Enfrentan violencia física, verbal y homicida; trata de personas, acoso y explotación sexual; además de discriminación en lugares públicos, extorsión para venta de drogas y adicciones
En Baja California, la violencia contra las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ (Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer, Asexual, etcétera) es sistemática, estructural e invisibilizada, aseguran activistas e integrantes de esa colectividad.
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La violencia verbal, el acoso sexual, la discriminación en áreas públicas; la revictimización y criminalización por parte de ministerios públicos y elementos de la Policía Municipal; el rechazo familiar, laboral y escolar; la negación y estigmatización para el acceso a atención médica, además de la impunidad y el nulo acceso a la justicia, son parte del día a día de esta comunidad.
Los asesinatos y crímenes violentos que cobran víctimas, son invisibilizados en las estadísticas oficiales. Ni las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Poder Judicial de Baja California e incluso el Servicio Médico Forense, tienen datos respecto a la violencia contra esta minoría.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, publicada el 28 de junio del año en curso por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 95 mil 578 personas pertenecen a la comunidad diversa en Baja California.
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Según el monitoreo del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT+, en 2021 se cometieron al menos ocho homicidios contra personas no heterosexuales en BC, de las cuales cinco eran mujeres transexuales y tres hombres homosexuales. En lo que va de 2022 se han registrado, de manera no oficial, tres hechos violentos contra esta comunidad.
Al solicitar información a las dependencias de Seguridad sobre los delitos cometidos contra personas gay, lesbianas, transexuales, transgénero, travestis, etcétera, todas respondieron a ZETA no tener registro por orientación sexual, identidad o expresión de género; únicamente se basan en el sexo biológico de las personas: hombre-Mujer.
Encabezada por Ricardo Iván Carpio Sánchez, la Fiscalía General del Estado informó que no cuentan dicha estadística o carpetas referentes a casos en los que las víctimas sean personas de la comunidad de la diversidad sexual; menos aún, tienen contemplados los casos de transfeminicidio (cometidos por odio, por el simplemente hecho de ser mujeres transgénero), puesto que no están en el código penal.
Lo mismo sucedió al solicitar información al Servicio Médico Forense (Semefo) de Baja California, donde detallaron que los cuerpos que llegan, son registrados con base en su sexo biológico, sin tomar en cuenta los casos de personas trans que hayan cambiado de género y nombre en sus documentos oficiales.
De igual manera, los impartidores de justicia del Poder Judicial del Estado, han sido denunciados por enjuiciar sin perspectiva de género y apegado a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, como en el caso de la Juez de lo Segundo Familiar de Tijuana, Josefina Magaña, quien cuenta con 16 quejas ante el Consejo de la Judicatura.
Mientras que en las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, se limitan a presentar en sus reportes frases como “hombre vestido de mujer que ofrecía servicios sexuales”. Las víctimas denunciaron a este Semanario que incluso cuando mujeres trans son detenidas, se les interna en celdas con hombres en lugar de celdas para mujeres, violentando así su integridad.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), durante 2020 recibió 28 quejas por parte de la comunidad de la diversidad: 14 se presentaron contra la Dirección del Registro Civil, cuatro contra la Fiscalía General del Estado, tres contra DIF Estatal y otras tres contra particulares.
En 2021, la CEDH recibió siete quejas de esta población: dos se presentaron contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana; una contra la Dirección de Seguridad Pública de Ensenada; otra más contra la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali; y una más contra la Oficialía del Registro Civil de Mexicali.
Mientras que en el transcurso de 2022, se han presentado únicamente dos quejas: una contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) y la otra contra la Secretaría de Hacienda.
SE DEBE VISIBILIZAR LA VIOLENCIA CONTRA LA COMUNIDAD LGBTIQ+: COCUT
De acuerdo con Jonatán López de la Rosa, asesor jurídico de la asociación civil Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI (COCUT), la violencia está focalizada por sectores de la comunidad. Las personas trans son las más violentadas en el trabajo, en centros de salud, en entornos escolares, en la vía pública y al acudir a dependencias públicas.
“No es la misma violencia que recibe una mujer lesbiana que un hombre gay, o una persona bisexual o trans. En el caso de los hombres gay lo más común es la violencia física; en cuanto a lesbianas y bisexuales, son más los comentarios ofensivos o agresiones físicas. En el caso de las mujeres trans, se presenta un tipo de violencia más fuerte, que va desde la violencia sexual hasta el transfeminicidio; en el caso de los hombres trans, la violencia se da cuando sus documentos oficiales no están armonizados y les ponen trabas para acceder a servicios de salud, laborales, etcétera”, explicó.
Respecto a que en las fiscalías y el Poder Judicial, definen el género de la persona con base en la biología -hombre o mujer- y no detallan si la persona se presenta con otra identidad de género, se está ejerciendo una violencia estructural, por lo que urge sensibilizar a policías, agentes del Ministerio Público, fiscales, auxiliares, jueces y empleados en general de las dependencias.
López de la Rosa comentó que se debe impartir justicia con perspectiva de derechos humanos y tratar a las personas con los pronombres con los que se identifiquen (él, ella, elle) como respeto a su derecho humano de autodeterminación. Agregó que no hay voluntad por parte de los funcionarios públicos, más allá de la fotografía.
Para el abogado defensor de personas de la diversidad, se debe legislar urgentemente sobre la creación de un organismo local que enfrente y castigue los actos de discriminación, también sobre las infancias trans y una educación sexual integral para que las nuevas generaciones crezcan con información adecuada.
De acuerdo con los resultados de la ENDISEG 2021 del INEGI, casi el 50% de la comunidad de la diversidad sexual acude a hospitales privados a recibir atención médica ante la discriminación y carencia en tratamientos por parte del sector público.
La encuesta también reveló que casi el 30% de la población LGBTIQ+ ha tenido pensamientos suicidas o ha intentado suicidarse. Las razones: depresión, abusos sexuales, discriminación social, falta de oportunidades, etcétera. El 81% tiene o ha experimentado problemas emocionales como angustia, miedo, ansiedad y depresión.
SOMOS TRANS, NO NOS MATEN…
De acuerdo con la asociación civil Letras Ese, sólo en 2020, en medio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad COVID-19), se cometieron 43 transfeminicidios a nivel nacional, 22 homicidios contra hombres homosexuales, ocho mujeres lesbianas, dos hombres trans y una mujer muxe.
En Baja California, el caso más reciente de un hecho violento contra la comunidad fue registrado por medios de comunicación. El 16 de junio, Leslie, una mujer trans, fue atacada a balazos, luego que un hombre que contrató sus servicios sexuales se negara a pagar.
Leslie, migrante originaria de Michoacán, trabajaba en la Zona Norte de Tijuana como sexoservidora, el hombre que la atacó no ha sido identificado por la FGE. Es un ejemplo del contexto diario que viven las mujeres trans que se dedican al sexo servicio.
De acuerdo con algunas mujeres de esta comunidad entrevistadas por ZETA, incursionan en el servicio sexual por la falta de empleos dignos. Sin embargo, al llegar a la prostitución son víctimas de explotación, extorsionadas y golpeadas si no pagan al proxeneta.
Aseguran que el cártel que controla la Zona Norte de Tijuana, es el Jalisco Nueva Generación (CJNG), que las obliga a vender droga a los clientes que atienden; además, tienen que pagar extorsiones para trabajar o trabajar para algún proxeneta. Contaron que se vuelven adictas a las metanfetaminas para aguantar el trabajo sexual y mitigar el dolor.
Susana Barrales, presidenta de la asociación civil Casita Unión Trans, reveló a este Semanario que no hay oportunidades laborales para las mujeres trans, y al ser estigmatizadas y discriminadas, la única opción es el trabajo sexual, lo que las coloca en una situación altamente peligrosa.
Contó que al menos en las últimas tres semanas se han cometido tres hechos violentos contra esta comunidad, uno terminó en el fallecimiento de la persona, la cual fue golpeada brutalmente hasta la muerte por un grupo de hombres en la Zona Norte de Tijuana. Otra más fue golpeada brutalmente, dejándole heridas graves, pero con vida; la otra fue Leslie.
“No hay esa estadística de mujeres violentadas y asesinadas, víctimas de transfeminicidio, que sí existe, pero no están registrados porque no manejan esa parte. No hay registro que hable de su identidad de género. Nos matan por el hecho de ser mujeres trans”, lamentó la activista.
Otro tipo de violencia es la falta de acceso a la atención médica pública para llevar a cabo su proceso de transición hormonal, y al no acceder a servicios básicos por discriminación del sector salud, las personas trans terminan automedicándose, poniendo en riesgo su salud por los efectos secundarios.
“Todas las personas que transicionamos, lo hacemos por nuestra cuenta, con nuestro dinero, no vamos a un médico. Si la amiguita me dice ‘métete tanto’, yo lo hago porque quiero hacer mi transición pronto. Hay una severa falta de información por el sector salud, no hay endocrinólogos, y la consulta para eso cuesta alrededor de mil 800 pesos”, relató Barrales.
Por su parte, Celeste Sánchez Ceja, psicóloga y supervisora de la clínica de armonización de género “Jeanine Huerta”, explicó que más de la mitad de las mujeres y hombres trans no van al médico por miedo a que les discriminen.
“A la mayoría las corren de sus casas en la secundaria, buscan trabajo y no se los dan, a menos que se comporten como su sexo asignado al nacer, luego de las escuelas también les corren, de las iglesias también. No es tan fácil que les renten un lugar, es una marginación total social, la única forma de sobrevivir es con trabajo sexual y la hiperfeminización, poniendo en riesgo su salud”, expuso.
Por otra parte, Odette Mendoza Becerril, catedrática en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”, señaló que es importante legislar a nivel nacional en materia de transfeminicidio, al haber un vacío legal.
“Los crímenes contra mujeres trans no se reconocen, y la figura jurídica no existe en ninguna legislación penal. Su reconocimiento legal es determinante para garantizar un derecho humano y así visibilizar los ataques de odio en contra de las mujeres transgénero en México, derivado al incremento de los mismos”, dijo.
Para concluir, Sánchez destacó puntualmente que no basta una tipificación penal, sino una debida capacitación a los servidores públicos y mejorar las investigaciones relacionadas con crímenes de odio, “puesto que de nada servirá tener una figura jurídica en la legislación correspondiente, si realmente no se garantiza el debido proceso penal a las víctimas de violencia de género”.
