“No pueden negarme el derecho a trabajar”, reclamó el ex jefe policiaco de Tijuana, Ramón Ángel Soto Corral quien se presentó en las oficinas de ZETA para mostrar la sentencia con la que fue dejado en libertad, y ofrecer su versión de los hechos ocurridos en 2010.
“Cuando salí en 2011, lo único que quería era dejar atrás todo, estuve demasiados meses preso por un delito que no cometí, se violaron mis derechos, y todo lo que quería era que terminara, pero esto no concluye”.
El nombre del abogado y ex policía, regresó a los titulares de los medios bajacaliforniano el martes 21 de junio, después que se hiciera público que fue detenido por circular a exceso de velocidad en una camioneta con estrobos, que fue perseguida por policías, sobre el bulevar Insurgentes en la colonia La Campiña, en Tijuana, misma que no se detuvo hasta llegar al estacionamiento de las instalaciones del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS).
En el lugar, la copiloto informó a los uniformados, que se llamaba Arlen Gastélum, que era secretaria particular de la gobernadora Marina del Pilar, y que iban con prisa. Mientras el piloto Ramón Ángel Soto Corral, les dijo que vio las luces de lejos, pero como nunca le ordenaron por el altavoz que se detuviera, no consideró que el comando fuera para él. Al final los dejaron ir y los marcaron sin novedad.
La intervención policiaca fue llevada ante la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda a la conferencia mañanera del miércoles 22 de junio, para cuestionarle la contratación de Soto Corral, quien había sido detenido el 10 febrero de 2010, tras haber sido presuntamente señalado de recibir dinero y proporcionar información a Raydel López Uriarte “El Muletas” (liberado) y Manuel García Simental “El Chiquilín”, detenidos el 8 de febrero del 2010. Soto, otros 4 jefes policiacos y los dos criminales fueron arraigados, y el 12 de mayo los vincularon a proceso.
En esa conferencia, Alfredo Álvarez, coordinador de Gabinete, dijo que en esa área se heredaron 125 plazas, y que a pesar de que en el expediente de Soto Corral existe una carta de no antecedentes penales ese día, lo habían separado del cargo por “pérdida de confianza”, para que él responda por la falta que cometió.
Al respecto, el ex policía detalló que lo dieron de baja después de la conferencia. Manifestó que no quería problemas, pero estaba analizando qué haría al respecto, porque su despido no estaba justificado, porque no tiene cargos por lo de 2010, y el exceso de velocidad sería en todo caso una falta, “no pueden decir que incurrí en falta de honradez o probidad”.
Corroboró que fue llamado y contratado en la administración pasada el 2020, primero como inspector en el IMOS y en noviembre del mismo año lo pasaron a Gobierno del Estado, explicó que lo dieron de alta con una plaza de la Fiscalía del Estado como auxiliar de averiguaciones previas, pero nunca estuvo ahí. “Están diciendo que estaba como psicólogo, pero siempre estuve como chofer y en la ayudantía del Ejecutivo, un agente ´IBM´ como les dicen coloquialmente, y mi puesto oficial lo mencionan en mi baja, dice analista especializado”.
El exfuncionario público mostró “un auto de libertad por falta de elementos para procesar”, la sentencia emitida por un juez de amparo el 2 de junio del 2011, la cual se cumplimentó el día 15 del mismo mes, hace 10 años.
“Soy una persona libre, sin antecedentes con derechos a trabajar, y así lo hice como abogado y actor desde el 2011, también sé trabajar la tierra y aprendí de plomería. Cuando salimos nos presentamos a trabajar a la Secretaría de Seguridad, nos mandaron de la dirección a recursos humanos y luego ya no nos dejaron entrar, al día siguiente, más de un año después de la detención ilegal, nos iniciaron el proceso de remoción por faltas. Argumentaron que no informé a mi superior, pero yo pude probar que fue mi superior el que me entregó personalmente, y que sí llamé a mi jefe inmediato para informar, al final no me reinstalaron, pero me pagaron por 24 años de servicio.
“En ningún momento de inhabilitaron”, pidió destacar Soto.
“El día que me detuvieron a mí me citaron a una reunión de mandos, era mi día de descanso, pero por necesidades del servicio andaba trabajando, llegué después de atender un reporte en el que informaron que unos policías habían sido atacados en la colonia Libertad, fui tranquilo porque sabía que no debía nada, no creí que me fueran a detener, y cuando lo hicieron creí que me iban a liberar rápido.
“A mí no me torturaron, ni siquiera me dijeron de qué se me acusaba o me presentaron una orden, ese día cuando el director -Gustavo Huerta Martínez- me dijo que me subiera a la camioneta y le entregara la placa, el arma, lo hice, no me dijeron por qué, hasta cuando estaba en la base militar y llegó el Teniente Coronel Julián Leyzaola y le pregunté, ´¿Qué pasa?´, me respondió ´eso digo yo ¿Qué pasa? Que estabas con esa gente´ le dije que no, y que no podían haberme señalado directamente porque ni los conocía, le pedí que me carearan, él sólo comento ´dijeron Soto´, se fue y no lo volví a ver, pero atendió muy bien a mi esposa, todo el tiempo que estuve privado de la libertad”.
Recordó que ya en la ciudad de México cuando lo iban acusar, primero le dijeron que sería como testigos, después como presentado y finalmente como imputado. “Cambiaron mi estatus legal en cuestión de minutos”.
Cuando le preguntaron si iba a declarar, pidió de nuevo saber de ¿qué se le acusaba?: “Y entre otras cosas decía que yo había dicho que sí estaba con el grupo criminal ¿en qué cabeza cabe?, yo no estaba porque lo iba admitir, pero si lo hubiera estado, ¿no suena ilógico que lo hubiera admitido?, no tenía sentido, les dije que todo lo del parte era mentira, salvo el espacio donde decía que mis jefes me habían entregado a los federales”.
“No cometí ningún delito, entonces se violaron mis derechos, y ahora quieren quitarme mi derecho a trabajar, ya estuvo bueno”, concluyó Soto Corral.
