad de Mauricio Octavio Barce Salazar, Remigio Velázquez García, Remigio Valencia Martínez y Javier Sotomayor Magaña; JR de Baja California, SA de CV; y Mascareño Armenta Construcciones, SA de CV, propiedad de Martha Patricia Armenta Gómez, Benjamín Hiram Mascareño Jiménez, María Antonieta Armenta Gómez y María Antonieta Gómez Aguiar.
Ambas empresas están relacionadas con el empresario favorito de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, Fernando Beltrán, promotor de boxeo.
Durante los primeros meses de operación de Fisamex, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez -a sabiendas que era una de las empresas favorecidas de su antecesor- pagó 46 millones 927 mil 420 pesos para la adquisición de equipo de bombeo, según consta en el documento y en la factura de un pago firmado por Faz Apodaca -en poder de ZETA– con número de identificación C-20-ADQ-DOM-INV-03
Mientras tanto, Constructora Makro, SA de CV, propiedad de Marco Antonio Santacruz Cuevas, se encargó de operar dos de las obras más costosas de la administración del empresario morenista. La primera fue la canalización del Río Tijuana, que compartió con Proyecto y Desarrollo Savar, SA de CV y con MJ Industrial, SA de CV, por la cual, en conjunto, se llevaron la cantidad de 100 millones 183 mil 303 pesos.
Makro también se llevó la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Costero de Tijuana y Playas de Rosarito, según obra en el contrato 5D-NP-073-2020, por 117 millones 591 mil 171.40 pesos hasta el mes de octubre de 2021.
Sin embargo, la obra tiene un costo de 159 millones 361 mil 368.71 pesos, de acuerdo con el contrato firmado con Sergio Antonio Rosete Weben, entonces director general de la CESPT.
De confirmarse el pago de esa última obra, en sólo dos años, Makro estaría embolsándose alrededor de 200 millones de pesos provenientes de recursos de la recaudación de Fisamex.
Otra empresa favorecida radica en Ciudad de México y lleva por nombre ASCH, SA de CV, la cual en todas las ventas se agenció 73 millones 462 mil 579 pesos, de la cual sólo se supo que tenía como representante a Alejandro González García.
Salomón Faz Apodaca también invirtió gran cantidad de dinero en bombas, para lo cual contrató a la empresa Ingeniería de Bombas y Controles, SA de CV, cuyos propietarios son Jorge Luis Villanueva Hernández y Juan Gilberto Rangel Balboa -según el RPC-, pero donde también aparece el vicepresidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Becerra Lizardi, como representante legal en varios contratos y actas de fallo de la propia administración bonillista.
Esta empresa se llevó 18 millones 038 mil 522 pesos en la venta de equipo de bombeo.
TAMBIÉN PAGÓ GASTO CORRIENTE
Además de los 500 millones de pesos que le otorgó a Orca Energy, SA de CV para dotar de energía eléctrica al acueducto, el Poder Ejecutivo utilizó importantes cantidades de dinero para cubrir gasto corriente.
Destaca la erogación de 77 millones 798 mil 475 pesos, divididos en tres pagos, los días 31 de julio y 27 de agosto de 2020; y el 21 de junio de 2021, de adeudos y contrarrecibos no pagados por el Estado a Issstecali.
Uno de estos pagos fue directamente ordenado por el Ejecutivo estatal, derivado de una instrucción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
También se erogaron poco más de 5 millones de pesos para el pago de deuda con cajas de ahorro y empresas dedicadas a financiar créditos, las cuales tienen contratos con el Poder Ejecutivo, así como adeudos por concepto de gastos funerarios y otros servicios al Sindicato de Burócratas.
Bonilla también utilizó el dinero de Fisamex para liquidar un préstamo a corto plazo por 20 millones de pesos. La instrucción de este pago se dio por el propio Bonilla y se llevó a cabo el 30 de junio de 2020.
ARREMETEN PAN Y COPARMEX POR COBROS
Sobre el recurso obtenido por Fisamex, el diputado Diego Echeverría, criticó el esquema con el que el gobierno bonillista se hizo de recurso público mediante extorsión al sector empresarial.
En entrevista para ZETA, aseveró que Fisamex fue una de varias empresas que participaron como auditores, pero que realmente no hacían más que emitir oficios, toda vez que -consideró- quienes llevaban a cabo las diligencias eran precisamente empleados de las comisiones de agua.
Agregó que hay varias empresas cuyos datos fueron desconocidos.
Mediante múltiples solicitudes de transparencia, e l diputado confirmó que existen otras empresas de procedencia desconocida, como Stratimex, SAPI de CV, propiedad de Luis Miguel Niño de Rivera Taracena, la cual también -supuestamente- llevó a cabo auditorías a empresas, pero se desconoce el monto cobrado por la misma.
También, durante 2021 se contrató a un individuo llamado Norberto Castilla Becerra para llevar a cabo las mismas diligencias.
Lo interesante es que, a partir del año en curso, el Gobierno del Estado contrató a otras empresas para efectuar las mismas diligencias de auditorías a usuarios para el cobro de derechos de conexión.
Según lo referido, se contrató a Práctica Dirigida, SC; North Collect and Recover, SA de CV; y el despacho jurídico internacional Rodríguez Martín del Campo y Asociados.
Por su parte, Octavio Sandoval López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que el Poder Ejecutivo ha tenido que devolver aproximadamente 90 millones de pesos a las empresas por el abuso cometido por Fisamex.
En entrevista para ZETA, el representante empresarial aseveró que si de verdad se quiere investigar la corrupción en la administración de Bonilla Valdez, la ruta más corta es mediante esta empresa y no por la planta fotovoltaica, la cual -dijo- es un caso que no podrá judicializarse, ya que si Next Energy, SA de CV decidió dar marcha atrás con el contrato, el acto de corrupción no se concretó.
Para Sandoval López, se trata de un abuso cometido por la gestión de Bonilla Valdez, lo cual debe ser sancionado, puesto que la devolución del recurso representa un quebranto al erario.
Este Semanario tuvo acceso a una lista con diversas empresas que recibieron la devolución del recurso y coincide con los 90 millones referidos por el dirigente de la Coparmex. Se trata de un quebranto al erario que tendría que estar subsanando Fisamex por la mala práctica.
El diputado Diego Echeverría criticó que los más de mil millones de pesos recaudados de manera irregular por Fisamex bien pudieron resolver el problema que se tiene con el acueducto del Río Colorado, el cual ya cumplió su vida útil de 40 años y no ha recibido el profundo trabajo de rehabilitación que requiere para seguir operando.
Por su parte, el titular de Seproa, Armando Fernández Samaniego, confirmó que se lleva a cabo una investigación sobre el destino de los recursos recaudados por Fisamex, “alrededor de mil 800 millones de pesos en todos los organismos; se está terminando de hacer un análisis. En Mexicali se invirtió para obra pública, más para el Valle de Mexicali, es más sencillo, porque ese dinero no se fue a la licuadora, sino a una partida especial específicamente para eso”, refirió el funcionario marinista.
