El ex colaborador de Jaime Bonilla enfrenta una denuncia interpuesta por el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda ante la Fiscalía General del Estado, por contrato con Next Energy
El 1 de julio, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de la Coordinación de General de Relaciones Interinstitucionales como parte su estructura orgánica e informó que el ex secretario general de gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, quedaría al frente de la nueva dependencia.
El nombramiento se dio con el pormenor de que Rodríguez Lozano enfrenta un proceso penal por la firma de un contrato con Next Energy durante la administración de Jaime Bonilla Valdez para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali, convenio con el cual se generaría un daño patrimonial de hasta 12 mil millones de pesos.
El ex colaborador de Bonilla Valdez, al igual que éste y otros involucrados en el caso, está citado a declarar el 15 agosto en razón de “su probable participación en la comisión del hecho delictivo de uso ilícito de atribuciones y facultades en perjuicio del Gobierno del Estado de Baja California”.
Durante la administración de Bonilla, a Rodríguez Lozano también se le señaló de haber trazado un plan (previo a que arrancara el período de mandato) para solicitar aportaciones económicas a empresarios a cambio de contratos de obra con el gobierno.
Una vez en marcha esa administración, el caso de los denominados “moches” ocasionó que Jesús Núñez Camacho y Cinthya García Soberanes solicitaran licencia como oficial mayor y secretaria de Bienestar en Baja California, tras ser señalados de haber recibido dinero de proveedores.
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El entonces dirigente del Partido Acción Nacional, José Luis Ovando Patrón apuntó que el propio delegado único federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, había declarado que Rodríguez Lozano “estaba enterado de los moches solicitados”; de ahí que en opinión del panista, el funcionario estatal debía ser removido de la Secretaría General de Gobierno.
Posteriormente, (en 2021) el ex líder partidista se haría objeto de una orden de aprehensión por su posible participación en la comisión de delitos electorales.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, declaró a mediados de semana que Sheinbaum Pardo en su momento le comentó de la incorporación de Rodríguez Lozano a la estructura orgánica del gobierno capitalino.
Estableció que la consabida designación no afectará sus vínculos con la aspirante de Morena a la Presidencia de la República.
“Yo respeto muchísimo a quienes inviten a colaborar en sus gobiernos, eso no va a generar alguna situación en la relación que yo tengo con ella y ella conmigo”, manifestó.
También dijo que ella le hizo saber a la jefa de gobierno “de la situación jurídica” que involucra a Rodríguez Lozano.
Finalmente mencionó que al margen del estatus que guarda el ex secretario general de gobierno como funcionario de la CDMX, el proceso que enfrenta sigue su curso.
“Hay que separar los temas: aquí hay ya una denuncia interpuesta (por el gobierno del estado) ante fiscalía y fiscalía va a continuar con el debido proceso y con la investigación que se ha venido realizando, independientemente del nombramiento que este funcionario tenga ahora en el gobierno de Claudia”, remató.
