Violencia intrafamiliar, extorsiones y robo de recursos naturales son los delitos de los que son víctimas las comunidad indígenas en Baja California que no pueden llevar un adecuado proceso al no poder hablar español.
La Fiscalía General del Estado inició el proceso para contratar a cinco intérpretes de lenguas indígenas en Baja California para darle atención a comunidades originarias que radican en diferentes partes del Estado. La FGE firmó un convenio de colaboración para atender con personal propio a intérpretes que ayuden a las víctimas de delito a recibir orientación, para ser atendidas y hagan denuncias.
Se calcula que en Baja California se hablan 62 lenguas y solo 52 son las que más se atienden como el mixteco alto, mixteco bajo, náhuatl, riqui, zapoteco, tzotzil y purépecha, debido a que hay voluntarios que pueden ayudar a su comunidad. La idea es que la FGE contrate a los intérpretes y tengan un sueldo de hasta 20 mil pesos mensuales para agilizar las denuncias y procesos de sus comunidades, de acuerdo a lo firmado entre la Fiscalía General y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
“No es responsabilidad solo de uno, por eso estos fiscales, regidores estamos trabajando para nuestros pueblos y poder representarnos a nosotros mismos y que si bien o mal se ha estado trabajando y logrando que hoy tenemos para nuestros pueblos indígenas asentados en diferentes partes de Baja California”, comentó Elías Espinoza Álvarez, titular de la oficina de representación del INPI en Baja California
“Nosotros vivimos doble discriminación, por ser mujeres y ser mujeres indígenas. Con este convenio vamos a trabajar para lograr ambientes libres de violencia. En estos ocho años de trabajo hemos escuchado casos de violencia contra mujeres de diferentes comunidades. Lo que queremos es justicia y por eso hemos tocado puertas y hemos participado en foros y tejiendo alianzas”, dijo Silvia Ramírez Cuevas, coordinadora de la casa de la mujer indígena en Tijuana.
La Fiscalía reconoce que hay una cifra negra en la cantidad de casos que no llegan al Ministerio Público por el obstáculo del lenguaje. De acuerdo al INPI, es la violencia intrafamiliar, problemas laborales y el robo de ganado o de recursos naturales, son los problemas legales más comunes en los que se involucran las comunidades indígenas de Baja California.
“Los intérpretes agilicen y ayuden en la asesoría, acompañamiento y denuncia al solicitar el apoyo del gobierno con esta institución. Con esto agilizamos, pero ayudamos a crear en enlace con los denunciantes de habla indígena. Se funge como intérprete de 52 lenguas como variantes de mixteco, náhuatl, triqui”, comentó Ricardo Iván Carpio, fiscal general del Estado.
El convenio de colaboración se firmó este 14 de junio de 2022 y no hay fecha para seleccionar y contratar a los intérpretes que se integrarán a las filas de la Fiscalía General del Estado para intervenir y agilizar los procesos de conflictos con la traducción simultánea y legal.
