Mencionaba que pilares del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal son el pago de participaciones a estados y municipios, acordadas a través del Convenio de Adhesión, que se firmó en los años ochenta, el cual se fue consolidando con el tiempo, con algunas reformas planteadas por los propios estados y el consenso de las autoridades hacendarias.
Reformas como las de 1990 impulsadas en procesos de consenso mayoritario, que redujo los diferenciales per cápita, que llegaban de 9 a 1, en los estados en los extremos a una mejora de 3 a 1, cuidando a los estados que vieron reducidos sus coeficientes, con lo que mencionaba de reservas de contingencia y compensación, que sumadas eran el uno por ciento de la RFP.
Con esa reforma la mayor parte de los estados fueron beneficiados, principalmente los que recibían menos participaciones per cápita, pero lo relevante fue que se redujeron los índices de desigualdad per cápita y se introdujeron mecanismos de incentivos al esfuerzo recaudatorio local, destacando la dinámica del impuesto predial y los derechos de agua.
Posteriormente se amplían las potestades tributarias de los estados, como los derechos e bebidas alcohólicas y el de anuncios en 1995. Adicionalmente el impuesto al hospedaje hoy en un promedio del tres por ciento.
Por otro lado, desde el año 2000 el Banco Mundial recomendó distribuir las participaciones en función de la población domiciliada, pero no se aplicó, hasta que el FMI propuso lo mismo seis años después. En 2007 se cambia la fórmula nuevamente, pero sólo la parte incremental, dejando como base el status de 2007, y un copete que tomaba los incrementos recaudatorios, con lo que el copete tendría que crecer en el tiempo hasta sustituir la base de 2007. Esa fórmula hablaba de utilizar el coeficiente poblacional, el PIB estatal y la dinámica recaudatoria de los ingresos propios de los estados, sin embargo, en la Ley de Coordinación Fiscal se establecía que se multiplicaría el promedio de tres años, con el coeficiente poblacional.
En un trabajo de Emilio Barriga, se demostraba una correlación casi perfecta entre el coeficiente poblacional, con el de las participaciones, lo que afectó fundamentalmente a dos entidades, la CDMX y Tabasco, cuya pérdida ha sido fundamental, pero por un lado la dinámica recaudatoria de los ingresos propios de la Ciudad ha llegado en momentos al 50 por ciento de sus participaciones, lo que le da un alivio, frente a las demás entidades que no recaudan en el mismo nivel.
Cuando la reforma de 1990, que era el Departamento del DF, pasó de un coeficiente de 21 al 12, porque era una dependencia federal y se entendía que le compensaba el Gobierno Federal, pero en el Gobierno de Zedillo dejaron de hacerlo.
Cuando llega el Ingeniero Cárdenas, recibe una deuda de 17 mil millones de pesos, equivalente a la pérdida por el cambio de fórmula de 1990. El Gobierno de la Ciudad cuando estaba Marcelo Ebrard interpuso una controversia constitucional, pero la desecharon en la Corte, no por fondo, por forma.
Los cambios deben de ser graduales, pero si es importante, que se revise lo anterior para frenar ese desliz.
Cuando termine la transición, pe Oaxaca pasará del 2.2 al 3.6 –su coeficiente poblacional-, cuando la CDMX estará un poco abajo del 9 por ciento.
Los migrantes no han cambiado su domicilio fiscal, aunque trabajen en los estados del Norte o en el país vecino, por otra parte, la CDMX tiene una gran población domiciliada en estados vecinos, pero que para fines fiscales no cuentan para ella.
Es un tema insisto que se tiene que abordar: recaudar lo que les mandata la Ley y gastar con transparencia social, orden, en lo social, atendiendo el combate a la pobreza.
