La empresa planea denunciar al ex gobernador bajacaliforniano por uso ilícito de facultades y la reparación del daño económico y moral que generó la cancelación del contrato de la planta fotovoltaica
Los representantes legales de Next Energy de México, SA de CV argumentan que sufrieron un detrimento patrimonial -miles de millones en perdidas que aún se cuantifican- y moral, debido al descrédito que les generó trabajar con la administración de Jaime Bonilla Valdez, por lo que, a través de su departamento jurídico, analizan interponer denuncia de hechos en contra del ex mandatario de Baja California.
Los planes son denunciarlo por los ilícitos de tráfico de influencias y de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como un juicio civil por reparación del daño, debido a “pérdidas económicas cuantiosas sufridas por la conclusión de este contrato. Así como las consecuenciales derivadas de otras resciciones que aseguran, están padeciendo, atribuidos a la contingencia suscitada en el gobierno de Baja California”.
Uso ilícito de atribuciones y facultades, es el delito que se atribuye a funcionarios que otorgan adjudicaciones de contenido económico o contratos obras públicas con recursos públicos, sin estar facultados. Crimen que tiene una penalidad de seis meses a doce años de prisión y multa de 30 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Tráfico de influencias, es el delito que comete el servidor público que “promueva o gestione la tramitación o resolución de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión”. Acciones que son penalizadas “de dos a ocho años de prisión”, y multa de 50 a 300 veces el valor diario de la UMA.
De hecho, los abogados de la empresa analizan la posibilidad de sumarse como víctimas a la denuncia del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentada por el ingeniero Francisco Alberto Bernal Rodríguez quien fuera secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección de Agua del Estado de Baja California, y director general de la Comisión Estatal del Agua. Hoy suplido por el ingeniero Armando Samaniego.
Los empresarios indican que su denuncia tendrá base en el oficio SENER.100/2020/303, de tres páginas, remitido a Jaime Bonilla Valdez el 21 de agosto de 2020, donde la secretaria de Energía, Rocío Nahle, explicó detalladamente, exponiendo varias leyes y sus artículos al entonces gobernador, que las entidades federativas carecen de personalidad constitucional para convocar a la licitación pública nacional para el desarrollo de la central eléctrica fotovoltaica de Baja California.
El texto empieza haciendo referencia a la licitación publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de agosto de 2020, así que le llamaron la atención inmediatamente y, al día siguiente que inició el proceso, le advierten reiteradamente que es facultad exclusiva del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Energía.
Artículo tras Artículo, le dijeron que no tenía atribuciones. Todavía más claro, le advirtieron que no podía interpretar el Artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático Federal, que autoriza a las entidades federativas, promover el diseño y elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, ya que la Ley enfatiza que lo pueden hacer exclusivamente “en el ámbito de su competencia”.
Pero con plena conciencia, Bonilla decidió promover la realización de negocios públicos ajenos a sus atribuciones y responsabilidades, y aunque no firmó el contrato, emitió el acuerdo mediante el cual se creó el Comité Interinstitucional de Energía de Baja California, con el objetivo ilícito de establecer bases de participación y definir el procedimiento de contratación para la Planta de Energía Solar Fotovoltaica.
Bonilla siguió con el proceso, dio luz verde a los integrantes del Comité Interinstitucional de Energía del Estado de Baja California (CIE) que aprobaron las bases para la licitación, las 18 empresas interesadas las compraron, en septiembre de 2020 se realizaron dos juntas de aclaraciones con los interesados, hubo otra fecha para recibir las propuestas técnicas y económicas, y el 9 de octubre del mismo año se aprobó a la ganadora.
Actualmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga, como parte de la participación activa del ex mandatario, un documento en el que la Secretaría de Hacienda le indica que la planta no tenía factibilidad financiera, y el ex mandatario sugirió una reconsideración que le fue aceptada.
Los abogados de Next Energy consideran que las acciones de Jaime Bonilla los sometieron al descrédito social, luego que a la llegada de su sucesora en el Poder Ejecutivo, Marina del Pilar Ávila, el nuevo Gobierno del Estado haya difundido la versión de que la empresa había celebrado un contrato “a todas luces ventajoso”.
Para contrarrestar esta versión, manifestaron que comparecieron por escrito ante la FGE “con la finalidad de aportar todos los datos de prueba a fin de acreditar el actuar lícito y responsable de la empresa”. Y por ser “socialmente responsables”, acordaron con el Estado realizar un convenio para la terminación y extinción por mutuo acuerdo del contrato plurianual. Y con la denuncia contra el mandatario, además de recuperar los daños económicos sufridos, buscan reivindicarse socialmente, presentarse como concursantes de buena fe.
Será cuestión de ver hasta dónde es capaz de llegar la empresa para recuperarse del daño patrimonial y moral que, argumentan, el gobierno anterior les infringió. Y cuál de las denuncias en contra del Jaime Bonilla prospera más rápido, porque a Next Energy le tocará hacer fila.
Van detrás de la Red Ciudadana para el Aprovechamiento del Agua y las Energías Renovables que, en octubre de 2021, denunció ante Fiscalía General de la República (FGR) a los ex funcionarios, integrantes del CIE: Rodolfo Castro Valdez, Salomón Faz Apodaca, Karen Postlethwaite Montijo, Marco Octavio Hilton Reyes y Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, “por abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias”.
Y después, del gobierno de Marina del Pilar Ávila, quienes la primera semana de marzo de 2022 denunciaron a integrantes del Comité de Energía (creado por el ex gobernador con un objetivo contrario a las leyes) por un quebranto al erario estimado en 12 mil millones, por los delitos de peculado, abuso de autoridad, uso ilícito de facultades, entre otros.
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