La intención fue visibilizar la urgencia de una menstruación digna, se anunció una iniciativa cuyo objetivo es que el marco legal de Baja California establezca mecanismos para proteger a las mujeres y que se garantice el acceso a los productos de gestión menstrual en espacios públicos como escuelas.
Desde permisos de trabajo y en escuelas, hasta garantizar gratuidad en sectores públicos de los productos de gestión menstrual, son parte del proyecto que plantea la iniciativa presentada por varios colectivos con orientación feminista, los cuales fueron materializados por las diputadas Michel Sánchez Allende y Evelyn Sánchez Sánchez; y el diputado Ramón Vázquez Valadez.
La tarde de este 9 de junio, la legisladora morenista dio a conocer el objetivo de la iniciativa y como un acto de visibilización, exhibió una especie de toalla sanitaria gigante en la Plaza de los 3 Poderes, en el Centro Cívico de Mexicali.
En el proyecto presentado ante el Congreso del Estado, se establece que el objetivo es visibilizar que dicha problemática representa un problema de género, toda vez que las mujeres se ven obligadas a erogar cantidades considerables de recursos en aras de atender una condición exclusiva de ellas.
Aseguró en entrevista que el 6.8 por ciento -es decir, 246 mil personas- de la población de Baja California, no cumple con sus necesidades básicas mínimas para cubrir con la atención de esta característica y refirió que el gasto en el hogar de una mujer ronda entre los 700 y los mil 080 pesos al mes.
“Las recomendaciones de gestión menstrual, consideran el cambio del tampón o toallas desechables cada cuatro horas durante el ciclo menstrual, esto se debe de realizar alrededor de cada 28 días, por un estimado de 5 días de duración de la regla, esto representa al año un consumo promedio de al menos 360 toallas al año y 14,400 unidades de toallas desechables por 40 años del ciclos menstruales, con un total de egresos en productos de gestión menstrual que ronda entre los $720.00 a $1,080.00 solo por toallas menstruales, lo que al año supone $28,800.00 pesos y hasta $43,200.00 pesos anuales”, refiere la ficha técnica de la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado.
La intención del proyecto es garantizar el acceso de todas las mujeres a productos de gestión menstrual en los espacios públicos, pero además sitios ideales para llevar a cabo la modificación de toallas o tampones; y permisos de trabajo y escuelas donde se reconozca que se puede contar con patologías que agraven los dolores o afectaciones en el cuerpo.
